La organización que antaño postuló a la Presidencia al encarcelado por el delito de colusión, Gregorio Santos, hoy tiene en su lista congresal a candidatos con delitos como estafa y extorsión
A poco menos de dos meses para las Elecciones Generales del 11 de abril, la premura por conocer el historial y propuestas de los candidatos a la Presidencia, Congreso y al Parlamento Andino se hace inminente. En esta nota, Pica News detalla la quinta lista partidaria que más postulantes con antecedentes lleva al Estado: la de Democracia Directa, o el ex Partido Fonavistas del Perú.
La organización política que, en 2016, llevó al encarcelado expresidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a la presidencia de la República, hoy postula al abogado y fundador del partido Andrés Avelino Alcántara como jefe de Estado. Además, propone cambiar la Constitución y fomentar los valores “cumpliendo los 10 mandamientos de Dios”.
Empero, a contraposición de los preceptos católicos, Democracia Directa lleva a la cima del aparato estatal a 17 candidatos con ocho antecedentes penales y 19 procesos civiles, entre los que destacan estafa, extorsión y violencia. La aspirante a la primera vicepresidencia, Elena Emperatriz Ascarza Quispe, por ejemplo, tiene una denuncia de 2009 por delitos contra la administración pública.
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Delitos dolosos
De otro lado, seis postulantes al Poder Legislativo presentan sentencias penales por diversos delitos. El abogado Carlos Alberto Paredes Ascate, que va por Ancash, tuvo una sentencia por 6 meses de prisión suspendida en 1983 por el delito de estafa genérica. Además, desde el 2001 hasta el 2015, recibió dos denuncias por alimentos y una por violencia familiar.
Al igual que los partidos de izquierda como Juntos Por el Perú y Frente Amplio, incluyendo el plan de gobierno de Acción Popular, Democracia Directa plantea cambiar la Constitución Política del Perú.
El cirujano distinto y exmilitante del Partido Nacionalista Jorge Augusto Concha Carrasco, quien postula por Lima, atravesó también un proceso por alimentos en 2008 y tuvo una sentencia penal en modalidad suspendida por el delito de omisión de asistencia familiar, en 2013. Además, tiene una denuncia laboral en curso en el 17° Juzgado Especializado de Trabajo.
En tanto, el candidato lambayecano José Gerardo Facho Gordillo concentra dos sentencias penales: la primera por omisión a la asistencia familiar, en 1999, y la segunda por violencia contra la autoridad, en 2010. Para ambas el fallo fue la pena privativa de la libertad en la modalidad suspendida.
El ingeniero zootecnista Herman Aristides Bueno Cabrera, quien va por Cajamarca, y el candidato Augusto Antonio Ramos Dolmos, de Lima, también albergan cada uno una sentencia penal en su haber. El Primer Juzgado Penal sentenció a Bueno en 2014 a un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada, y el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima hizo lo propio con Ramos por el delito de extorsión.
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Por su parte, el Jurado Electoral de Arequipa excluyó al exalcalde de Miraflores Daniel Juan Carreón Flores de la carrera congresal. Según indicó el organismo, Carreón omitió sentencias penales en su contra de 1994 y 1996: por el delito de peculado, por el cual cumplió dos años de prisión suspendida, y una condena de tres años por falsificación de documentos.
En el 2020, el Poder Judicial condenó a Gregorio Santos a 19 años de prisión efectiva por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita en agravio del Estado por su gestión como presidente regional de Cajamarca desde 2011 hasta 2014. En el 2016, cumplía prisión preventiva.
Procesos civiles
Suman también demandas por alimentos los aspirantes al Legislativo Guidalte Zavala Rivera y Elmer Fernando Mayta Espinoza, candidatos por Lima y La Libertad, respectivamente. Zavala Rivera con tres demandas en la categoría familia y alimentos, y Mayta Espinoza con un proceso por alimento que concluyó en conciliación en 2015.
Asimismo, Miguel Ángel Surco Quispe, candidato por Arequipa, consignó en su Hoja de Vida dos demandas civiles en su contra. En la primera, el Cuarto Juzgado de Familia aceptó a trámite una denuncia por violencia familiar presentada en 2015, mientras que el Primer Juzgado de Paz hizo lo propio con una demanda contractual de 2019.
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La decoradora de interiores Maria Evelina Merino Chong y la abogada Victoria Ruby Celis Salinas, candidatas al Congreso por Lima,también declararon tener demandas contractuales en su haber. Merino Chong presenta un proceso fundado en 2019, y Celis Salinas, dos del año 2000 y 2015.
Por último, el candidato por Ucayali y exmilitante del PPC, Raul Viena Cachique, registra una demanda contractual en el Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha en 2014, del mismo modo que el abogado liberteño Rudy Edinson González Luján presenta otro en el año 2000 interpuesta por una entidad financiera.
Empero, la lista para el Parlamento Andino no se libra de aspirantes al cargo público con antecedentes contractuales. En este caso, es el conductor de televisión cusqueña Ciro Pacheco Ranilla, contra quien el Tercer Juzgado Civil de esa región aceptó dos demandas en el año 2016 y 2017.
