Solicitan al defensor del Pueblo disolver el partido Perú Libre

El documento firmado por Óscar Balladares sostiene que la agrupación política no es ideológicamente compatible con la democracia representativa

A través de un oficio y a 12 días de la segunda vuelta presidencial, el ciudadano Óscar Balladares y sus abogados Lucas Ghersi y Fernando Pickmann han presentado un escrito al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, para que solicite a la Corte Suprema de Justicia la disolución de Perú Libre, partido que postula a Pedro Castillo. Según aduce, por ser ideológicamente incompatible con la democracia representativa y la Constitución.

Argumentos
“Hoy la democracia peruana corre peligro. Existe un partido político que explícitamente amenaza con sustituir el Estado de Derecho peruano por el régimen totalitario en el que no se representan los derechos fundamentales y el poder político carezca de límites”, indica la solicitud recibida el 25 de mayo. Además, expone que en su ideario y plan de Gobierno se autodenomina marxista-leninista, lo que no se ajustaría con el pluralismo democrático.

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También expresa que “el partido está vinculado con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), fachada política de la agrupación política Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso”. Por ello, invocan el artículo 162 de la Constitución y el artículo 14 de la Ley N° 28094 para que el defensor del Pueblo inicie las acciones necesarias para requerir judicialmente la disolución de la organización política.

Disolucion-PL

Los citados artículos otorgan el defensor del Pueblo la potestad de pedir la ilegalidad de una organización política. “La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos”, añade el documento.

“La propia naturaleza de este partido hace que sea incompatible con los principios esenciales de nuestro sistema nacional”, afirma Ballares. La sentencia firme de declaratoria de ilegalidad de un partido político tiene tres efectos: cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y en cualquier otro registro; el cierre de sus locales partidarios, y la imposibilidad de su reinscripción.