Contraloría: 10 funcionarios responsables por venta irregular en proyecto Virú Mar

Según determinó el Megaoperativo de Control en esa región, los involucrados afectaron el principio de competencia

La Contraloría General de la República determinó que la inconducta de 10 funcionarios del Gobierno Regional (Gore) de La Libertad permitió que se transfieran, de forma irregular, 415,77 hectáreas de uso agrícola y de propiedad estatal a un tercero en el proyecto de inversión privada Virú Mar. El hallazgo es resultado de una Auditoría de Cumplimiento desarrollada durante el Megaoperativo de Control en esa región.

Según se descubrió durante el periodo de evaluación del 1 de noviembre de 2017 hasta el 21 de mayo de 2021, el Comité de Inversiones del Gobierno Regional de La Libertad no verificó la modificación de sus consorciados de parte del inversionista, ni tampoco la no presentación de las cartas fianzas, elementos esenciales para la firma de los contratos de desarrollo inmobiliario y compraventa para el proyecto Virú Mar.

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¿Qué ocurrió?
El 16 de diciembre de 2008, el Consejo Regional de La Libertad aprobó la declaratoria de interés regional del proyecto de inversión de iniciativa privada denominada Proyecto Virú Mar, presentada por el consorcio Virú Mar, integrado inicialmente por las empresas IKKA S.A.C, ECO S.A. y Santa Isabela S.A.C. Un mes después, el 20 de enero, ratificó el proyecto.

Nueve años después, el 31 de agosto de 2017, el Consejo aprobó la adjudicación directa del proyecto al consorcio Virú Mar, e inició la etapa de negociación de los elementos esenciales del contrato de compra venta, a cargo del Comité de Inversiones del Gore La Libertad. De acuerdo al Decreto Legislativo 1012, este incluía presentar cartas fianzas e información legal de la conformación del consorcio.

Sin embargo, el consorcio Virú Mar no presentó las cartas fianzas y, además, comunicó al Comité de Inversiones la modificación de sus consorciados argumentando que los proponentes iniciales estaban en proceso de reorganización societaria. Así, las empresas que conformaban el nuevo consorcio eran IKKA S.AC, Corporación Valle Alto S.A.C. y Steelmark S.A.

El hecho, que significaba el cambio de titularidad de inversionista e ir en contra de la normativa aplicable y el acuerdo inicial con el que se adjudicó la iniciativa privada, fue ignorado por los funcionarios del Gobierno Regional, quienes tramitaron dichos documentos y permitieron que el 27 de marzo de 2018 se suscribiera el contrato de compra venta.

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De esa forma, transfirieron 415,77 hectáreas de terreno para uso agrícola de propiedad estatal, valorizado en S/. 1,663,080, a un tercero. “Eso afectó el principio de competencia, toda vez que el consorcio no cumplía con lo establecido en la iniciativa privada, adjudicación directa y normativa aplicable”, señala la Contraloría.

¿Quiénes están involucrados?

De acuerdo informe de Auditoría de Cumplimiento N° 020-2021, están involucrados 10 funcionarios y exfuncionarios. Entre los que destacan el primer miembro y presidente del Comité de Promoción de la Inversión Privada del periodo 2015-2018, y el segundo miembro que desempeñó ese cargo entre setiembre de 2017 y abril de 2018.

El órgano de control recomienda a la Procuraduría de la Contraloría General de la República iniciar las acciones legales contra esos implicados. Asimismo, se halló responsable a la ex gerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del primer trimestre de 2018, y a la exgerente de Asesoría Jurídica que ocupó dicho cargo del 2015 al 2018.

Por último, la Contraloría ha notificado sobre este informe al titular del Gobierno Regional de La Libertad, Manuel Felipe Llempén Coronel, para que “inicie los procedimientos administrativos contra 10 funcionarios, a fin de deslindar responsabilidad en estos hechos”.