Norma permitirá a los jueces y fiscales ordenar la cremación de cuerpos cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad
La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, presentó este martes 14 de setiembre, un proyecto de ley que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud para permitir que jueces o fiscales a tomar una decisión sobre el destino final de los cadáveres en casos de posible afectación del orden público.
Esto, ante la ausencia de un marco jurídico y una regulación específica sobre la disposición final de cadáveres, cuya entrega o actos funerarios podrían significar un riesgo para la sociedad; tal como ocurre con el terrorista Abimael Guzmán, cuya muerte ha abierto un gran debate respecto a cómo debería disponerse de sus restos.
De acuerdo con la norma, “el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”.
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Con esto, la iniciativa legislativa busca cubrir, de manera general, el vacío legal existente, puesto que la Ley General de Salud solo contempla la disposición de cadáveres que pertenecen a personas no identificadas o no reclamadas por familiares, siempre y cuando no hubiera una investigación de por medio, más no situaciones especiales como la del cabecilla de Sendero Luminoso.
Con esta nueva norma, los operadores de justicia podrán ponderar los derechos de los familiares frente a un interés social o estatal más amplio y resolver conforme a sus competencias legales.
Al tratarse de un tema regulado por ley, se requiere de su aprobación en el Congreso de la República. De darse, esta se aplicaría también al caso Guzmán Reinoso, cuyo cuerpo se mantiene en la Morgue del Callao, a la espera de una decisión final.
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Precedentes
La Fiscalía de la Nación, apeló al artículo 113 de la Constitución para presentar este proyecto de ley, el mismo que establece que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas. Asimismo, el Tribunal Constitucional (TC), en el expediente 002-2019-PI-TC sostuvo que la Carta Magna prevé la posibilidad excepcional de establecer normas especiales cuando estas se basan en razones objetivas y justificadas.
“El proyecto de ley se encuentra dentro del marco constitucional y legal vigente, en tanto que, el ejercicio de los derechos constitucionales debe estar en armonía con el orden público y; por otro lado, la seguridad ciudadana es un derecho fundamental cuyo garante es el Estado”, sostuvo la Fiscalía.
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