Norma faculta disponer la cremación de los restos de cabecillas, líderes o miembros de la cúpula terrorista, en un plazo de 24 horas
Con 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, el Congreso de la República aprobó (en primera votación) la incorporación del artículo 112-A a la Ley General de Salud, que establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de terrorismo.
El texto sustitutorio permite que el fiscal competente, “en decisión motivada e inimpugnable”, disponga la cremación de los cuerpos de aquellos cabecillas o miembros de la cúpula terrorista que fallezcan en prisión, mientras el Ministerio de Justicia dispondrá la “dispersión de los restos cremados en tiempo y lugar de naturaleza reservada”.
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“En el caso de un cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por delitos de traición a la patria o de terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula (…), cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, el fiscal competente en decisión motivada e inimpugnable (…) dispone su cremación, previa necropcia”, reza la norma.
Así, esta modificación establece que la autoridad sanitaria competente, en coordinación con los ministerios de Justicia y el Interior, dispondrán la cremación del cadáver en un plazo máximo de 24 horas. Además, agrega que el acto se dará en presencia del Ministerio Público para la identificación respectiva.
El texto sustitutorio que incluye los proyectos de Ley 191, 195 y 203, fue exonerado de segunda votación por el Pleno, con 81 votos a favor, 37 en contra y 1 abstención. La decisión se toma cinco días después de la muerte del genocida Abimael Guzmán.
Durante el debate (muy acalorado por momentos), integrantes de la bancada de Perú Libre (que votó en contra de la modificación de la Ley General de Salud) cuestionaron emitir una norma sobre el destino de los cadáveres de los terroristas y señalaron que no era retroactiva.
Es más, Waldemar Cerrón, vocero y hermano del secretario general del partido oficialista, aseguró que su aplicación sería “inviable constitucionalmente”, ya que “violenta los principios básicos del estado de derecho”. Pese a estos argumentos, la Ley fue aprobada y ahora solo queda que el presidente de la República, Pedro Castillo la promulgue.
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