La sala dispuso además el pago de S/. 50,000 de caución contra el suspendido congresista y excontralor, investigado por enriquecimiento ilícito agravado
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso impedimento de salida del país por 18 meses contra el suspendido congresista y excontralor de la República, Edgar Alarcón Tejada, investigado por enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado. El Poder Judicial también dispuso contra Alarcón el pago S/. 50,000 de caución, la cual deberá depositar al Banco de la Nación dentro de los tres días hábiles de haberse notificado.
La sala titulada por el juez supremo Hugo Núñez aceptó así el pedido del Ministerio Público por considerable “razonable y de acuerdo a ley” debido a que la investigación fue declarada “compleja”. “Resuelve imponer al investigado la obligación de no ausentarse de la localidad en que residen sin autorización del Ministerio Público, y la obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citadas”, cita la resolución.
Enriquecimiento ilícito agravado
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos investiga a Alarcón, en su condición de Contralor General de la República, por haber generado un presunto desbalance patrimonial, a consecuencia de mayores egresos, por el importe S/. 201,337.24, entre el 9 de junio de 2016 hasta el 4 de julio de 2017, “atribuyéndosele ello al abuso del cargo público antes señalado”.
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Así también, se habría determinado la existencia de diversos ingresos bancarizados por un monto de S/. 275,644.90, “de los cuales se desconoce su origen y depositarios”, presumiendo la existencia de un “desbalance patrimonial, que no se podría justificar con sus ingresos legales obtenidos en ese período”. Esta investigación es posible debido a que, en abril, el Congreso aprobó la denuncia constitucional contra el legislador de Unión Por el Perú.
Cabe precisar que, el suspendido congresista fue contratado como asesor en la comisión del Congreso, presidida por el parlamentario de Acción Popular, Orlando Arapa, la cual investiga las obras realizadas en la región Puno como el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón y el Hospital Materno Infantil de Juliaca, entre otros.
Ante los hechos, la Mesa Directiva del Legislativo solicitó un informe de carácter legal para determinar si era viable o no la contratación del suspendido congresista como asesor del mencionado grupo de trabajo. Entre tanto, el congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga, integrante de esa comisión informó que Arapa decidió emitir un documento desde su despacho dejando sin efecto la contratación de Alarcón.