Luego de revelarse la reunión entre las fiscales del caso y el exmandatario Martín Vizcarra, se abren cuestionamientos sobre una presunta “inconducta funcional” en la investigación
Uno de los casos más grandes de corrupción de la última década cobra nuevos ribetes. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, separó el martes 23 de febrero a las magistradas responsables del caso Cuellos Blancos del Puerto: Rocío Sánchez y Sandra Castro. Esto, luego que Castro revelara que se reunió con el expresidente Martín Vizcarra en el condominio donde este vive para solicitar protección ante la “mafia” que involucraba a jueces y fiscales.
El acto, calificado por la titular del Ministerio Público “de suma gravedad”, sucedió en 2018 luego que Pedro Chávarry, uno de los investigados, jurara precisamente como fiscal de la Nación. Dos años después, se reveló que el empresario Antonio Camayo, también procesado por el caso, tuvo encuentros amicales y políticos con el exjefe de Estado. Públicamente Vizcarra negó los hechos, sin embargo, ante la fiscal Rocío Sánchez, reconoció las reuniones.
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Cronología del caso
En el año 2017, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada del Callao dispuso el levantamiento del secreto de comunicaciones de personas involucradas en los delitos de sicariato, extorsión y narcotráfico por el caso denominado “Las Castañuelas de Rich Port”. Así descubrieron que fueron beneficiadas por funcionarios del sistema de justicia del Callao.
La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, expresó que “nadie es indispensable en el cargo”, en referencia a las magistradas retiradas, y que “encontrarán las personas idóneas” para continuar con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El 20 de octubre de ese año, se identifica una conversación entre el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y el abogado César Salinas, este último le solicita a Ríos intervenir a favor de su patrocinado en un proceso. Entonces, el 22 de diciembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria autoriza el levantamiento de comunicaciones de otros cuatro involucrados. El hilo de la madeja empieza a soltarse.
Para el 2018, la investigación dio paso al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, dirigido por las magistradas Sandra Castro y Rocío Sánchez, y, en enero, la Fiscalía solicita el levantamiento de más comunicaciones privadas. De otro lado, el 23 de marzo, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra asume la presidencia de la República, y el 7 de junio Pedro Chávarry es elegido comofiscal de la Nación.
Al mes siguiente, el portal IDL-Reporteros publica la serie de audios que revelaron tratos ilícitos entre autoridades del sistema de justicia, el programa panorama hace lo propio. Entre los funcionarios involucrados estaban, además de Walter Ríos, el ex presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, y los ex miembros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Julio Gutiérrez, Guido Águila e Iván Noguera.
A través del reportaje “Corte y corrupción”, el portal periodístico publicó los audios interceptados de manera lícita donde se escuchan negociaciones para emitir fallos judiciales favorables a los intereses de los involucrados.
El 19 de julio de 2018, se difunde el primer audio entre el juez Hinostroza y el electo fiscal de la Nación Pedro Chávarry, en el que se coordina el retiro de un vocal de la Academia de la Magistratura (AMAG) “porque ya no se puede trabajar con él”. Al día siguiente, Chávarry jura como fiscal de la Nación y, en agosto de 2018, es incluido en el informe de la fiscal provincial del Callao Sandra Castro.
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Lazos con Vizcarra
Según detallan las fiscales Castro y Sánchez, la reunión con el exjefe de Estado se dio en este intervalo de tiempo. Precisamente, Vizcarra Cornejo anunció la creación de una comisión encargada de la reforma del sistema de justicia, y el 28 de julio, en su primer mensaje a la nación, destaca la lucha contra la corrupción y la reforma al CNM.
En las investigaciones del caso por tráfico de influencias, organización criminal, cohecho activo y pasivo, entre otros, también se incluye al empresario Antonio Camayo y al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.Este último por un audio donde se compromete a ofrecer entradas para el partido de la selección nacional a los jueces Ríos e Hinostroza, presuntamente a cambio de favores judiciales.
Antonio Camayo, dijo ante el Equipo Especial Lava Jato que la citada “Señora K” de la que conversa en un audio con César Hinostroza es Keiko Fujimori. Y que el ex juez supremo buscaba estrechar lazos con ella para posibles apoyos en los procesos judiciales, según detalló Camayo los encuentros se efectuaron.
