Las claves del Caso Keiko Fujimori y la próxima resolución que podría suspender a Fuerza Popular

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Las claves del Caso Keiko Fujimori y la próxima resolución que podría suspender a Fuerza Popular

Fujimori Higuchi acusó al fiscal José Domingo Pérez y al juez Víctor Zúñiga de querer “eliminar” a su partido de las elecciones generales

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció que “un fiscal y un juez” buscan evitar que el partido político participe en las Elecciones Generales de 2021. “Su intención es que no podamos cumplir con el calendario establecido por la ONPE y quedemos eliminados de la contienda electoral”, aseguró en un video publicado en su cuenta personal de Twitter.

Fujimori Higuchi hace referencia al fiscal José Domingo Pérez y al juez Víctor Zúniga Urday y a la audiencia, programada para el 30 de noviembre, que evaluará el requerimiento fiscal de suspender temporalmente las actividades de Fuerza Popular, en el marco de las investigaciones por el Caso Odebrecht.

La lideresa de Fuerza Popular concluyó su mensaje invocando al presidente de la República, Francisco Sagasti, al titular del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, del Jurado Nacional de Elecciones y los candidatos presidenciales y líderes políticos del país, se pronuncien sobre la justicia y legalidad de un proceso aún sin acusación fiscal.

Asimismo, advirtió que presentará acciones de amparo ante la justicia constitucional y ante los órganos electorales, e informó que se reunirá este 19 de noviembre con los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exponerles el caso de Fuerza Popular.

Suspensión temporal
En julio de 2020, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez solicitó al Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, dirigido por el juez Víctor Zuñiga, suspender a Fuerza Popular de sus actividades por un plazo de dos años y medio, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos imputado a Keiko Fujimori.

Recién el 18 de noviembre, el Cuarto Juzgado aceptó la solicitud y citó a una audiencia virtual para el 30 de noviembre a las partes involucradas: la defensa legal de Fuerza Popular y al representante del Ministerio Público. La demora en la programación del pedido se debió a las sucesivas recusaciones presentadas por el partido político en contra el juez Zúñiga y a otros recursos presentado por la agrupación para ser excluido del proceso indagatorio.

Precisamente, horas previas a este citatorio, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de casación presentado por Fuerza Popular para que se le separe de las investigaciones seguidas a su lideresa por el caso Odebrecht y, en consecuencia, se desestime todo tipo de proceso pendiente que lo involucre como persona jurídica.

De aprobarse el pedido del fiscal José Domingo Pérez, Fuerza Popular quedaría inhabilitado de participar en la contienda electoral de 2021.

Lea también: No al borrón y cuenta nueva, ni a culpar a inocentes.

¿Por qué se investiga a Fuerza Popular?
En el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht y los presuntos pagos ilícitos efectuados a la campaña presidencial de Keiko Fujimori Higuchi en 2011, el Ministerio Público solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado incluir al partido político Fuerza Popular en ese proceso.

¿El motivo? La tesis fiscal sostenía que el grupo político había sido utilizado para lavar el dinero que aportó la constructora brasileña, US$ 1 millón 200,000,  a través de actividades como cócteles. Y que, por tanto, Fujimori Higuchi lideraría una organización criminal que se había constituido al interior de Fuerza Popular, entonces Fuerza 2011, con la finalidad de obtener poder político y recibir dinero ilícito.

El 19 de noviembre 2019, el Juzgado presidido por el magistrado Víctor Zúñiga acepta requerimiento fiscal del Equipo Especial Lava Jato para incorporar al partido político como persona jurídica, no material, a las investigaciones que se le sigue a Keiko Fujimori por la presunta recepción de dinero ilícito de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuerza Popular apeló este pedido argumentando que no existían elementos de convicción para incluir al partido en la investigación; sin embargo, en mayo de 2020, la Segunda Sala de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado confirmó la incorporación del partido a la investigación.

Los letrados de la Sala coincidieron con el juez Zúñiga en que era necesario determinar si, como sostiene la Fiscalía, el partido fue utilizado para el lavado de activos. Asimismo, desestimaron los argumentos de la defensa técnica de Fuerza Popular sobre la no existencia de elementos de convicción para la inclusión.

Fuerza Popular y el juez Zúñiga
La organización política también ha solicitado recursos de casación para apartar al juez Victor Zúñiga Urday del proceso que se sigue en su contra. De acuerdo a la defensa legal de Fuerza Popular, el magistrado incurrió en una presunta falta de imparcialidad al sostener en una de sus resoluciones que “esta organización política ocultó dinero ilícito”.

Asimismo, señalan que el letrado desestimó la resolución del Tribunal Constitucional que anuló las órdenes de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa del partido. Según RPP, suman 14 recusaciones presentadas contra el juez Víctor Zúñiga.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez se valió del Acuerdo Plenario 01-2017 el cual señala que un partido “sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria”.

El artículo 105 A del Código Penal establece que, de probarse las acusaciones, el partido fujimorista podría asumir “consecuencias accesorias” como la imposición de una multa, desde S/. 21,000 hasta S/. 1 millón 260,000, la suspensión temporal de sus actividades o hasta su disolución.

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