Representantes de Renovación Popular y Avanza País cuestionan al exfiscal por incompatibilidad al cargo. En tanto, Control Interno del Ministerio Público recomienda archivar investigación en su contra
A dos días para que el Gabinete liderado por Guido Bellido asista al Congreso de la República a solicitar el voto de confianza, la bancada de Renovación Popular prepara ya una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan Carrasco. El motivo, según manifestaron, la incompatibilidad de jurar al cargo cuando aún era fiscal y la intervención de Inspectoría de la Policía a las oficinas de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).
Decisión tomada
Luego que Carrasco Millones asumiera el cargo, el 29 de julio, el grupo político pretendía primero citarlo para que explicase “su cuestionada designación” teniendo solo una licencia de 90 días sin goce de haber del Ministerio Público. Además, por la presunta capacitación y entrega de presupuesto a los miembros de las rondas campesinas; sin embargo, hoy, buscan las 33 firmas para censurarlo sin siquiera escucharlo.
Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dijo que era válido optar por este camino debido que presentar primero una interpelación es “facultativo y no un paso previo necesario”. También aseguró que el grupo político de derecha tiene como “prioridad” conseguir las firmas de otras bancadas para presentar la moción de censura antes que la de interpelación.
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Algo que va en contra del artículo 86 del reglamento del Congreso, el cual detalla que la moción de censura la pueden plantear los legisladores “luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar, o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate en que intervenga el ministro por su propia voluntad”.
En tanto, los representantes del partido político fundado por el empresario Rafael López Aliaga no son los únicos que observan mal que Carrasco dirija el Ministerio del Interior (Mininter). José Williams, presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, y Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, ambos de Avanza País, manifestaron necesario convocar a Carrasco para que responda sobre la inspección policial a la Dircote.
El primero, espera que este encuentro se tramite después del pedido de confianza y observa también necesario citar a la Comisión que preside a los titulares de Transportes, Defensa y Trabajo. Mientras que, Chirinos presentó una moción para invitar al ministro del Interior al pleno del Legislativo de cara al voto de confianza.
Acudirá a resolver dudas
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Carrasco, aseguró estar dispuesto a acudir al Congreso cuando este poder del Estado lo requiera. “Voy a enfrentar, si es que lo decide el Congreso, cualquier tipo de interrogante, duda, pregunta. Sé que me van a entender. Van a entender lo que queremos hacer, el cambio que queremos gestionar desde el Mininter”, dijo a la prensa.
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Al igual que el comunicado que publicó la propia Policía Nacional del Perú (PNP), precisó que la actividad de control del 11 y 12 de agosto a la Dircote tuvo injerencia solo sobre “temas netamente administrativos” y no sobre investigaciones. Según la PNP, esta intervención era parte del Plan de Inspecciones programadas para este año e incluía distintas direcciones, no solo el área contra el terrorismo.
“Eso es a nivel de Inspectoría, y esta es una institución totalmente autónoma como todas las instituciones de control interno, que ven temas netamente administrativos. Desde el Ministerio del Interior le estamos dando todo el respaldo al inspector de la Policía para que haga su trabajo”, añadió. Así también, rechazó presuntos blindajes al jefe de Gabinete, Guido Bellido, investigado por presunta apología al terrorismo.
“Mi carrera es impecable, intachable. No tengo ninguna investigación ni por obstrucción a la justicia ni por haber formado parte de alguna organización ni por corrupción. Desde mi despacho no blindamos a nadie”, expresó.
Carrasco Millones, quien presentó su carta de renuncia a la Fiscalía el 28 de julio, afirmó que “existen fuerzas del mal” que no lo quieren en el Ministerio del Interior. “He combatido a mucha gente de poder político y económico. [También a] excongresistas, exdirectivo de la FPF [Edwin Oviedo], personas con mucho poder y que todavía tienen tentáculos”, acotó.
Como fiscal, el hoy titular del Mininter investigó a las organizaciones criminales conocidas como “La Gran Familia” y “Los Sanguinarios del Norte”, que incluían a policías y funcionarios del Estado.
¿A quiénes investigó?
Durante sus 12 de carrera como fiscal, el hoy titular del Mininter investigó a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato, como ‘Los Wachiturros de Tumán’, que involucró al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, quien recibió 18 meses de prisión preventiva por el delito contra la vida, cuerpo y la salud contra dos sindicales de la cooperativa Agroindustrial Tumán.
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La red también involucró a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén (APRA) y Marisol Espinoza (entonces Unión Por el Perú y hoy Alianza para el Progreso), quienes presuntamente le habrían dado apoyo político. “De acuerdo a las investigaciones, la información era que [los Wachiturros] llevaban dinero a varios congresistas para que apoyen una ley de protección patrimonial”, narró Carrasco.
“Y está el caso del exalcalde de Chiclayo [en 2015] David Cornejo Chinguel [APP] que comprendió a 60 investigados, entre ellos los excongresistas Héctor Becerril (Fuerza Popular), Clemente Flores (PPK) y Manuel Vásquez, y otros exlegisladores de distintas bancadas”, agregó. En efecto, Cornejo fue acusado de liderar “Los temerarios del crimen” y los exparlamentarios de los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias.
Según las indagaciones, estos habrían gestionado presupuestos para obras públicas a favor de diversas municipalidades y solicitado el 5% del monto asignado para cada una de esas gestiones. “(También) investigamos al exalcalde de Chiclayo [en 2007] Roberto Torres Gonzales, quien, por versiones de colaboradores eficaces, sobornó a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, precisó el ministro.
Debido a la inmunidad parlamentaria, los congresistas no pudieron ser procesados. “Es escandaloso que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso haya cerrado sus casos, habiendo la Fiscalía acreditado los hechos. Esos casos deberían reabrirse. Pero ¿usted cree que se han quedado tranquilos? No me quieren en el Ministerio del Interior”, sentenció Carrasco.
