El autodenominado defensor a ultranza de la vida indica que medida vulnera derecho a la libertad de conciencia y el derecho al trabajo
El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, envió un oficio a la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, solicitando mayor información sobre la obligatoriedad de presentar el carné de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a espacios públicos cerrados.
La medida que regirá desde el 15 de diciembre dispone, entre otras restricciones, que los mayores de 18 años acrediten haber recibido las dosis completas de la citada vacuna para retornar al trabajo presencial. De esa forma, el Ejecutivo promover la inmunización en los ciudadanos.
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“He oficiado a la premier, advirtiéndole de la inconstitucionalidad que estaría incurriendo eldecreto supremo 168-2021-PCM”, escribió el parlamentario autodenominado “defensor a ultranza de la vida”. Según detalló Muñante, la misma vulneraría el derecho a la libertad de conciencia, de religión, entre otros.
Afecta derechos
El legislador indicó que las medidas restrictivas adolecerían de “serios vicios de inconstitucionalidad” puesto que, en primer lugar, no existiría ningún marco legal que las ampare. Esto debido a que el Estado de Emergencia fue prorrogado por Decreto Supremo N° 167-2021 hasta el 30 de noviembre y las medidas entrarían en vigencia el 15 de diciembre.
“En segundo lugar, se estarían restringiendo arbitrariamente otros derechos constitucionales […] como son la libertad de conciencia y religión, el libre desarrollo y bienestar, derecho al trabajo, a la libertad de empresa y contratación, y, transversalmente, el derecho a la igualdad y no discriminación”, añade.
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Por tanto, asegura, el Estado peruano estaría sustrayéndose de su función de salvaguardar la plena vigencia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, “abandonando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en las medidas adoptadas, existiendo otras vías menos gravosas”.
Buscar opciones
En ese orden de ideas, el integrante del partido conservador liderado por Rafael López Alianza mencionó como una opción para impulsar la vacunación la distribución de bonos. “[Sobre todo] considerando que los jóvenes, quienes vendrían a ser los más afectados, son el grupo etario que ha presentado una mínima tasa de mortalidad”, sostiene.
“Con esto, no quiero desmerecer el plan de vacunación llevada a cabo por este gobierno, ni cuestionar la efectividad de las vacunas, pero es vital que, en el objetivo trazado de lograr la inmunización completa de la población, no se vulneren derechos constitucionales, se cumplan las leyes y se elimine toda coacción a los grupos humanos menos vulnerables”, expresa.
Por último, Alejandro Muñante recuerda que existe una norma vigente como la Ley N° 31091, que garantiza el acceso libre y voluntario a la población en general al tratamiento preventivo y curativo el COVID-19. “Por estas consideraciones, solicito a usted [Mirtha Vásquez] pueda remitir en tiempo oportuno, el debido informe sobre los asuntos expuestos”, concluye.