Rubén Vargas informó que se determinarán las responsabilidades individuales, mientras que la CNDDHH enfatizó en la necesidad de una reforma policial
El ministro del Interior, Rubén Vargas, se reunió con los familiares de Inti Sotelo y Jack Pintado, dos jóvenes que fallecieron durante las manifestaciones en contra del régimen de Manuel Merino, para garantizarles que se allanarán a las investigaciones del Ministerio Público y que protegerán sus derechos ante las denuncias de hostigamiento por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Hay peruanos muertos y heridos, eso no se puede pasar por agua tibia, no se puede tener la mano blanda. Se han producido, sin ninguna duda, actuaciones irregulares que están sometidas a investigaciones”, indicó en una conferencia de prensa este 22 de noviembre.
En la reunión también participó Mar Pérez, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien reveló que, incluso cuando el nuevo gobierno asumió el cargo, recibieron denuncias de actos de intimidación a los heridos, detenidos o brigadistas asistentes a las protestas.
“Hemos explicado en la reunión de esta mañana que cualquier proximidad de la policía (como llamadas amenazantes, presencia policial y verificaciones domiciliarias en la madrugada) resulta revictimizante, la gente no confía en la policía y su cercanía es vista como una amenaza”, explicó Pérez.
Oscar Pintado, padre de Jack Pintado, consideró “bastante penoso” que ellos, como ciudadanos y familia de las víctimas, tengan que protegerse de una autoridad que debiera cuidarlos. “Quiero volver a confiar en la Policía porque el ministro y el Comandante General de la PNP han dado las garantías de que no permitirán ningún acto de hostigamiento”, expresó.
El ministerio del Interior y el comandante general de la PNP, Orlando Velasco, se comprometieron con la familia de Inti Sotelo y Jack Pintado a vigilar que no se realicen actos amenazantes y a generar un canal de comunicación directo con el viceministro del Interior, Carlos León, para reportar cualquier acto que se considere hostigante, detalló la CNDDHH.
En tanto, el ministro Vargas aseguró que se desarrollarán investigaciones imparciales y que “las responsabilidades caerán a quienes tengan que caer”; sin embargo, detalló que estas serán individuales.
Responsabilidades individuales
El titular del Interior sostuvo que no se puede denigrar a la institución policial por el “accionar doloso” de unos “malos elementos”, y que se tiene que determinar las responsabilidades individuales, tanto penales como administrativas. “Quien tiene que determinar de dónde salió el proyectil que ocasión la muerte de los dos jóvenes es el Ministerio Público”, mencionó respecto a las consecuencias penales.
Mientras que, en el marco administrativo, serán la Inspectoría General de la PNP y la Oficina General de Integridad del Ministerio del Interior las autoridades encargadas de determinar a los responsables.
Para ello, se nombró a Luis Naldos como director de la Oficina General de Integridad por “su experiencia en la investigación a vulneraciones de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”.
En junio de este año, Naldos fue nombrado como asesor del exministro del Interior Gastón Rodríguez, uno de los investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves y desaparición forzada producto de la represión policial a los manifestantes contra el régimen de Manuel Merino.
Por su parte, la representante de la CNDDHH, Mar Pérez, indicó que existen serias fallas en el mecanismo de control interno de la PNP y en los mecanismos de inspectoría del Mininter, ya que entre 2012 y 2016 se registraron 46 muertos en manifestaciones pero solo se abrieron investigaciones en cinco casos.
“Además, todas las investigaciones fueron archivadas sin sanciones a los policías involucrados. Estas cifras fueron dadas por el propio Ministerio del Interior al Comité contra la tortura en el 2017”, refirió. Por lo que, instó a una reforma profunda de inspectoría de la policía y de la institución policial.
“Esperamos que no se zanje solo con que unas personas vayan a prisión, lo que queremos es una reforma profunda de la PNP para que se garantice el derecho humano a la protesta en el Perú”, expresó Mar Pérez.
Por otro lado, consultado sobre los altos mandos que ordenaron la represión policial, Rubén Vargas comentó que no brindarán nombres hasta conocer las conclusiones finales tanto del proceso administrativo como del penal. “Inmediatamente tengamos las conclusiones las vamos a compartir”, informó el ministro del Interior.
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