Según la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno, la norma vulnera las competencias del Ejecutivo para administrar el erario público
El Tribunal Constitucional (TC) declaró por unanimidad inconstitucional la Ley N° 31039, que permite los ascensos automáticos en el personal del sector salud. La norma fue aprobada por el Congreso de la República el 24 de agosto, pese a la observación del Ejecutivo y la advertencia de Essalud de que afectaría a 11 millones de afiliados.
La medida regulaba los procesos de ascenso automático en el escalafón, nombramiento y el cambio a plazo indeterminado de profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo de la salud, así como el cambio de línea de carrera.
La ley era aplicable a trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa), sus organismos públicos, gobiernos regionales y Essalud que laboraban bajo contratos Minsa, Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y servicios no personales o locación de servicios, ante la pandemia del COVID-19.
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Essalud estimó que aplicar la disposición tendría un costo anual de S/. 1,100 millones, lo que provocaría reducción de ingresos y un déficit económico de más de S/. 2,500 millones para 2020. En consecuencia, el 1 de septiembre, el Gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra interpuso una demanda de inconstitucional de la norma ante el TC.
Según lo expuesto en la solicitud, la ley vulneraba nueve artículos de la Carta Magna: el artículo 43, referido el principio de separación de poderes; el artículo 118, sobre la competencia del Ejecutivo para administrar la hacienda pública; el artículo 78 vinculados al principio de equilibrio presupuestario; el artículo 79, relacionado a la prohibición de los congresistas a crear o aumentar el gasto público, entre otros.
Durante la audiencia, el presidente la Comisión de Salud, Omar Merino López (APP), solicitó que se declare infundada la demanda presentada por el Ejecutivo ya que, de esa manera, se contaría con mayor capacidad de atención de recursos humanos en el sector salud en el contexto de la pandemia.
Esta es la segunda ley aprobada por el Congreso que TC declara inconstitucional, la primera fue la norma que exoneraba el pago de peajes. Hasta el momento, queda pendiente de resolver en el Tribunal Constitucional la demanda presentada por el Ejecutivo contra la ley que establece la devolución de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
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