La acusación fiscal involucra a Alejandro Aguinaga, virtual congresista por Fuerza Popular y vacunado en el caso ‘Vacunagate’
Este martes 20 de abril reiniciaron las audiencias de sustentación de cargos de la Fiscalía ante el Poder Judicial por el caso de las esterilizaciones forzadas. El Ministerio Público acusa al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga –virtual congresista de Fuerza Popular- y otros tres denunciados como coautores de los delitos de graves violaciones a los derechos humanos.
En esta sesión, el fiscal Pablo César Vásquez expuso frente al juez Rafael Martín Martínez un listado de 40 elementos de convicción como documentos oficiales, declaraciones, reportes periodísticos, entre otros, que acreditan los requisitos para abrir una investigación judicial contra los acusados. Luego de casi tres horas de audiencia, el Juzgado Supraprovincial de la Corte Especializada pospuso la audiencia para el jueves 22 de abril a las 9:30 a.m.
“Máximo responsable”
Las esterilizaciones forzadas fueron parte de la política de Estado durante el gobierno de Alberto Fujimori para controlar el crecimiento poblacional. El representante del Ministerio Público alegó que, durante la ejecución de la misma, los derechos a la dignidad, integridad personal y los derechos reproductivos de mujeres, en su mayoría quechuablantes y pobres, fueron vulnerados.
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Por lo que, se responsabiliza a Alberto Fujimori de las lesiones graves y muertes de cinco mujeres víctimas de los procedimientos. Además, la Fiscalía acusó al expresidente y a sus exministros de Salud de haberse beneficiado económicamente de la estrategia de planificación familiar mediante métodos anticonceptivos quirúrgicos como la esterilización.
“En su condición de presidente de la República, ubicado en la cúspide del aparato de poder bajo su mando, resulta el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas”, argumentó el fiscal.
Otros imputados
Durante los datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), 270 mil mujeres fueron esterilizadas, sin embargo se desconoce cuántas pasaron por este proceso de manera involuntaria. De momento, solo 2,074 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin consentimiento.
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Las acusaciones también incluyen a Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar por el caso de Mamérita Mestanza, mujer cajamarquina de 33 de años que falleció en 1998 por falta de atención médica tras ser sometida a un proceso de ligadura de trompas y cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Esto era conocido por Fujimori a través de informes que le presentaban mensualmente sus ministros de Salud, de denuncias de medios de comunicación e informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, y pese a ello no detuvo su aplicación sino que se reformuló para eludir responsabilidades”, añadió el representante del Ministerio Público. La sesión fue trasmitida públicamente por los canales del Poder Judicial a solicitud de las víctimas.
De momento, el expresidente Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por los delitos de alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1922). La actual candidata presidencial e hija del exdictador, Keiko Fujimori, afirmó que de llegar a Palacio indultará a su padre.
La abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), María Ysabel Cedano, indicó que la aspirante a la Presidencia es “parte del negacionismo fujimorista”. “No admite la responsabilidad de Alberto Fujimori y lleva nuevamente al Congreso a uno de los imputados [Alejandro Aguinaga]”, lamentó.