Pica News conversó con el presidente de la Comunidad Campesina de Aquia, quien denunció uso ilícito de sus terrenos, contaminación y amedrentamientos
Desde hace tres días, los integrantes de la comunidad campesina de Aquia, en la provincia de Bolognesi, en el departamento de Ancash, declararon un paro indefinido en contra de la compañía minera Antamina como consecuencia de reiterados “incumplimientos de los acuerdos pactados” en las mesas de diálogo con la citada empresa.
Las acciones de protestas, que incluyen el bloqueo de carreteras, denuncian el uso ilícito de terrenos de la comuna y la contaminación de tierras. “Han colocado un mineroducto por dentro de un centro poblado y, durante la construcción de la carretera, han utilizado espacios adicionales a los que se les había consignado”, comentó Adán Gamarra, presidente de la Comunidad Campesina de Aquia.
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Según informó a Pica News, la compañía alega que la comunidad les donó cinco terrenos, algo que la propia Asamblea de Aquia desconoce completamente, ya que no ha podido demostrar dónde están los planos ni las actas de lo vendido, considerando sobre todo que los terrenos de las comunidades campesinas “merecen especial atención”.
Antamina también habría utilizado canteras de la comunidad que han sepultado terrenos de cultivos fértiles, desaparecido caminos ancestrales, ojos de agua, bofedales, bosques nativos, entre otros. Asimismo, afirman los comuneros, dejan residuos sólidos cuando la empresa desarrolla movilizaciones masivas de abastecimiento de la mina ubicada en Ancash.
“Luego de 20 años, ni siquiera tenemos un marco-convenio con ellos y existe incumplimiento de los estudios de impacto ambiental”, advierte Gamarra. Por todo ello, después de diversas mesas de diálogo y cansados del “doble discurso” de la compañía, desde enero decidieron romper las rutas de diálogo con la empresa.
¿Qué acuerdos habría incumplido Antamina? “No sincerar documentos” sobre el uso de terrenos y ‘ningunearlos’, resumen. “Siguen pensando que no conocemos nuestros derechos. Nosotros estamos demandando recuperar nuestra dignidad como comunidad, no les estamos pidiendo dinero, queremos que de ‘tú a tú’ nos respeten y sinceren todo el uso de nuestros terrenos”, señala Gamarra.
Documentos ‘falseados’
Según informaron, sus reclamos han sido comunicados a las distintas autoridades, incluyendo al propio presidente de la República, Pedro Castillo; la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Eduardo González; la Defensoría del Pueblo y la Subprefectura regional.
En efecto, el 7 de octubre enviaron una carta dirigida a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, afirmando que la empresa les “mintió” utilizando documentos sobre la gestión ambiental de mantenimiento de la carretera Conococha-Antamina, donde tienen evidencia de contaminación.
“El 13 de julio tenían que presentar los instrumentos de gestión ambiental. Dijimos ‘saquen los documentos de cómo deben controlar y mitigar [los daños], y los reportes técnicos de eso’. Pero nos mostraron un documento que no tiene visación de las jefaturas que ellos manejan, no es sustancial para el nivel de intervención que están haciendo”, relata Gamarra.
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Para la comunidad, el hecho “evidenció” que la compañía minera Antamina les “quería ver la cara” y consolidó el “friccionamiento de varias reuniones”. “No ha sido de la noche a la mañana [la ruptura] y ellos lo saben”, aseguró el representante de los comuneros.
Así también, en la misma misiva expresaron que en una reunión del 6 de octubre con representantesde la PCM, el Minem, la Defensoría y la Subprefectura percibieron una “posición parcializada” con la minera y “poco profesionalismo” de su parte. Por ello, invitaron a Vásquez a acercarse personalmente a Aquia y atender sus demandas.
“Fuera Antamina”
El martes 26 de octubre, los dirigentes de la comunidad sostuvieron un contacto sin mayor éxito con el congresista representante de Ancash Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) y con algunos representantes del Minem. Sin embargo, sus demandas son claras: dialogar con el presidente del directorio de la Compañía Minera Antamina, Víctor Govitch, a quien ya le han notificado la situación hasta cuatro veces.
“No vamos a conversar ya con representantes. Vamos a conversar con el señor Castillo, su premier, pero principalmente con el señor Govith, que venga a dar la cara ante nosotros”, asegura Adán Gamarra. La comunidad, de momento, pide el retiro pacífico de la empresa y que se busque otra ruta para el mineroducto pues, sostienen, Antamina no ha valorado las tierras durante 21 años.
“La posición es que se retiren, a menos que ellos tal vez propongan otra solución. De manera pacífica, hemos esperado este año para que nos tomen en cuenta en las modificaciones del estudio de impacto ambiental que están desarollando, pero no es sustancial y siguen creyendo que no conocemos nuestros derechos. Ellos al ser nuestros inquilinos tienen que respetarnos”, aclara.
Por otro lado, los miembros de la comunidad denuncian que, desde que empezaron a pedir una opinión más técnica sobre la gestión ambiental y el uso de las tierras, empezaron a ser “hostigados” y “denunciados” por la compañía minera. “Nos denunciaron bajo la modalidad de prevención del delito, con suposiciones y acusaciones falsas. Nosotros estamos tratando de frenar la ira del pueblo, pero ellos piensan que somos agitadores”, lamentó.
“Queremos que dejen de hostigar, los dirigentes no tenemos nada personal contra Antamina, ni el Estado. Antamina sigue manifestando y actuando en doble discurso, le pedimos que sea sincera por única vez. No puede seguir hablando de diálogo cuando sigue denunciandonos”, concluye Gamarra.
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Niegan todo
Por su parte, a través de un comunicado firmado por la Oficina de Comunicaciones, la minera manifestó que la movilización es “impulsada por dirigentes de esa comunidad” y que “no existen compromisos pendientes por parte de Antamina”.
“Tenemos una propuesta de diálogo por el desarrollo del territorio que se ha venido trasmitiendo directamente y a través de las instancias del diálogo del Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo”, detallaron.
Asimismo, negaron que existe afectación ambiental alguna en la zona y “menos aún determinada situación relacionada con una supuesta usurpación de terrenos”. “Son situaciones que no se ajustan a la realidad”, expresaron.
La Compañía Minera Antamina destacó “la relación positiva” que mantiene con Aquia y las diversas obras ejecutadas producto del diálogo: el canal de riego Ocupampa-Mutgo, los puestos de salud de Pachapaqui, Aquia y Racrachaca, la construcción del centro cívico de Racrachaca, entre otros.
Por ello, aseveró que mantiene una disposición para retomar el diálogo, “escuchar cualquier inquietud o duda que pudiese existir y, sobre todo, seguir trabajando en aquellas iniciativas y proyectos por el desarrollo de Aquia”. En esa línea, invocó a las autoridades regionales y nacionales a ayudarlos a concretar ese objetivo.
Pica News intentó tomar contacto con la compañía a través de sus canales oficiales para conocer el detalle de las denuncias de la comunidad de Aquia; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no respondieron.
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