Con un enfoque de economía social, diversificada y de sostenibilidad ambiental, el partido que postula a Verónika Mendoza a la Presidencia propone un Estado promotor y regulador
A solo días de las Elecciones Generales del 11 de abril, Pica News revisa los planes de Gobierno de las fuerzas políticas que concentran mayor intención de votos, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En esta entrega, contrastamos lo propuesto en la hoja de ruta de Juntos por el Perú (JP) con lo expuesto por su candidata presidencial Verónika Mendoza en diferentes entrevistas.
Salud y educación
Para enfrentar al COVID-19, la candidata Mendoza indicó que abastecerán a mil postas médicas con oxígeno y, de ser necesario, tomarán el control temporal de la producción y distribución de oxigeno medicinal. Sin embargo, el plan de Gobierno solo propone vacunar a toda la población para el primer semestre de 2022, una estrategia con enfoque de seguimiento y un programa de tratamiento para personas con secuelas por el coronavirus.
Mendoza ocupa el tercer lugar en intención voto (9.6%), según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La acompañan en la plancha presidencial José Antonio de Echave y Luzmila Yalu Ayay.
Por lo demás, Juntos por el Perú apunta a incrementar de manera progresiva el financiamiento público “por encima del 6% del PIB”, fortalecer la gestión pública en los tres niveles de gobierno, crear un sistema único de salud pública y farmacias públicas. Además, un marco legal de impuestos específicos y una instancia gubernamental anticorrupción para este sector y regular los mercados de la salud.
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Asimismo, generar el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia para atender la salud mental, sexual y reproductiva de los ciudadanos, y revalorizar el rol del personal indígena de medicina tradicional. Por otro lado, proponen consignara la educación como derecho humano fundamental garantizado por el Estado, eliminar el lucro, generar una educación inclusiva, y elevar también el presupuesto al 6% del PBI.
Añaden cerrar las brechas en el presupuesto de proyectos educativos regionales e impulsar un modelo de gestión educativa descentralizada que diseñe el currículo desde los contextos y en función de las necesidades la población. Empero, en conversación con la prensa, la candidata Verónika Mendoza sostuvo que es necesario propiciar el diálogo con las Ugel, profesores y padres de familia para preparar el retorno a las clases presenciales.
En los debates públicos, Verónika Mendoza mencionó que velará por el acceso a las ‘tablets’ en el sector educación y un plan de datos para la conexión a internet.
En tanto, para la educación superior, proponen aumentar en 100% las vacantes a las instituciones públicas, crear sedes regionales universitarias, incrementar Beca 18 y Beca Permanencia, así como la investigación y las becas en CONCYTEC. Además, reducir hasta 3% el número de docentes contratados, implementar seis escalas en la Carrera Pública Magisterial y evaluar el “desempeño con enfoque formativo y no punitivo”.
Protección social
El partido de izquierda apuesta por crear programas de empleo temporal masivo al 2022, universalizar Pensión 65 en el área rural y duplicar la cobertura en el área urbana, iniciando con amas de casa sin pensión.Igualmente, apoyar a los comedores populares, implementar de manera efectiva el sistema nacional de la persona con discapacidad y ampliar los programas de protección social para esta población.
Asimismo, duplicar el programa CunaMas, multiplicar por cinco la asignación familiar por hijo, y crear un Sistema Peruano de Cuidados (SPC) para promover la igualdad social y de género desde una mirada de economía feminista. En esa línea, incluir la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Constitución, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ley integral trans y la ley contra los crímenes de odio.
Proponen el aborto terapéutico en niñas menores de 14 años, despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, incrementar el acceso de métodos anticonceptivos e implementar el uso de la telemedicina en la salud sexual y reproductiva. También crear instancias de diálogo con las organizaciones indígenas sobre las políticas en salud sexual y reproductiva en las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS).
De otro lado, proyectan universalizar el acceso a los servicios de agua y saneamiento urbano y rural e incluir el derecho a la vivienda digna y un entorno adecuado en una nueva Constitución. Y, en cultura, apoyar las propuestas emergentes, proyectos y producciones independientes, una ley que disponga el 1% del presupuesto nacional, fortalecer las Escuelas Públicas de Arte y crear la Escuela Pública de Cine y la Universidad Pública de las Artes.
Aspecto económico
JP apunta a una política macroeconómica expansiva, con fuertes estímulos monetarios y fiscales. Para el corto plazo, priorizan recuperar el empleo y la economía popular, mientras que a mediano plazo, mejorar la infraestructura y provisión de bienes públicos, reducir el poder monopólico, lograr niveles de redistribución y diversificar la economía, y establecer una dinámica de innovación tecnológica, mayor sostenibilidad ambiental y productiva.
Por lo mismo, adquirir la vacuna contra el COVID-19, entregar bonos universales mensuales adicionales a los ya distribuidos, y otorgar un crédito a las micro y pequeñas empresas y a los agricultores, con garantía parcial del Estado y con bajas tasas de interés. ¿Cómo se financiará esto? Se utilizarán los fondos del tesoro público y, aunque no lo detalla el plan de Gobierno, Verónika Mendoza afirmó que serían S/. 70 mil millones.