En julio de 2018, se difundió además un diálogo realizado en abril entre el dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, quien admitió financiar y organizar reuniones con los miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto, y el exjuez César Hinostroza. En este, el magistrado le pide al empresario un encuentro con Vizcarra Cornejo a lo cual Camayo responde que es posible.
En ese momento, el exmandatario negó tajantemente conocer o sostener conversaciones con los implicados en el caso. Empero, el 24 de noviembre de 2020 declaró ante el despacho de la fiscal Rocío Sánchez ver a Antonio Camayo dos veces: en un restaurante a la que asistió José Vega para dialogar sobre apoyo electoral en 2016, y en una casa a la cual acudieron Vega y otras cinco personas.
Procesos judiciales
De otro lado, y pese a tener impedimento de salida del país, el 7 de octubre de 2018 Hinostroza Pariachi huyó del país con destino a España, a través de la frontera con Ecuador. Es el 7 de julio que el Gobierno español aprueba extraditarlo por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, mas no por organización criminal.
Asimismo, Pedro Chávarry, quien además es cuestionado por la alteración de sus notas en el proceso de nombramiento como fiscal de la Nación, mentir respecto a reuniones con periodistas y conversaciones con Hinostroza para asegurar su designación, presentó su renuncia al cargo el 8 enero de 2019.
Un testigo protegido de la Fiscalía entregó capturas de pantallas de un chat denominada “La Botica” donde congresistas de Fuerza Popular coordinaban “garantizar que Chávarry” asuma como fiscal de la Nación. Entonces, la bancada se opuso de aprobar el informe para procesar a los exCNM por el delito de organización criminal.
Hoy, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), creada en reemplazo del CNM, lo destituyó del cargo de fiscal supremo e inició un proceso disciplinario en su contra por mentir sobre las conversaciones con integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto, ordenar el ingreso de su personal a una oficina lacrada del Ministerio Público y convocar a exfuncionarios de Congreso para tomar acciones ante el allanamiento a sus oficinas.
Respecto a los otros involucrados: Antonio Camayo pasó a calidad de “colaborador eficaz”; Edwin Oviedo atraviesa una denuncia penal por el presunto delito de lavado de activos por otro caso, y Walter Ríos cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón por los presuntos delitos de tráfico de influencia agravado, cohecho activo y cohecho pasivo.
Mientras que el Congreso aprobó recién procesar a los exCNM Guido Águila y Orlando Velásquez por organización criminal; Julio Gutiérrez por, además, patrocinio ilegal, y César Hinostroza por organización criminal, patrocinio legal, cohecho pasivo especifico, cohecho activo especifico y tráfico de influencias. Queda pendiente autorizar los procesos contra el miembro del CNM Iván Noguera.
La fiscal Sandra Castro (izquierda) era, desde el 9 de setiembre de 2020, coordinadora del equipo especial que investiga el caso. La fiscal Rocío Sánchez (derecha), en tanto, sostuvo que no existe información que comprometa a Vizcarra con la red de corrupción. Ambas manifestaron fechas distintas sobre la mencionada reunión: Castro indicó que fue en julio y Sánchez, que se realizó en marzo.
En suma, el caso Los Cuellos Blancos del Puerto desencadenó 86 investigaciones en el Ministerio Público que involucran a más jueces y fiscales, políticos y empresarios, como lo es el caso Los Gánster de la Política, que señala al fundador de la universidad Telesup, José Luna Gálvez, como el presunto financista de una red que buscó infiltrarse en la ONPE e inscribir al partido político Podemos Perú.
El actual candidato por Somos Perú, Martín Vizcarra, manifestó el lunes 22 febrero no tener conocimiento sobre qué trataba la reunión con las fiscales del caso Los Cuellos Blancos antes de acudir a la cita. Asimismo, sostuvo no conocer “los detalles” de la investigación y no retomar conversaciones con ninguna de ellas, pese a que Sánchez informó que asistió a su despacho para responder un interrogatorio. De momento, Vizcarra no es investigado.
Además, tres nuevos audios de Walter Ríos y demás implicados, publicados por Canal N, exponen la presunta cercanía entre el exmandatario y Antonio Camayo. Por su parte, la JNJ acordó abrir un proceso disciplinario contra las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, al atribuírseles una presunta “inconducta funcional”. Lo revelado genera cuestionamientos desde distintos sectores, incluidos los imputados, sobre la imparcialidad de la investigación.
