Iniciativa legislativa otorga a las universidades seis meses para obtener la licencia institucional pese a que el proceso de licenciamiento de la Sunedu concluyó en enero
La bancada Nueva Constitución, por iniciativa del congresista Jesús Arapa Roque, presentó un proyecto de ley que otorga un plazo de seis meses a las universidades privadas con licencia denegada para continuar con el proceso de licenciamiento. El documento, presentado el 11 de mayo, modifica así las disposiciones de la Ley Universitaria (Ley 30220).
Orlando Arapa Roque ingresó al Congreso como Acción Popular, pero ahora integra la bancada Nueva Constitución.
La iniciativa legislativa, enviada a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, incorpora, además, las universidades privadas a los alcances de la décimo segunda disposición complementaria de la Ley Universitaria: la que conforma una Comisión Reorganizadora en las universidades públicas que no reúnen las condiciones básicas de calidad o no obtienen la licencia institucional en una segunda oportunidad.
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“La Comisión Reorganizadora asume la conducción y dirección de la universidad pública [ahora también privada] por un periodo máximo dos años, contados a partir de su conformación, cesando en sus funciones todas las autoridades universitarias, quienes retornan a sus plazas de docentes ordinarios, en la categoría y régimen de dedicación correspondiente”, cita la disposición que se pretende modificar.
De esa forma, el proyecto de ley 7678 vulnera el proceso el proceso de licenciamiento a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el cual concluyó en enero de este año y licenció 94 casas de estudios y dos escuelas de posgrado. Al mismo tiempo, se cerraron 50 universidades que no cumplían las condiciones básicas de calidad (CBC), entre ellas las que ahora se pretende reincorporar.
Ministra Violeta Bermúdez reunida al inicio de su gestión con la bancada Nueva Constitución, integrada por excongresistas de Acción Popular y Unión por el Perú.
Detalles del proyecto
El oficio presentado por el parlamentario Jesús Arapa Roque, argumenta que la incita legislativa se fundamenta en el rol constitucional del Estado respecto a la “permanente supervisión y fiscalización de la actividad educativa”. Asimismo, como disposición complementaria advierte que se derogarán o se dejarán sin efecto las normas que se opongan a esta ley.
En su desarrollo, propone continuar con el proceso de licenciamiento a las universidades privadas que no hayan completado el cierre institucional y que hayan cumplido más del 50% de las condiciones básicas de calidad establecidas por la Sunedu. Creando, de esa forma, una décimo tercera disposición complementaria “final” de la ley universitaria.
“El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo que no exceda treinta días desde su publicación en el diario oficial El Peruano”, detalla la iniciativa. Como toda norma, la propuesta deberá ser aprobada en la comisión donde se presentó (Educación, Juventud y Deporte), para pasar a debate en el Pleno del Congreso.
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