Por: César Ortiz Anderson
Especialista en Seguridad Ciudadana y presidente de Aprosec
Una de las principales consecuencias que nos dejará la pandemia es la fundamental importancia que sigue adquiriendo en forma creciente la seguridad preventiva en todos los aspectos y campos de la vida y el quehacer social, desde los hábitos y costumbres más simples y rutinarios hasta los protocolos y procedimientos de seguridad más exhaustivos.
Una política de Estado
Esta tendencia viene en aumento desde los atentados de las Torres Gemelas y ha ido incrementándose en los últimos años por diversos factores (económicos, sociológicos, climatológicos, tecnológicos, inmunológicos, etc.) y, con la propagación del COVID-19, ha terminado por posicionarla como la principal preocupación de los gobiernos, entidades privadas, comunidades e individuos, como una herramienta imprescindible y compatible con todas las actividades, ciencias y disciplinas.
Por esta razón, que obedece al efecto transversal de la pandemia llegando a afectar multisectorialmente a la sociedad en su conjunto, estamos convencidos que la seguridad preventiva debe tener una dimensión política para afrontar el coronavirus; es decir, ser asumida como una política de Estado, dentro del nuevo y complejo concepto de “seguridad preventiva integral”.
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Colapso social
El COVID-19 está impactando la seguridad de todos los países de forma multisistémica. Basta recordar el inicial enfrentamiento diplomático entre los EE.UU. y China en el marco de mutuas acusaciones sobre el origen del virus, en un contexto de guerra bacteriológica.
La epidemia global está afectando la sociedad del siglo XXI de manera transversal y en todos los niveles, cada uno viene siendo alcanzado como en una reacción en cadena en un efecto dominó, desde la salud pública a la economía, a la política, a la seguridad ciudadana, amenazando el orden social.
Aspecto político
Desde la perspectiva del concepto de seguridad integral, pensamos que la pandemia debe enfrentarse a través de políticas de Estado. En el caso del Perú tenemos en estos momentos un sistema de salud que colapsar ante una tercera ola, faltando camas en UCI e incluso personal médico.
El Gobierno de Martín Vizcarra incluso firmó un convenio con 11 clínicas, por medio del cual el Ejecutivo pagaría S/. 55 mil por la atención de cada paciente COVID, pero sujeto a capacidad de la clínica. Las plazas en total eran de 50 pacientes, en el mejor de los casos 4.1 pacientes por clínica, y sujeto a que el Ministerio de Salud (Minsa) emita un documento de referencia, para trasladar al enfermo.
En mi opinión a todas luces una burla; y encima no funcionó. El actual ministro de Salud, Hernando Cevallos ha declarado abiertamente que el Gobierno que preside Pedro Castillo descartó una intervención de las clínicas privadas durante una tercera ola y se limitó a expresar que las autoridades van “a ser muy firmes en evitar los abusos”.
Es decir, no hay una política estratégica para afrontar un incremento de casos de forma que supere las gestiones de Vizcarra y Francisco Sagasti durante las que el Perú registró el porcentaje de mortandad más alto por millón de habitantes en el mundo.
Por otro lado, indigna que hasta la fecha ni un solo funcionario público de alto nivel haya sido formalmente denunciado por la sobrevaluación de compras o contratos, pese a que la Contraloría General de la República ha detectado casos de corrupción.
No olvidemos las malas compras realizadas por la Policía Nacional al inicio de la pandemia. La gestión fue de Carlos Morán, Ministro del Interior de ese entonces, reemplazado en plena cuarentena, dejando miles de contagiados y decenas de muertos en el cuerpo policial. Ahora se sabe que en la primera ola más de un tercio efectivos se contagiaron y casi 700 fallecieron.
El sistema penitenciario también fue duramente golpeado porque se infectaron tanto internos de los penales como servidores del INPE; algunos municipios redujeron la cantidad de serenos a pesar de tener un mayor número y frecuencia delictiva en toda la ciudad. Hoy no existe ámbito seguro, en otras zonas del país también se ha incrementado la delincuencia y violencia, y el importante eslabón de la justicia no está dando la talla.
Finalmente, se propone al Gobierno públicamente una seria planificación frente a las diversas crisis que vive el país.
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