Defensa de la acusada Lorena Gamero Calero, a quien la fiscalía sindica como encargada de coaccionar a los testigos del caso que se sigue a Keiko Fujimori, pidió recusar al juez Víctor Zuñiga
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada contra el Crimen Organizado rechazó la recusación formulada contra el juez Víctor Raúl Zuñiga, titular a cargo de las audiencias del caso Odebrecht y Fuerza Popular. La recusación fue presentada por Lorena Gamero Calero y su abogado, una de las acusadas en el caso de los presuntos aportes ilícitos para las campañas de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
Según alegó Juan Torres Alzamora, defensa legal de la también abogada, durante la audiencia del 23 de abril sobre comparecencia con restricciones formulada por la Fiscalía contra Gamero Calero, el juez Zuñiga impidió que se oralice el escrito de oposición a la instalación de la audiencia, donde, afirman, se explica “graves vulneraciones de derechos procesales constitucionales”.
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Sin embargo, tras la revisión de los hechos, la instancia no encontró sustento en el pedido de recusación “que hagan dudar de la imparcialidad del magistrado. Por lo que, el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado continuará en el proceso legal contra Fuerza Popular e implicados, y podrá decidir, a solicitud de la defensa de Keiko Fujimori, sobre el cierre o no de la investigación.
Resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado.
“Se aprecia más bien, que el magistrado recusado […] dispuso el orden en que debían intervenir las partes, advirtiendo que la audiencia ya había sido instalada en sesión pasada [07 de abril de 2021], en tal sentido, se invitó al abogado a exponer sus argumentos en la oportunidad procesal que le correspondiera intervenir, decisión judicial con la cual el abogado estuvo de acuerdo”, indica el documento.
“Maniobra maliciosa y dilatoria”
En la resolución, La Segunda Sala Penal de Apelaciones impuso, además, una amonestación al abogado Juan Torres Alzamora por vulnerar el Código de Ética Profesional porque “puede considerarse que la recusación interpuesta constituye una maniobra maliciosa y dilatoria”, lo que constituye una “transgresión al deber de patrocinar con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código de Ética Profesional”.
El fiscal José Domingo Pérez ha pedido seis años y seis meses de prisión efectiva contra Lorena Gamero Calero por el delito de obstrucción a la justicia en el caso Odebrecht. Según la tesis fiscal, ella es una de las abogadas encargadas de coaccionar a los testigos del caso, es decir a los “aportantes falsos” de las campañas del partido fujimorista en 2016 que recaudaron más de S/. 4 millones, para que cambien su versión ante el Ministerio Público.
