Las 270 mil mujeres sometidas a una intervención quirúrgica contra su voluntad podrán acceder a reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno
El Gobierno incluyó a las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) al Plan Integral de Reparaciones (PIR) para las víctimas del conflicto armado interno en el Perú. La autógrafa fue promulgada el pasado 6 de febrero en el diario Oficial El Peruano y se ajusta a los tratados Internacionales de que el Estado peruano forma parte.
La norma modifica los artículos 3 y 6 de la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones y reconoce el derecho a una indemnización para aquellas mujeres que fueron sometidas sin su consentimiento a una ligadura de trompas en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, durante la década de los noventa.
La modificatoria fue iniciativa legislativa de la excongresista del Nuevo Perú Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus). En enero de este 2021, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley y fue exonerado de la segunda votación, según informó la parlamentaria del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban.
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De acuerdo al programa de anticoncepción quirúrgica citado, entre 1996 y 2000, 270 mil mujeres, en su mayoría quechua hablantes, fueron esterilizadas, de ese número tan solo el 35% dio su consentimiento. Ahora, las víctimas y sobrevivientes exigen que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, adopte todas las medidas para que ellas ejerzan su derecho a reparaciones integrales.
La modificatoria de la Ley N° 28592 es el resultado de más de una década de lucha por el reconocimiento de los derechos humanos en el Perú. Cabe mencionar que, la norma incluye a todas las víctimas de “cualquier tipo de violencia sexual”.
La antropóloga Alejandra Ballón, coordinadora y editora del libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada”, manifiesta que se desconoce cuántas mujeres murieron durante las intervenciones o por complicaciones producto de estas. “Por eso es importante que se abra el juicio”, alertó.
“Con las evidencias recopiladas por la prensa, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) la Defensoría del Pueblo, se podrá tener una idea más precisa”, sostuvo al portal Swissinfo.
Para el 1 de marzo está programada la audiencia para que la Fiscalía presente su acusación final contra los imputados por las esterilizaciones forzadas. En casi 16 años, el caso fue archivado y reabierto varias veces.
