El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aclaró que la legislación vigente no impide a las empresas adquirir vacunas, sino que los laboratorios prefieren no negociar con ellos
El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla autorizó al sector privado a importar vacunas contra el COVID-19 para aplicación gratuita de trabajadores y familiares. La resolución del juez Nilton López Campos admitió así la demanda de acción presentada en marzo por el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en contra de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Congreso.
La sentencia judicial también declara inaplicable el artículo 5 de la Ley 31091 a las empresas privas, es decir que podrán incumplir el esquema de vacunación prioritaria a grupos vulnerables establecido por el Minsa. Además, el documento exhorta al Poder Ejecutivo, a “reglamentar de manera clara y precisa el procedimiento que las empresas del sector deben seguir para la importación” de estos fármacos.
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No hay impedimento
Por su parte, en declaraciones a la prensa, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó que la legislación vigente no impide al sector privado adquirir vacunas contra el COVID-19, por el contrario existen 868 empresas autorizadas por Digemid para hacerlo. “No tenemos nada que reglamentar, pues no hay nada que lo impida. Lo que pasa es que nadie les ha querido vender”, sostuvo el titular del Minsa.
Ugarte comentó que, durante las negociaciones, laboratorios como Pfizer les indicaron que prefieren celebrar contratos con los gobiernos nacionales “porque pueden vender a gran escala” y porque asumen las “responsabilidades de posibles efectos secundarios”. Aun así, agregó que “quien quiera importar medicamentos o vacunas, lo puede hacer”, respetando el marco de la ley ya que “todos los procesos están debidamente reglamentados”.
En efecto, la legislación permite dos mecanismos para el ingreso: por registro sanitario condicional con vigencia de un año [ley 31091] y por autorización excepcional para importación y uso [ley 29459]. La primera, publicada en diciembre de 2020, permite comprar dosis con resultados preliminares de fase 3 [Pfizer]; mientras que la segunda, publicada en 2011, cumple condiciones de seguridad y eficacia [Sinopharm y AstraZeneca].
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Escasez y estafa
El exviceministro de Salud, Percy Minaya, explicó al portal Ojo Público que, como la ley no lo impide, “si hubiera productores dispuestos a registrar [las vacunas] o contar con representantes privados, los privados podrían traer cualquier fármaco”.
Sin embargo, debido a que los compradores asumen la responsabilidad sobre posibles eventos adversos, lo cual tiene altos costos monetarios, los laboratorios prefieren negociar con los gobiernos.
Las autoridades han incautados vacunas falsas contra el COVID-19 no solo en Latinoamérica sino también en Sudáfrica.
Además, por supuesto, para garantizar un reparto equitativo a las naciones de todo el globo. En esa línea, laboratorios como AstraZeneca y Pfizer anunciaron que, de momento, no suministrarán de dosis de vacunas a las empresas privadas para asegurar la equidad en el acceso a este bien escaso. Por otro lado, existe también un alto riesgo al momento de adquirir vacunas desde las empresas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Interpol han detectado dosis falsificadas de Pfizer y Sputnik V compradas a través de los privados en México. En San Nicolás de Garza, por ejemplo, las autoridades encontrados que 80 ciudadanos habían recibido sustancias desconocidas bajo la etiqueta de Pfizer, pero la farmacéutica confirmó que el lote hallado no les pertenecía. Así también se registraron hechos similares en Argentina y Brasil.
La especialista en salud pública, Camila Malca, explicó a Ojo Público que aunque la resolución del Poder Judicial indique que la aplicación será gratuita, esto puede dar paso a al comercio ilegal o a un mercado negro.
“Abre la posibilidad de que se vendan vacunas. Hay un historial de especulación y aprovechamiento de la desesperación de las personas, en plena pandemia [México, Argentina o Brasil]. Es una decisión irresponsable”, aseguró.
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