Parlamento también suspendió los derechos congresales del excontralor para que la Fiscalía pueda investigarlo en libertad
El Pleno del Congreso de la República aprobó este viernes 16 de abril la denuncia constitucional número 371 contra el parlamentario de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, por el presunto delito contra la administración pública: enriquecimiento ilícito agravado. Así, la Fiscalía podrá recién formalizar la investigación preparatoria contra el excontralor general de la República.
Con 62 votos, cero voto en contra y 13 abstenciones se admitió el informe que recomienda acusar al legislador por el presunto delito cometido durante sus funciones en el Contraloría General de la República (2016-2017). En julio de 2020, fue la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien presentó la denuncia en su contra por un presunto desbalance patrimonial por gastos que ascienden a S/. 201,337.24.
El Pleno también aprobó, con 60 votos, cero en contra y 14 abstenciones, suspender los derechos y deberes funcionales del congresista Alarcón mientras se desarrolle el proceso penal en su contra. El informe elaborado en la Subcomisión de Acusaciones Constitución fue admitido en la Comisión Permanente y sustentado esta mañana por la congresista del Descentralización Democrática, Felicita Tocto.
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La parlamentaria consideró que se debe acusar al excontralor por antejuicio político “por existir una sospecha reveladora” de ser el “presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano”. De acuerdo al Código Penal, la condena por este delito es de pena privativa de la libertad “no menos de 10 años ni mayor de 15 años”.
El debate de la acusación constitucional por enriquecimiento ilícito debió desarrollarse el martes 13 de abril, sin embargo, el parlamentario informó que carecía de defensa técnica debido a la renuncia de su abogado Humberto Abanto un día antes. Este viernes, en cambio, asumió su defensa la abogada y excongresista fujimorista Rosa Bartra.
En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quedan pendientes las denuncias constitucionales 372 y 374 contra Edgar Alarcón: por presunto peculado doloso también durante su ejercicio como contralor general, y por presuntamente recibir un soborno de S/. 30 mil para que la Contraloría desbloquee cuentas del municipio de Chiclayo.
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