Aclarando que es un traslado con motivación política

Por: César Ortiz Anderson
Especialista en Seguridad Ciudadana y presidente de Aprosec

Es importante contar la historia completa, aquella que la mayoría no conoce o no recuerda. En marzo de 2017, el motivo fue para salvaguardar su integridad física ante el incremento del caudal del rio Rímac que pasa por el costado de las instalaciones. La otra versión era que se trataba de mejorar en seguridad preventiva y de control las instalaciones del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec).

El hecho fue que el día 16 de marzo fueron trasladados al penal de Ancón I (considerado de máxima seguridad), de manera temporal, Vladimiro Montesinos junto a la cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA, además del interno Gerson Gálvez, alias “Caracol”, acusado del control de envíos de drogas por el puerto del Callao y sicariato.

Allí, convivió todo el grupo con mucha armonía -según información obtenida- hasta el 10 de junio del mismo año, cuando regresaron a la Base Naval; menos Caracol, que fue trasladado al penal de Challapalca (donde se encuentran recluidos internos de alta peligrosidad, que se encuentran en un régimen cerrado), debido a un informe presentado por las autoridades del Cerec y el propio INPE.

En este punto quiero mencionar que, entre el 2002 y 2003, fui asesor del ministro de Justicia y del presidente del INPE en materia de seguridad. Por tanto, quisiera contarles qué estrategia desarrollaría ante este despropósito político ya que, a pesar de las llamadas efectuadas por Montesinos, la Base Naval es la prisión más segura del país.

Dicho esto, mi sugerencia sería que todos ellos deberían ser llevados, por un caso de seguridad nacional, a los venusterios que se encuentran el penal de Ancón II y están aislados de la población penal, lugar que cuenta actualmente con controles de acceso desde la rotonda del módulo con áreas aledaña, las mismas que podrían ser acondicionadas como patio de recreo para el grupo.

De todas maneras, sugiero un estudio de seguridad para mejorar la seguridad preventiva y de control, colocar en áreas estratégicas un concertinado como lo había en la Base Naval, cámaras de circuito cerrado, bloqueadores de comunicaciones y una central de observación permanente fuera de las instalaciones del penal; además de un grupo de seguridad física del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) INPE, para el control de 24 horas de ese grupo.

Esta clase de internos deben mantener un régimen especial. Para empezar, no deberían tener contacto con la demás población penitenciaría por ideología, mediatez y connotación. Tampoco deberían tener acceso a los patios o demás pabellones, pues en la práctica sería muy fácil para ellos buscar los mecanismos para conseguir celulares o enviar alguna comunicación al exterior.

Cabe mencionar, que la capacidad de albergue de internos de Ancón I es de 1,620 internos, empero hay 2,163, es decir existe un 34% de sobrepoblación. Ancón II, que cuenta con 4 módulos de 3 pabellones y de 2 pisos cada uno, en tamaño es más del doble, y su capacidad es de 2,216 internos pero solo cuenta con 1,429.

Finalmente, el INPE debería respetar el régimen especial que tienen de acuerdo a una serie de protocolos que se deben tomar en cuenta y tomar normas de extrema seguridad.