Otro escándalo de corrupción y vacunación irregular en el país: dos alcaldes y varios trabajadores del Estado se aplicaron la vacuna de Pfizer sin estar en el padrón
Indignante. Al menos 64 personas en la ciudad de Iquitos se vacunaron de manera irregular con dosis destinadas a inmunizar a adultos mayores de 80 años del programa Pensión 65 y la red de asilos Amachay, en Loreto. Entre los ciudadanos que se aplicaron el fármaco de Pfizer/BioNTech se encuentran los alcaldes de Maynas y Punchana, así como dos funcionarios públicos del Gobierno Regional de Loreto (GORE Loreto).
El gerente de Desarrollo Social, Oscar Llapapasca, detalló que entre las personas que recibieron este beneficio que no les correspondía figuran los alcaldes de la provincias de Maynas y Punchana: Franciso Sajunjo de 69 años, y Jane Donayre Chávez de 63 años. Asimismo, la asesora de educación Joiner Vasquez y el director de operaciones técnicas internacionales Jorge Monasi, ambos trabajadores del gobierno regional.
“A mí me llamaron [para la vacunación], lo analicé bastante y pensé: ‘yo tengo que estar saludable para poder estar al frente y poder solucionar los problemas de mi distrito'”, justificó la alcaldesa Donayre. En tanto, el gobernador Elisbán Ochoa Sosa señaló que fue Clara Bustamante, directora de Promoción de Salud de la Diresa, quien autorizó este proceso un día después de culminado oficialmente la campaña de vacunación a adultos mayores.
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Por lo mismo, en un comunicado, el GORE de Loreto informó que ya separó a Bustamante y a los otros dos funcionarios involucrados en el caso denominado “Loretogate”, y ha iniciado un proceso de investigación administrativo sancionador en su contra. Además, se reorganizará el total del Comité Técnico Operativo de Inmunizaciones de Loreto para continuar con el proceso de inmunización en la región “de forma transparente y oportuna”.
“También estamos aperturando un proceso a algunos miembros del Comité de Vacuna, porque definitivamente ellos tomaron esa decisión ‘poco responsable’, por decir lo menos”, agregó el gobernador regional Elisbán Ochoa a RPP.
La Fiscalía inició investigaciones preliminares sobre el caso por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes funcionales y falsedad genérica.
Por su parte, el congresista acciopopulista por Loreto y presidente de la Comisión COVID-19, Leonardo Inga, publicó la lista de las 64 personas beneficiadas irregularmente con el fármaco de Pfizer. En ella se observa que fueron inmunizados Pedro Augusto Noriega Ríos y Arminda Tello de Noriega, padres de 82 años del gerente general del GORE Loreto, Manuel Noriega Tello.
“Se han utilizado 66 vacunas a personas que no indicaba la relación (el parlamentario Inga ha señalado que son 64). Eso se está investigando, ya hemos solicitado a la Diresa que nos haga un informe pormenorizado y la relación que necesitamos conocer quiénes fueron los que tuvieron este beneficio sin que les corresponda todavía”, expresó el gobernador Ochoa.
Sobre el nuevo escándalo de vacunación irregular en el Perú, el director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa del Águila, sostuvo que “solamente hay ocho o diez personas que se han visto involucradas”, ya que en la lista figuran ciudadanos que pertenecen a Pensión 65 y a los asilos de la red Amachay. “Ellos no tienen nada que ver en eso”, afirmó en Canal N. Asimismo, precisó que él no autorizó ninguna inoculación por fuera del padrón.
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Acciones
El parlamentario Inga informó que la comisión que preside en el Congreso citará al gobernador regional de Loreto y al director de la Dirección Regional de Salud para “que respondan sobre estos hechos”. “Los responsables son los gobiernos regionales y no pueden lavarse las manos en una situación como la que estamos viviendo”, advirtió.
En tanto, la Procuraduría Anticorrupción de Loreto presentó ya una denuncia penal por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad peculado doloso contra los implicados en la vacunación irregular. De acuerdo al procurador Javier Pacheco, los participantes podrían recibir hasta ocho años de pena privativa de la libertad.
“[En la denuncia presentada hoy] se está individualizando la responsabilidad penal de la señora Clara Bustamante Pezo, directora de Promoción de Salud de la Diresa Loreto, quien presuntamente habría autorizado la vacunación de 66 personas que no estarían dentro del rango o grupo prioritario de adultos mayores”, sostuvo en diálogo con RPP.
La Contraloría está cruzando información para determinar quiénes se vacunaron de manera irregular. De momento, en la lista inicial se hallaron 34 personas inmunizadas fuera del padrón.
De otro lado, Luis Ruciman Soplin, decano del Colegio Médico del Perú consejo regional II de Iquitos, informó que la entidad ha conformado un comité de investigación para evaluar también el presunto favorecimiento de las vacunas de Pfizer a 64 personas entre ellas autoridades, funcionarios públicos y sus familiares.
En febrero pasado se hizo pública la vacunación de altos funcionarios públicos de Gobierno, el expresidente Martín Vizcarra, empresarios y sus familiares con un lote de vacunas extra enviado por Sinopharm destinado a proteger al personal responsable de los ensayos clínicos.
De momento, tanto el Congreso como la Fiscalía iniciaron investigaciones preliminares contra los funcionarios implicados en el caso “vacunagate”, aún sin resultados.
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