El Senado mexicano ratificó el Acuerdo de Escazú, con lo cual este instrumento regional de protección de los derechos ambientales entrará en vigencia en América Latina y el Caribe
México se convirtió en el undécimo país en ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú. Por unanimidad de 66 votos, el Pleno del Senado mexicano le dijo sí al reconocimiento del desarrollo sostenible como derecho.
Firmado por 24 países en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, el Acuerdo de Escazú es un instrumento regional que tiene por objetivo garantizar la plena y efectiva implementación de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental en América Latina y el Caribe.
Consultado por Pica News, el abogado experto en derecho ambiental, César Ipenza, señala que se tenía confianza respecto a la aprobación de Escazú, pues en muchos de los países, asegura, la población es más informada y “menos fácil de engañar con argumentos como la pérdida de soberanía o la pérdida de inversiones”.
La ratificación en un país como México, que forma parte de la Alianza del Pacífico y tiene una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe, desmoronan “las mentiras tejidas en torno a Escazú” referidas a que este Acuerdo Regional dilataría la inversión, explica Ipenza.
Vigencia
Tal y como indica el Acuerdo, se necesitaba de 11 ratificaciones para que Escazú entre en vigor. Con la decisión del Senado mexicano, el número se alcanzó, pero queda pendiente que tanto México como Argentina, décimo país en ratificar, depositen el expediente de manera formal en la sede de la Naciones Unidas, en Nueva York, ya que ahí se encuentra la Secretaria de Tratados, detalla el abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza.
Según indica el artículo 22 del Acuerdo Regional, Escazú “entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el undécimo instrumento de ratificación”. Por lo que, Ipenza, menciona que es probable que el próximo año este instrumento regional esté vigente e, incluso, se realice la primera conferencia de las partes.
De momento, el Perú quedó fuera del Acuerdo de Escazú. El 20 de octubre de 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso rechazó la ratificación del acuerdo en un debate plagado de argumentos carentes de veracidad, entre los que destacan la pérdida de la Amazonía y la sumisión internacional, a pesar que el documento publicado no expresa ninguno de los dos puntos.
Perú y su rechazo
¿Qué pierde el Perú? Cesar Ipenza manifiesta que son los mismos ciudadanos de a pie los principales afectados ya que, el Acuerdo de Escazú es un instrumento que permite a los ciudadanos tener acceso a la información sobre el nivel de contaminación del entorno y sobre los procesos de cambios de normas que, en muchos casos, favorecen a empresas con actividades perjudiciales para el medio ambiente.
“Como ciudadanos podemos exigir que el Estado actué conforme a ley y, si el Estado no actúa en ese sentido o no tenemos satisfecho nuestros derechos, podemos exigir la vía judicial. Tenemos (en el Perú) los mecanismos pero no de manera homogénea con los países vecinos”, aclara Ipenza.
El abogado especialista en materia ambiental observa, con mayor preocupación, que el Perú no tenga “los mecanismos desarrollados plenamente para garantizar” que las personas que realizan acciones en defensa del ambiente no puedan ser amenazadas o asesinadas.
“Lo estamos viendo ahora en las diversas situaciones de violencia contra algunas personas en Tanshiyacu, en Loreto, a raíz de las diversas acciones que ha tenido el estado contra esta empresa”, anota Ipenza.
Sin embargo, todavía existen caminos para ratificar Escazú, aunque no en esta legislatura. Ipenza detalla que será tarea de las próximas autoridades poner de nuevo el Acuerdo en debate, pero esta vez el Ejecutivo deberá ser proactivo y estar comprometido para defender sus fueros, por un lado, y el Congreso, por otro, informado de los beneficios que tiene para el Perú y sus ciudadanos.
“Porque el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores (en esta gestión) hicieron poco o nada para defender este instrumento”, aseveró. Por otro lado, Ipenza prevé que conforme se vayan sumando más países al Acuerdo y se evidencien las mentiras sostenidas, el Perú sea uno de los últimos países en ratificar Escazú, así como fue uno de los últimos en tener un Ministerio del Ambiente y leyes específicas en materia ambiental.
Beneficios en la región
Con Escazú, a lo largo de América Latina y el Caribe surgirá una corriente de desarrollo normativo de protección a los defensores ambientes, pues el Acuerdo establece que los países deben desarrollar sus normas nacionales en protección de los derechos ambientes. Por ello, afirma Ipenza, se generarán “mejores mecanismos que garanticen la defensa” de las personas que defienden el medio ambiente.
Además, agrega, se consolidarán “mejores mecanismos de comunicación” respecto a los niveles de contaminación del ambiente y, con esa información, los ciudadanos podrán exigir a sus estados resolver esas situaciones. “La autoridades no están para alertarlos nada más, sino para tomar acciones y responder a esa problemática”, acotó el experto en derecho ambiental, César Ipenza.
“Las autoridades, como administradores temporales de nuestros recursos, tienen ese rol y no solo alertarnos y decirnos qué hacemos. Por eso deben prepararse y resolver esa problemática. Hay una gran posibilidad importante de desarrollo (con Escazú)”, concluyó.
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