El órgano adscrito al Poder Judicial indica que las afirmaciones vertidas por los magistrados de Ica contravienen la dignidad de la persona humana, los derechos humanos y la perspectiva de género
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) suspendió por seis meses de sus cargos a Ronald Nilton Anayhuaman Andia, Diana María Jurado Espino y Lucy Juliana Castro Chacaltana, jueces que absolvieron a un presunto violador sexual argumentando que la víctima lleva puesto “una prenda íntima de color rojo con encaje”.
La jefa de la OCMA, Mariem De La Rosa Bedriñana, dictó esta medida cautelar contra los jueces especializados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur de la Corte Superior de Justicia de Ica, luego de iniciado un proceso administrativo disciplinario contra los citados magistrados.
El informe detalla que los jueces habrían utilizado “afirmaciones que ofenderían la dignidad de la persona humana” y los de la presunta víctima de agresión sexual “por su carácter subjetivo y arbitrario”. Además, al ser un juez un operador de justicia, contribuye a que el Estado revictimice a la presunta víctima por medio de una visión estereotipada.
Lo que “pondría en evidencia” que los jueces violentaron la perspectiva y el enfoque de género. Ya que, “resultaría inconcebible” que un representante del Poder Judicial prejuzgue a una mujer que denuncia una presunta violación sexual o tentativa de esta, que haya tenido consentimiento tácito solo por el tipo de ropa que utiliza.
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Por tanto, las afirmaciones sostenidas contravienen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política del Perú y los convenios internacionales con rango constitucional. Por otro lado, tras la Visita Extraordinaria de la OCMA se descubrió que habrían incurrido los jueces en otras conductas prohibidas como el uso de equipo de cómputo para fines distintos a la función.
La Oficina de Control de la Magistratura continúa las indagaciones para emitir una resolución final con estricto respecto a las normas, a los plazos establecidos y al derecho de defensa de los investigados: Ronald Nilton Anayhuaman Andia, Diana María Jurado Espino y Lucy Juliana Castro Chacaltana.
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