El coronel Percy Tenorio Gamonal dirigió la represión policial en la avenida Nicolás de Piérola en noviembre de 2020
El nuevo jefe de seguridad del Congreso de la República es el coronel Percy Tenorio Gamonal, uno de los altos mandos que comandó la violenta represión de noviembre de 2020 contra el régimen del ‘acciopopulista’ Manuel Merino de Lama.
El investigado por la Fiscalía por el presunto delito de asesinato con alevosía en agravio de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron por el impacto de perdigones de plomo -según pericias fiscales-, es desde el 1 de septiembre el responsable de la seguridad de los 130 congresistas y cinco parlamentario andinos.
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Según reveló el portal Sudaca, pese a que la designación del jefe de seguridad del Congreso depende del comando policial, este debe ser aprobado por la titular del Legislativo, es decir por la ‘acciopopulista’ María del Carmen Alva. Así lo confirmó el ex segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel (Acción Popular).
El jefe de seguridad del Congreso es nombrado con la venia de la titular del Legislativo, María del Carmen Alva.
“La presidencia de la Mesa Directiva puede decir que no está a gusto y se hace el cambio. El encargado de la seguridad del Congreso queda a disposición de si acepta o no la presidencia del Congreso. Depende de la presidencia”, manifestó al citado portal periodístico. Ni Alva ni el vocero de su equipo de prensa respondieron.
“Ordenó represión”
De acuerdo a los reportes policiales y fiscales, el coronel Percy Tenorio se desempeñó como jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y, durante las protestas de noviembre de 2020, lideró un contingente de “140 agentes desplegados en la avenida Nicolás de Piérola y sus intersecciones”.
Luego de 10 meses de investigaciones, el 30 de septiembre la fiscal provincial Jhousy Aburto Garavito formalizó la denuncia contra el citado coronel y otros oficiales por “asesinato con alevosía” en agravio de Inti y Bryan. Según el documento, Tenorio era “el responsable del aspecto táctico y operativo de la operación policial”.
Según informe de la ONU, las fuerzas de seguridad hicieron un “uso innecesario y excesivo de la fuerza” contra los manifestantes, incluyendo periodistas.
Además, ordenó “a sus subordinados agentes policiales hacer uso de la fuerza de manera desproporcional, indiscriminada e ilegal, empleando armas potencialmente letales (perdigones de goma, bombas lacrimógenas y otros) y municiones prohibidas (perdigones de plomo), disparando directamente el cuerpo de los manifestantes”.
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Lugar de asesinatos
Las pesquisas, el sábado 14 de noviembre el entonces subcomandante general de la Policía, Jorge Lam Almonte, ordenó a los altos mandos “neutralizar cualquier acto de protesta”. Así, Tenorio ordenó al capitán Mario García Chávez “acelerar el paso” en la avenida Nicolás de Piérola, y García a su vez, “habría dispuesto que comenzaran a disparar con las armas potencialmente letales”.
Precisamente, Bryan Pintado murió en el cruce de las avenidas Piérola con Abancay producto de una ráfaga de perdigones de plomo: cuatro en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho. Por su parte, en el cruce de jirón Lampa con Nicolás de Piérola, Inti Sotelo recibió “un perdigón de plomo a la altura del tórax”, ocasionando su muerte.
La Fiscalía documentó la participación del coronel Percy Tenorio en la represión de noviembre de 2020.
“Eran delincuentes”
En declaración ante el Ministerio Público, Tenorio rechazó ser responsable del uso de armas durante la represión de noviembre. Asimismo, afirmó que la Policía actuó “dentro del marco de la ley” y que “los cargos por los que se me acusa no se ajustan a la realidad de los hechos”.
Esto dijo el 5 de agosto de 2021: “Debemos diferenciar entre manifestantes y delincuentes. Los primeros son con quienes coordiné cuando empezó la marcha. Los últimos, que ahora refieren haber sido agredidos por la PNP con canicas de vidrio y perdigones, son delincuentes”.
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Además, narró a la Fiscalía que se enteró de las muertes de los dos protestantes cuando se encontraba en el cruce de los jirones Ocoña y Camaná, cerca al lugar de los asesinatos. Tanto el registro periodístico, las pericias fiscales como informes internacionales documentaron una desproporcionada represión policial.
El coronel de la PNP también es investigado por presuntamente pertenecer a una supuesta red de corrupción policial y estar “detrás de tres empresas que ganaron licitaciones” para abastecer a la policía de mascarillas, alcohol y guantes debido a la pandemia de COVID-19. Tenorio se habría beneficiado con más de S/. 13 millones.
