De acuerdo a los datos recogidos, 13 de los nombres registrados se repiten en la lista de las 487 personas inmunizadas en secreto
El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que 122 funcionarios públicos fueron vacunados de manera irregular con las dosis del ensayo clínico de Sinopharm. Según la lista de beneficiarios enviada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) al Instituto Nacional de Salud (INS), 19 funcionarios lograron inmunizar también a sus familias.
En la lista de 487 personas vacunadas se detectaron, además, diversas inconsistencias como 13 registros duplicados, tres con datos dispersos (mismo apellido, con uno o dos nombres) y uno que no existe en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Asimismo, otros de ciudadanos extranjeros que también presentan registros duplicados.
Del total de datos revisados por la Contraloría, 69 nombres mantienen un vínculo de parentesco en primer, segundo y hasta tercer grado. En consecuencia, se hallaron 26 grupos familiares distribuidos de la siguiente manera: 15 titulares con un familiar cada uno, seis titulares con dos familiares cada uno, cuatro con un tres allegados cada uno, y un titular que mantiene vínculos hasta con cuatros personas, es decir que las llevó a vacunar.
Informe de auditoría
De momento, la Contraloría General de la República ya tiene en su potestad la información sobre el proceso de negociación de compra de vacuna de Sinopharm suscrito por el Gobierno peruano. Asimismo, espera recibir en 15 días los datos solicitados a las entidades públicas involucradas en el ingreso de las dosis del ensayo clínico del laboratorio chino: el INS y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
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De igual forma, se delegaron comisiones en todas las instituciones involucradas para profundizar la investigación. En conferencia de prensa, Nelson Shack aclaró que la Contraloría solo tiene injerencia sobre los funcionarios públicos que cometieron actos irregulares, y no sobre los empresarios involucrados.
Además, detalló que existen diversas responsabilidades entre los funcionarios que participaron solos, aquellos que llevaron de manera ilegal a sus familias, y quienes formaron parte de los procesos de negociaciones de compra con los laboratorios, es decir Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud.
A los primeros corresponderían sanciones administrativas, mientras que para quienes negociaron la compra de fármacos con Sinopharm, “sí existen responsabilidades penales”. Por ello, el contralor general pidió a los nuevos titulares de las entidades públicas sancionar ejemplarmente a los funcionarios que se vacunaron en los ensayos del laboratorio en el Perú.
Por último, Shack anunció que en dos o tres meses se tendrá el Informe de Control con los resultados de la investigación. Explicó que, pese a tener el “tema claro” no es suficiente para postular una sanción e imputar cargos, se necesita tener documentos, trabajar con celeridad y rigurosidad para armar la investigación y elaborar el informe de auditoría.
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