El caso lo decidirá en última instancia el secretario de Estado, Antony Blinken. La justicia peruana pide 20 años y seis meses de prisión para el exjefe de Estado
El juez de California, Thomas Hixson, aprobó hoy la extradición del expresidente de la República Alejandro Toledo (2001-2006) al concluir que está “corroborada la evidencia presentada por el Estado peruano”, que lo acusa de haber recibido sobornos de hasta $35 millones de parte de la empresa Odebrecht a cambio de conceder la carretera Interoceánica Sur.
Ahora dependerá del secretario de Estado, Antony Blinken, ratificar o no el fallo y decidir si se extradita al exjefe de Estado por quien el Ministerio Público del Perú ha pedido 20 años y seis meses de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
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“El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”, indica la resolución del magistrado de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco.
Alejandro Toledo abandonó el país un 13 de enero de 2017 ante la inminente orden de prisión preventiva que se iba a dictar en su contra.
Odebrecht y Ecoteva
Luego de pasar ocho meses en una prisión norteamericana por un posible riesgo de fuga, Toledo Manrique cumplía una orden de arresto domiciliario. Y, desde el 26 de setiembre, el exlíder de Perú Posible estaba a la espera de la decisión del juez Hixon sobre el pedido de extradición de la justicia peruana.
En efecto, el juez californiano rechazó los argumentos del exmandatario sobre la responsabilidad del empresario Josef Maiman, a quien su defensa alegaba quedarse con las coimas entregadas por la constructora brasileña. “Las evidencias del gobierno establece que Maiman no generó ninguna ganancia del dinero recibido a nombre de Alejandro Toledo”, se lee en el documento.
En sus declaraciones, Maiman indicó que recibió cerca de $34 millones en coimas: $21 millones fueron para Alejandro Toledo y el resto fue entregado “a través de pagos a familiares y negocios vinculados” al expresidente. Según la Fiscalía peruana, Josef Maiman derivó el dinero a la offshore costarricense Ecoteva, que tenía como titular a la suegra del exjefe de Estado, Eva Fernenbug.
De acuerdo a la investigación fiscal en Perú, entre 2006 y 2010, Ecoteva recibió $17 millones 527 mil de dos cuentas previas: Ecotaste y Milan S.A. Y es desde Ecoteva que salió el dinero con el que Alejandro Toledo compró propiedades en 2013. Su esposa Eliane Karp también es investigada por este caso.
Evidencia suficiente
El magistrado Hixon consideró que a pesar de que existen contradicciones en los testimonios de los dos principales colaboradores eficaces Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, y Josef Maiman, empresario israelí, eso no influye en los cargos en contra del ex jefe de Estado.
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“Si se admitieran pruebas de la defensa que el tribunal considera inadmisibles, demostraría que hay disputas de hechos adicionales para el juicio. Sin embargo, estos problemas no anulan la causa probable para creer que Toledo cometió colusión y lavado de dinero”, se lee en el escrito.
“Por las razones explicadas arriba, conforme al 18 U.S.C 3184, la Corte certifica a la Secretaría de Estado que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos bajo el tratado (de extradición) de Estado Unidos con Perú”, confirma el documento.
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, manifestó su satisfacción por el fallo de la justicia norteamericana que “respalda la posición del Estado peruano” para que el expresidente sea juzgado en nuestro país. Aunque precisó que Alejandro Toledo podría interponer un hábeas corpus para retrasar su repatriación al Perú, sostuvo que se mantendrán atentos.
