La agrupación política postula a cinco candidatos con sentencias penales por delitos como hurto agravado, peligro común y nombramiento ilegal del cargo
Acción Popular, el partido que fundara el arquitecto Fernando Belaúnde Terry hace 65 años, postula hoy a la Presidencia de la República al excongresista Yonhy Lescano. El partido del humanismo y la democracia liberal que gobernó el Perú en dos ocasiones: con Belaúnde Terry (1963-1968/1980-1985) y Valentín Paniagua (2000-2001), pretende, a punta de propuestas tildadas como ‘populistas’, dirigir la nación una vez más.
En efecto, el último simulacro de votación elaborado por Ipsos, calculó que el candidato Lescano lidera la intención de votos con 16.8% mientras que la lista congresal del partido hace lo propio con 20.8% de votos válidos. Pese a las marchas de noviembre en contra del acciopopulista Manuel Merino, quien ocupó la presidencia por cinco días tras la vacancia de Martín Vizcarra, la ciudadanía aún parece apostar por este grupo político.
Por lo mismo, Pica News revisó los antecedentes de quienes pretenden ocupar un cargo público desde Acción Popular. Cabe precisar que, pese a que el Comité Político del partido rechazó la vacancia contra Vizcarra y la asunción a la presidencia de Manuel Merino de Lama por afectar la “institucionalidad del país”, no han retirado al excongresista quien hoy continúa como militante de Acción Popular.
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Antecedentes penales
Quien encabeza la lista de aspirantes a funcionarios públicos con antecedentes es el propio candidato presidencial Yonhy Lescano. En marzo de 2019, fue denunciado por el presunto delito de acoso sexual contra una periodista que trabajaba en el Congreso. Según mostró en su momento la agraviada, el entonces congresista le enviaba mensajes obscenos por ‘WhatsApp’ como “¿ya en la camita desnudita?” o “¿cómo va esa delantera?”.
Lescano argumentó que probablemente su equipo de seguridad utilizó su celular para enviar esos mensajes, sin embargo luego negó que los ‘chats’ fueran reales y tildó la denuncia de una “persecución” política en su contra de parte del “fujiaprismo y algunos topos”. Al año siguiente, el Ministerio Público archivó la denuncia debido a que “de acuerdo al contexto [los mensajes] no denotan proposiciones de índole sexual”.
Por otro lado, el candidato al Legislativo por Áncash, Vidal Blas Bravo,fue sentenciado, en 2005, a cuatro años de prisión efectiva por el delito de hurto agravado. Mientras que a su correligionario y postulante por Lima, Fernando Aguilar Castillo, el Tercer Juzgado Penal de Huaraz lo sentenció a un año de prisión suspendida por el delito contra la confianza y la buena fe, en 2004.
Acumulan más de un proceso penal el candidato acciopopulista Pedro Edwin Martínez Talavera. El empresario arequipeño fue sentenciado por el delito de peligro común en 2019, y ese mismo año estuvo el Segundo Juzgado Unipersonal dispuso 77 días de multa en su contra por el delito de nombramiento ilegal del cargo.
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De igual forma, el candidato cajamarquino Henrry Eric Pintado Puelles y el candidato por Junín Jorge James Pérez Rosas suman dos procesos cada uno.Los dos aspirantes al Congresofueron sentenciados por el delito de omisión a la asistencia familiar en 2015 y 2005, respectivamente;y, en la vía civil, demandados por alimentos.
Procesos civiles
Por su parte, en la lista congresal encontramos otros cuatro candidatos con demandas fundadas por alimentos: Luis Alberto Apaza Apaza (Moquegua), Maykol Cristiam Linares Monteza (Cajamarca), Arnaldo Correa Surita (Piura), Daniel Gómez Flores (Huánuco).En el caso del economista Linares Monteza sus procesos suman cinco demandas, que incluyen aumento de alimentos y paternidad extramatrimonial.
En tanto, Danitza Frisancho Berríos, aspirante a una curul por Puno, registra una demanda contractual en 2013; asimismo, el ingeniero civil y aspirante a representar a la misma región, Carlos Javier Zeballos Madariaga, atravesó un proceso contractual en 2016. Por último, la contadora Cyntia Mónica Daga Saavedra, quien va por Huánuco, fue demandada en materia contractual en 2011, pero se declaró la nulidad del acto jurídico.
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