La resolución aclaró que no es su competencia revalorar las pruebas de la condena que sentenció a Humala Tasso por el ‘Andahuaylazo’
El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus que buscaba la libertad del reo Antauro Humala Tasso, condenado a 19 años de prisión por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio simple en el levantamiento armado conocido como ‘Andahuaylazo’.
El recurso fue presentado contra la resolución del 30 de noviembre de 2020 de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que declaró improcedente ‘in limine’ la demanda de ‘habeas corpus’ a favor de Humala Tasso.
Este nuevo recurso fue interpuesto por Enrique Bernal Solano, presidente de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú (Conan Perú) alegando que el reo “no ha cometido los delitos por los que fue condenado, sino que hizo uso de su derecho a la insurgencia” durante el Andahuaylazo.
La resolución lleva los votos de los magistrados Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinoza Saldaña.
“Pese a ello, el favorecido sigue recluido en un establecimiento penitenciario lo que pone en alto riesgo su vida por la enfermedad de la COVID-19”, señaló el demandante. En tanto, el Tribunal consideró que la demanda pretende cuestionar los hechos imputados para la condena, lo que “es competencia de la jurisprudencia ordinaria” y no constitucional.
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“Este Tribunal ha señalado de manera constante y reiterada que la subsunción de los hechos, la valoración de las pruebas y su suficiencia en el proceso penal, así como la determinación de la responsabilidad penal son competencias asignadas a la judicatura ordinaria”, detalla la resolución.
El texto, que lleva los votos de la presidenta del TC, Marianella Ledesma, y los magistrados Manuel Miranda y Eloy Espinosa Saldaña, añade que, según un informe médico del 2 de noviembre de 2020, Humala se encuentra “clínicamente estable COVID recuperado” y no se ha presentado “algún documento que acredite” que su estado de salud “haya variado”.
En 2005, el militar ‘etnocacerista’ tomó, junto con otros 150 reservistas, una comisaría en Andahuaylas, Apurímac, para exigir la renuncia del entonces presidente de la República Alejandro Toledo (2001-2006) y la restitución de la Constitución de 1979, lo que dejó un saldo de cuatro policías y dos rebeldes muertos.
Por ello, en 2009, fue sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado. Sin embargo, en setiembre de 2011, la Corte Suprema redujo la pena a 19 años de prisión debido a que varió el delito de homicidio calificado a simple,por lo que permanecerá preso hasta el 2 de enero de 2024.
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