Especialista en seguridad ciudadana analiza la resolución publicada este martes por el Gobierno de Pedro Castillo
A través de la Resolución Suprema N° 191-2020, el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales”. La medida regirá en Lima y Callao por el término de 30 días calendario.
Según la resolución publicada el 2 de noviembre en el diario oficial El Peruano, que lleva la firma del presidente Pedro Castillo, el ministro de Defensa, Walter Ayala y el extitular del Interior, Luis Barranzuela, la actuación de las Fuerzas Armadas fue a solicitud de la Policía y constituye una tarea de apoyo a la misión de esta y “no releva la activa participación” de la PNP.
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“En lo que va del año advierte un incremento significativo del índice delictivo en dichas zonas, en la que operan organizaciones delictivas dedicadas, entre otros, al tráfico ilícito de drogas […] y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la Policía”, argumenta.
Según indica, la intervención de las FF. AA. no implica “en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internaciones sobre Derechos Humanos”. Por el contrario, “está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales”.
¿Es eficaz esta medida?
En diálogo con Pica News, César Ortiz Anderson, consultor en temas de seguridad ciudadana con 42 años de experiencia, calificó la medida como un “absurdo” debido a que no es función de las fuerzas armadas el capturar a delincuentes, sino combatir a un enemigo externo en defensa del territorio nacional. “El soldado tiene un perfil profesional completamente distinto al de la policía”, indicó.
“Los soldados están preparados para la guerra y no para atrapar delincuentes. [El policía y el militar] tienen preparaciones distintas. Las FF.AA. cuando intervienen no combaten delito urbano, no tienen entrenamiento ni capacitación para ello, ellos tienen un entretenimiento distinto: para la guerra”, explicó el también presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec).
El especialista equiparó este medida con la propuesta de pena de muerte: inviables y engañosas.
En esa línea, precisó que las fuerzas armadas tampoco tienen el armamento adecuado para enfrentar a la delincuencia, pues los hombres de combate cargan tienen fusiles FAL, “que abarcan 800 metros”, y que podrían vulnerar derechos humanos. “En el hipotético caso que un soldado dispare un FAL, podría matar al delincuente y a seis ciudadanos, la bala les atravesaría el cuerpo como una jamonada”, aseveró.
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Ortiz Anderson recordó que el resguardo del orden público, conjunto de condiciones fundamentales para la vida social, es trabajo de la policía. “El policía para lograr un objetivo de captura está dispuesto a entregar su propia arma porque él tiene entrenamiento -luego puede recuperar su arma y capturar al delincuente-. Un militar en la vida va a entregar su arma porque es un acto de cobardía”, manifestó.
Por ello, consideró negativo engañar a la población expectante de una mejora en su seguridad. “No agarremos el facilismo y el engaño ante una situación extremadamente complicada como la inseguridad ciudadana”, sentenció el especialista, quien opinó que la resolución tiene un carácter 100% político para encubrir que elahora exministro del Interior Barranzuela organizó una reunión social el 31 de octubre pese a las restricciones de su propia cartera.
Ortiz Anderson indicó que este Gobierno es esquivo a trabajar el tema de la seguridad ciudadana.
Planificación integral
Ortiz Anderson apuntó que para combatir la inseguridad ciudadana se necesita, además de recursos y medios a la Policía, un liderazgo firme en el más alto nivel de Gobierno, es decir en el presidente de la República, acompañado de una planificación integral que trabaje, en paralelo, en los efectos y causas. “Acá ponemos parches a los efectos, no trabajamos las causas y por eso las cifras en los últimos Gobiernos ha ido creciendo”, enfatizó.
“Hay que planificar qué estrategias puedes aplicar gradualmente. La seguridad ciudadana no depende solo de la policía, la justicia también tiene que ver”, aseguró. En esa línea, enfatizó en la necesidad que los jueces sean estrictos, no liberen a los delincuentes y otorguen las condenas correspondientes, así como que, desde el Congreso, se elabore una mejor legislación para proteger a la policía.
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“Recomiendo al Congreso que revise la ley 28222 [del 2004] y la reglamente, y queden establecidas las obligaciones en caso de emergencia de las instituciones, las FF.AA. y la Policía”, agregó. También observó necesaria una ley del ‘serenazgo’, quienes no tiene armas no letales y no pueden neutralizar delincuentes ni a la ciudadanos que no respetan el orden y las leyes. “Más de 30 años con ‘serenazgo’ y no tiene marco legal”, lamentó.
Una problemática de la inseguridad incluyen las extorsiones a civiles desde los penales.
Por otro lado, elaborar una gran campaña para concientizar a los ciudadanos sobre que también son parte de la solución e incentivar una cultura de seguridad preventiva: cuadra segura o edificio seguro. Y, sobre todo, eliminar la corrupción en todas las instituciones: policía, Ministerio Público y Poder Judicial, pues, mientras esta siga presente “nada va a caminar en seguridad”.
¿En qué casos sí pueden apoyar las FF.AA.? Ortiz Anderson sostiene que en el resguardo de las instituciones públicas y privadas estratégicas para que haya más presencia policial en la calle: “prevención y disuasión”. “Apoyar en temas de comunicaciones en forma conjunta y coordinada, o hacer patrullajes aéreos con sus helicópteros. Se podría hacer, solo es cuestión de trabajar de forma articulada”, concluye.
