La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene ahora 15 días hábiles para preparar un informe final que será debatido en el Pleno
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara procedentes las denuncias constitucionales N° 422 y N° 424, es decir antejuicio político, contra el expresidente Martín Vizcarra por su vacunación irregular con dosis del laboratorio chino Sinopharm.
Con 24 votos a favor, se autorizó acumular ambas denuncias por presunta comisión de delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Asimismo, la comisión presidida por el parlamentario Carlos Pérez de Acción Popular, aprobó con 24 votos el informe que declara procedentes las denuncias N° 423 y N° 427 contra Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, por presunta infracción constitucional.
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Informe final
Ahora, el grupo de trabajo tendrá que designar a un congresista delegado para que, en un plazo de 15 días hábiles, investigue y presente un informe final con las declaraciones de los exfuncionarios involucrados. Una vez concluido este, pasará a debate en el Pleno del Congreso.
Las denuncias constituciones se presentaron luego de revelarse que el actual candidato al Congreso por Somos Perú y las exministras, entre otros trabajadores del Estado, se inmunizaron fuera del ensayo clínico de Sinopharm en el Perú. Las dosis estaban destinadas a proteger al personal de los estudios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
En tanto, Martín Vizcarra advirtió una vulneración al debido proceso y solicitó, a través de su defensa legal, “se retrotraiga el procedimiento parlamentario hasta el momento anterior en que admitieron acumular las denuncias” N° 422 y N° 424. Además, pidió al Congreso que la investigación sea “objetiva, independiente, que encuentre la verdad” y no aprovechen las circunstancias para “eliminar a un contendor político”.
