Asociación civil acusa al jefe de Estado de haber destinado recursos para el año fiscal 2021 sin la aprobación del Congreso
La Asociación Integridad presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo; la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez; el ministro de Economía, Pedro Francke, y el exjefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, por presuntamente haber destinado partidas presupuestales a diversos sectores sin la aprobación del Congreso de la República.
La denuncia, dirigida al presidente de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, señala que los funcionarios infringieron los artículos 77, 80 y 118 -incisos 8 y 9- de la Constitución “por haber emitido los decretos de urgencia 86-2021, 100-2021 y 105-2021, los cuales disponen que se destinen recursos adicionales para el año fiscal 2021”.
Lea también: Partido Morado propone acusar a un presidente por organización criminal y corrupción.
Esto, con el objetivo de “establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, a través de la disposición oportuna de recursos que impulsen la ejecución de un mayor gasto público en inversiones y otros gastos, a fin de contribuir a la reactivación de la economía nacional”.
La asociación es representada por el abogado Jorge Eduardo Lazarte Molina.
Según comentó Jorge Lazarte, miembro voluntario de la citada asociación, a RPP, los cuatro servidores públicos desviaron fondos no presupuestados por S/. 5 mil 800 millones para “fines populistas”, con la finalidad de otorgar bonos y de financiar obras de gobiernos locales y regionales “que no son de interés nacional”.
“Estas transferencias han sido criticadas como medidas muy graves y perjudiciales para el uso de recursos públicos, que finalmente son de todos los peruanos”, indicó sobre la denuncia presentada ante el grupo de trabajo presidido por Rosio Torres (Alianza para el Progreso) e integrada por Martha Moyano (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).
Lazarte recordó que la Ley de Presupuesto se aprueba una vez al año y que, una vez aprobada, “los ministros no pueden cambiar la ley unilateralmente cuando les parece”. “Cualquier crédito suplementario o transferencias de partidas que quieran realizar tienen que someterse al Congreso como si se aprobara una nueva Ley de Presupuesto”, sostuvo.
