Inspectores de esta entidad y policías habrían cobrado entre 100 y 150 soles por dejar pasar unidades que infringían reglamento de transporte
Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron las oficinas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), en el Cercado de Lima. Además, se informó de la detención preliminar de cuatro personas, debido a que integrarían una presunta organización criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas internacionales.
De acuerdo con la Fiscalía, personal de Sutran encargado de la fiscalización de los servicios de pesos y medidas vehiculares en las estaciones de pesaje de Cerro Azul (Cañete) y de Pasamayo (Ancón), habría cometido los delitos de concusión, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico y tráfico de influencias, por el irregular cobro a infractores del reglamento de transportes.
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El operativo, que se realizó simultáneamente en Lima, Ica, Ayacucho, Lambayeque, Apurímac y Piura, está dirigido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cañete e incluye el allanamiento de cuatro estaciones de pesaje.
Modus operandi
Según las investigaciones del Ministerio Público, fiscalizadores del servicio de pesaje y medidas vehiculares de la SUTRAN, así como personal policial, habrían inducido a conductores de camiones o empresarios dedicados al rubro de transporte de carga y mercancías a “arreglos económicos” a cambio de no imponerles sanciones, a pesar de haber cometido infracciones y operar al margen de la ley.
Así, habrían permitido el pase irregular de vehículos de transporte de carga y mercancías que no cuentan con las dimensiones y peso permitido por eje para continuar su recorrido por las vías terrestres nacionales, previo pago en efectivo o promesa de pago (transferencias) a cuentas afines a la presunta organización.
Los pagos por dejar pasar las unidades, pese a infringir el reglamento de transporte, fluctuarían entre 100 a 150 soles, de acuerdo a la gravedad y concurrencia de infracciones.
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Los fiscales a cargo de las investigaciones también sostienen que el presunto líder de la organización criminal concertó con los empresarios de transporte y/o conductores independientes para la entrega de dinero mediante transferencias o en efectivo, de acuerdo al grado de confianza o riesgo de ser descubiertos.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público, contra los sospechosos también existe una autorización judicial para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
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