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Luego, impulsarán una reforma tributaria para elevar la recaudacióna 18% del PBI antes del 2026 y cobrarán un impuesto a las grandes fortunas por encima de los $ 100 millones para recuperar e invertir en salud, educación y vivienda. La candidata presidencial detalló que este impuesto sería de 1%. Por otro lado, el plan alberga propuestas como masificar el gas en el territorio nacional e incluir financieramente a las cooperativas de ahorro y crédito.
Asimismo, incentivar a las empresas de producción de alimentos nutritivos y saludables, generar un sistema único y eficaz de compras públicas de alimento y promover la agricultura familiar y rural, en el marco de una segunda reforma agraria. Reconocer el Trabajo Doméstico No Remunerado (TDNR), crear puestos de trabajo digno para mujeres y respetar los derechos laborales y sociales de los trabajadores también son parte de su hoja de ruta.
La agrupación de izquierda propone seguridad social para las personas cuidadoras y trabajadoras del hogar, promover la libertad sindical y negociación colectiva, eliminar la tercerización e incrementar la remuneración mínima. Además, supervisar y sancionar las brechas salariales en empresas y ampliar el permiso de maternidad y paternidad hasta las 14 semanas.
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Por lo demás, proyectan incrementar al 70% del número de hogares peruanos con acceso a Internet de banda ancha al 2026 y avanzar al 80 % el plan nacional de alfabetización en la población rural. En transporte, implementar un Plan de Chatarreo para camiones de más de 20 años, establecer un número máximo de taxis, restructurar Provías Nacional, construir el Túnel Transandino, culminar la Ramiro Prialé y mejorar el IIRSA Centro.
Formalizar a más del 50% de los puertos privados de Iquitos, consolidar a ENAPU como administrador portuario público y que todas las concesiones sean por iniciativa pública. De acuerdo al estudio de Videnza Consultores, el costo fiscal de la implementación del plan de Gobierno de Juntos por el Perú sería de S/. 89,277 millones o su equivalente al 11.9% del Producto Bruto Interno.
Infografía sobre los planes de gobierno más costosos. Juntos por el Perú se posiciona en el segundo lugar.
Dimensión institucional
En lo concerniente a reforma política, el partido propone una nueva Constitución con institucionalidad democrática y representativa, que incluya un nuevo capítulo económico que garantice la capacidad planificadora y reguladora del Estado. Además, un diseño institucional descentralizado e intercultural con escaños y altos cargos gubernamentales reservados para los pueblos indígenas y afroperuanos.
También la entrega de “un Ingreso Básico Universal hasta por dos años” conforme la reactivación económica, la titulación de las comunidades nativas, el respeto total del derecho a la Consulta Previa e incorporar de la pregunta de autoidentificación étnica en los censos y los registros administrativos del Estado. Asimismo, crear la Ley de promoción de la diversidad cultural y el Instituto Peruano de Lenguas Indígenas.
Por su parte, se prevé reincorporar al Perú a la UNASUR, dotar de carácter vinculante las decisiones e iniciativas del Parlamento Andino, revisar los Tratados de Libre Comercio (TL) “con el objetivo de defender nuestra soberanía”, establecer un canon migratorio para brindar ayuda humanitaria y la inserción de peruanos en otros países, y detener de inmediato “el ilegal bloqueo internacional a Cuba”.
En la lucha contra la corrupción, apuestan por una Comisión de Ética del Congreso con miembros externos, eliminar de manera total la inmunidad parlamentaria, reactivar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia e introducir como agravante del crimen organizado a la captura del Estado. Además, fortalecer a las fiscalías anticorrupción, establecer un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción bajo un enfoque de gestión de riesgos y profundizar la reforma política.
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Juntos por el Perú busca establecer “mecanismos de aseguramiento del pago de las reparaciones civiles” al Estado, y, en seguridad, reforzar la capacidad investigativa de la Policía y formarla con enfoque de derechos, género e interculturalidad. Asimismo, tener un efectivo por cada 300 personas, aumentar en 50% el patrullaje y articular a las rondas campesinas. En tanto, la zona del VRAEM estará conducida al 100% por la PNP.
También proponen un Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre amenazas a los defensores de DD. HH., desarrollar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre la época de violencia (1998-2000) y rescatar monumentos como lugares de memoria. De igual forma, ampliar las “visiones de las memorias colectivas y la historia oficial en el currículo escolar”, y actualizar el Plan Nacional de búsqueda de las personas desaparecidas.
Aspecto Medioambiental
El partido propone un fondo de remediación de pasivos ambientales mineros y de la actividad hidrocarburífera; un plan de descarbonización nacional para erradicar el uso de hidrocarburos, y proteger las lomas en las zonas costeras y los valles y ecosistemas frágiles en territorios urbanizados. Además, los derechos sobre los territorios en los que se ubican los bosques, en especial los de los pueblos indígenas.
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Crear áreas marinas protegidas nacionales y subnacionales; establecer la primera moratoria nacional en Latinoamérica a la minería submarina; diseñar una política de economía circular, y restaurar las áreas degradadas por residuos sólidos. Asimismo, darle mayor presupuesto y competencias al Ministerio del Ambiente (Minam), impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú y fortalecer las capacidades del OEFA para fiscalizar y sancionar infracciones.
Por último, sus propuestas se enfocan en fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, adecuar todos los sectores a sus principios e incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica. Además, debatir la adscripción del Serfor y la Ana al Minam, diseñar e implementar una nueva política de educación ambiental y aumentar la inversión en investigación en materia ambiental.
