El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria también les prohibió la comunicación con los testigos y coinvestigados
El Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país para los empresarios José Graña Miroquesada, Hernando Graña Acuña, Gonzalo Ferraro Rey (exdirectivos de Graña y Montero); Fernando Camet (exgerente general corporativo de JJC Contratistas); y José Castillo Dibós (expresidente de ICCGSA), investigados por el delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.
Luego de ocho horas de lectura, el juez Richard Concepción Carhuancho también les impuso reglas de conducta como la prohibición de todo tipo de comunicación con testigos y coinvestigados en el proceso, y acudir al juzgado cada 30 días para someterse a control y no ausentarse de Lima sin autorización judicial.
Asimismo, dispuso el pago de una caución económica por S/. 100 mil a Gonzalo Ferraro Rey y José Castillo Dibós; S/. 200 mil a Hernando Graña Acuña; S/. 300 mil a José Graña Miroquesada, y S/. 350 mil a Fernando Camet Piccone. Para ellos, el Ministerio Público pidió en marzo penas efectivo de entre 11 y 20 años de cárcel.
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Los cinco empresarios son acusados de los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por coimas de $ 35 millones en la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3. Hoy, llevan un proceso de colaboración eficaz con el Equipo Especial Lava Jato que lidera el fiscal Rafael Vela Barba.
De acuerdo al fiscal José Domingo Pérez, la medida dictada por el magistrado Carhuancho permitirá que los acusados asistan a los controles de acusación y al eventual inicio del juicio oral. El caso también involucra al expresidente Alejandro Toledo.
En el caso del exjefe de Estado, la Fiscalía pide 20 años y seis meses de pena privativa de la libertad por los delitos de colusión y lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña para la adjudicación de la Interoceánica Sur.
