Pica News conversó con dos especialistas en derecho electoral para conocer qué hay detrás de las polémicas propuestas planteadas por congresistas de diversas bancadas
La semana pasada, el Congreso de la República le dijo no a un dictamen elaborado por la Comisión de Constitución que buscaba la suspensión de las elecciones primarias y la cancelación de la inscripción de los partidos políticos que no participen en los comicios regionales y municipales de 2022. Empero, aprobó la ampliación por 30 días del plazo para que el Legislativo modifique las normas que regirán en esas elecciones.
Es decir, brindó un espacio para que las propuestas de inaplicación temporal algunos artículos de Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas puedan eventualmente admitirse. A través de una opinión consultiva hecha a la propia comisión, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano electoral, anunció que extender este plazo “afectaría la seguridad jurídica” del proceso.
Congreso aprobó el dictamen en minoría que incorpora la undécima disposición transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones, que permite que se sigan cambiando las reglas electorales.
Sin embargo, la Comisión, presidida por Patricia Juárez (Fuerza Popular), indicó el conjunto de normas busca “fomentar un proceso electoral seguro frente a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y el adecuado ejercicio del derecho a sufragio de la ciudadanía”. El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, calificó el hecho como una “contrarreforma”.
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Según sostuvo, argumentar un riesgo a la salud pública es “ir contra la abultada evidencia” de elecciones seguras en la región, considerando sobretodo que, para 2022, la mayoría de peruanos estaría vacunado y se cumpliría los protocolos sanitarios. “¿Qué buscan realmente algunas bancadas? En pocas palabras, deshacerse de las pocas reformas políticas que se aprobaron hace dos años”, escribió.
Entre los cambios, que pueden replantearse, figuran la obligatoriedad de los partidos a participar en un mínimo de 15 regiones, 98 provincias y 615 distritos del país para mantener la inscripción, y a los movimientos regionales en al menos los 2/3 de provincias y distritos de su región; ampliar el plazo para afiliación partidaria hasta el 5 de enero, y modificar la suspensión de partida registral de las organizaciones que no paguen multa.
¿Contrarreforma?
El especialista en temas electorales José Tello precisó que, aunque apoya la reforma política, considera que por ahora “lo más oportuno” es no aplicar ciertas normas como las elecciones primarias, debido a que tanto los partidos políticos como los movimientos regionales tuvieron “dos años de para” en el marco de la pandemia, lo que les generó problemas económicos y organizacionales.
“Los partidos no están en forma para llevar adelante elecciones primarias y ver otros aspectos de adecuación. […] Aunque estuvieron activos por las elecciones generales, la actividad fue disminuida y vamos a un proceso totalmente diferente. La labor de articulación de candidaturas para regidor o alcalde es distinta que para congresista”, indicó. En esa línea, discrepó con que se denomine a este intento una contrarreforma.
“La visión de los especialistas que están hablando de una contrarreforma es una visión muy gabinete y no de campo, de lo que realmente ocurre con los partidos y movimientos políticos”, dijo. El experto recordó que la “reforma política tiene que ser un proceso que ayude al fortalecimiento de la institucionalidad del país y no un juego de ‘matapartidos’ y movimientos”.
De esa forma, se permite una “cierta movilidad en la canalización de la voluntad popular”, añadió. Por su parte, José Naupari, especialista en derecho electoral, sostuvo que “en sentido estricto” el paquete de normas no fue aplicado aún, como, por ejemplo, la ley 30998, aprobada a fines de agosto de 2019 que no rigió en las últimas elecciones, por lo que “hablar de retroceso cuando la norma aún no se ha aplicado es relativo”.
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Eso sí, indicó que el que no hayan primarias abiertas no quiere decir que no hayan internas, como ocurrió este año y donde el JNE aprobó un cronograma y la ONPE organizó. “Van a seguir las internas para elegir candidatos para regidores y consejeros regionales”, dijo. Además, resaltó la complejidad y el mayor costo que involucra una elección regional y municipal, donde compiten partidos y movimiento, que una de alcance nacional, donde solo figuran partidos.
En tanto, Tello precisó que el argumento sobre que quitar las primarias evita que se democratice a los partidos, es un error porque “nada evita que en una primaria presenten una lista única”. “Como está la norma ahora, los partidos le sacan la vuelta y colocan una lista única. Y [luego] tienes a los peruanos yendo a votar de manera obligatoria, bajo sanción de multa, una lista única, gastando millones de soles que pueden ser mejor invertidos”, explicó.
José Tello observa que los únicos partidos que pueden armar listas para elecciones regionales a nivel nacional son APP, por su manejo corporativo, y Acción Popular, por su afiliación histórica.
Naupari coincidió en la crítica respecto a que si queremos combatir la designación a dedo, por ejemplo, “por qué no reclamamos que siga existiendo la figura de la designación directa”. Empero, cuestionó que el paquete de normas se haya planteado suspender las causales de cancelación, la modificación de los efectos de las sanciones y el plazo de hasta cuándo inscribirse para participar.
Peligro de cálculo político
“Más grave es que quieran suspender la causal de cancelación por no presentar listas de candidatos en un mínimo de porcentaje de circunscripciones”, alertó José Naupari. Según explica, gracias a la ley 31038 se permitieron afiliaciones con miras a las elecciones de 2021, “con lo cual sí debiera exigir presencia nacional de los partidos políticos y presencia en todas las circunscripciones de los movimientos regionales”.
“Si no tienes presencia de capacidad nacional, entonces para qué tienes partido. Igual el movimiento regional, si no puedes tener presencia en cada provincia, entonces para qué existes”, cuestionó. La eventual suspensión de esta norma “es un incentivo al cálculo político, a casi casi no participar, salvo movimientos regionales que mantienen la exigencia de si no llegan al 8% se van”.
Otro cambio que cuestiona es la modificación del artículo 36C sobre los efectos de las sanciones, norma que prohíbe a los partidos modificar su asiento registral (estatuto, reglamento electoral, nombres ni cargos directivos), si no pagan sus multas. “El dictamen plantea que formalmente si lo puedes hacer, pese a que no pagues la multa. ¿Entonces para qué siguen teniendo la 36C?”, observó.
Por su parte, el especialista en temas electorales, José Tello, considera un “absurdo” llevar elecciones con delegados pues nos enfrenta de nuevo a una doble elección: un militante un voto y los delegados que eligen candidatos, lo que implica “un doble gasto público”. Además, dijo que no se debe permitir que los movimientos y partidos puedan inscribirse hasta el día límite de inscripción de candidatos.
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Reforma de cara al 2026
El especialista afirma que la reforma política debe regir desde 2026 y que, a través de una trabajo coordinado entre Congreso, organismos electorales y Ejecutivo, se debe mejorar el texto parahacerlo eficiente. “Aún quedan cinco años para aplicarla, socializarla, entenderla, llevar a los partidos y movimientos a un proceso de adecuación, capacitación y darles seguimiento a través de la ONPE con el financiamiento público directo e indirecto”, concluyó.
Ambos expertos cuestionaron que el argumento para suspender las primarias sea la seguridad frente al COVID-19. Tello afirma que simplemente “no estamos en condiciones” de llevarlas a cabo, mientras que Naupari advierte insostenible ese argumento pues Argentina realizó hace poco primarias e incluso nuestro país atravesó elecciones generales en pandemia. “El argumento económico sonaría más fuerte”, concluyó.
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