El total de postulantes con antecedentes judiciales asciende a 14: seis con condenas y ocho con procesos civiles
Popular, democrático, constitucional y descentralista, así se define Somos Perú, partido político que lleva a 14 candidatos con antecedentes al Congreso de la República: seis con sentencias penales y ocho con procesos civiles. La agrupación fundada en 1997 por el exalcalde de Lima, Alberto Andrade, postula también al Parlamento al expresidente Martín Vizcarra, hoy investigado por los casos Vacunagate y Club de la Construcción.
Pese a vacunarse de manera secreta junto con su esposa y hermano con dosis destinadas a proteger a personal de los ensayos clínicos de Sinopharm en Perú, el exjefe de Estado continúa como punta de lanza de la campaña electoral de Somos Perú. La investigación preliminar que abrió la Fiscalía y las demás indagaciones por el presunto delito de colusión cuando fue presidente regional de Moquegua (2011-2014) no mellaron el objetivo político.
Martín Vizcarra acompaña al excongresista fujimorista y candidato presidencial del partido Daniel Salaverry a la contienda electoral este 11 de abril. Sin embargo, luego de conocerse que se vacunó por fuera del ensayo clínico cuando todavía era mandatario, el Congreso presentó seis denuncias constitucionales en su contra que podrían inhabilitarlo de ejercer un cargo público por 10 años.
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Antecedentes penales
En tanto, los candidatos con sentencias penales firmes que buscan hoy una curul en el Parlamento concentran en su historial delitos como peculado, colusión, malversación de fondos, entre otros. Por ejemplo, la administradora loretana Ana Zadith Zegarra Saboya cumplió en 2014 dos años de prisión suspendida por el delito de falsedad ideológica, y en 2015 tres años de pena suspendida por el delito de falsificación de documentos.
El exmilitante de Acción Popular y exalcalde provincial de Leoncio Prado, en Huánuco, Misael Albino Alvarado Paucar, también cumplió una condena con libertad condicional por el delito de malversación de fondos, en 2005. Asimismo, el alcalde de la ciudad de Chalhuanza, en Apurímac, Anastacio Rolando Taipe Huamani fue sentenciado en 2008 a tres años de prisión suspendida por el delito de colusión, es decir aliarse con terceros para defraudar al Estado.
Por su parte, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especial en Delitos de Corrupción sentenció en 2020 a Edgar Albino Lopez Quilca, quien postula por Junín, a tres años de pena suspendida y un año con ocho meses sin contratar con el Estado por el delito de peculado, es decir apropiación indebida del dinero público. Sin embargo, “al cumplir con las reglas impuestas en la sentencia”, el juzgado le restituyó todos los derechos suspendidos.
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El abogadoy exregidor de la municipalidad de Sullana, en Piura, Yimy Enrique Granda Marchán también cumplió una sentencia de dos años de pena privativa de la libertad en la modalidad suspendida por el delito de querella por difamación, en 2009. Siete años después, afrontó un proceso penal por el delito de comercialización y tráfico de productos, empero ese se estancó porque el delito había prescrito.
El último postulante al Congreso de la República por Somos Perú que presenta antecedentes penales es el arqueólogoayacuchano y exmilitante de Alianza Para el Progreso (APP), Julio Ernesto Valdez Cárdenas. Élcumplió una pena suspendida por el delito de lesiones en 2016.
Fuero civil
En el terreno de los procesos civiles, el candidato por Ucayali Nelson Raúl Ramírez Ramos y el postulante por Ayacucho Carlos Eduardo Cárdenas Urbay afrontaron una demanda por alimentos cada uno.Por el mismo motivo, en 2017 el Segundo Juzgado de Paz Letrado llevo un juicio contra el abogado Víctor Hugo Josué Sullón Alburqueque, quien va por Tumbes.
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De otro lado, el candidato por Piura, Wilmar Alberto Elera García Laboral tuvo dos denuncias en materia laboral y contractual declaradas fundadas en 2001: en el primero se dispuso el pago de beneficios sociales y en el segundo la ejecución de garantías. Además, la Municipalidad de Sechura, en Piura, entabló una demanda contractual contra el postulante José Bernardo Pazo Nunura.
De igual forma,la educadora Tania Lorena Miranda Sánchez, candidata por Lima, fue demandada en materia contractual en 2009, y el actual congresista Luis Reymundo Dioses Guzmán, que pretende continuar como funcionario público postulando al Parlamento Andino, afrontó un proceso laboral en el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Piura.