El Congreso de la República acaba de aprobar una nueva moción de vacancia contra el jefe de Estado Martín Vizcarra, por presuntamente haber recibido S/.2’300,000 de empresas ligadas al ‘Club de la Construcción’.
Esta es la segunda vacancia presidencial en menos de dos meses. La anterior fue por las visitas de Richard Cisneros a Palacio y unos audios en los que el mandatario coordina con sus asesores respecto a cómo manejar la información de la misma.
Los parlamentarios recurren a la figura de la “permanente incapacidad moral” citada en el en el inciso 2), del artículo 113 de la Constitución Política para legitimar los pedidos de vacancias contra el presidente Vizcarra.
Los congresistas sostienen una y otra vez que utilizan esta potestad para que el mandatario pueda “darle explicaciones al país” respecto a las denuncias en su contra. Ya varios constitucionalistas han explicado lo inexacto y hasta absurdo que es presentar mociones de vacancia aduciendo a esta figura, más aún cuando se trata de una investigación en curso y no de una sentencia firme.
Si lo que el Legislativo busca realmente es que el jefe de Estado responda por las acusaciones que pesan sobre él, lo mejor es apoyar las investigaciones de los fiscales a cargo de los casos de corrupción (Lava Jato, Club de la Construcción).
Sin embargo, varios de los actuales congresistas (cuyos líderes son investigados) no solo han atacado constantemente la labor de estos magistrados, muchas veces incluso han buscado que estos sean separados de las investigaciones en curso.
Además, si lo que le molesta a los parlamentarios es que sobre una autoridad pesen denuncias de corrupción, podría empezar por agilizar los pedidos en contra de sus propios integrantes.
Ha pasado 28 días desde que el presidente del Congreso, Manuel Merino recibió las dos denuncias constitucionales contra su colega Edgar Alarcón por graves denuncias de corrupción. Sin embargo, hasta ahora las acusaciones contra el excontralor (que irónicamente preside la Comisión de Fiscalización) permanecen en el escritorio de Merino, y este no parece tener ningún apuro en debatirlos en el Pleno.
Hace dos meses (2 de setiembre) que el Poder Judicial ratificó la condena e inhabilitación por 3 años contra el parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP), Humberto Acuña. Pero, hasta ahora no se agenda en el Pleno su desafuero, a pesar de la sentencia firme por sobornar a un policía.
El 31 de agosto de este año se conoció que un aspirante a colaborador eficaz acusó al congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga de reunirse con el exjuez Walter Ríos (acusado de integrar la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’) para favorecer a su tío en un proceso por violencia familiar en su contra. Aliaga reconoció haber asistido a una reunión en la que estuvo presente Ríos, aunque negó pedirle algún favor.
Aunque salieron audios que implicaban a Aliaga, la Comisión de Ética rechazó (por 4 votos a favor y 2 en contra) abrir una indagación preliminar en contra del también segundo vicepresidente del Congreso.
Estos ejemplos ponen en duda la verdadera naturaleza de los pedidos de vacancia contra el presidente Vizcarra. Si realmente creen que una declaración de un aspirante a colaborador es suficiente para que este permanezca en el cargo, ¿no deberían aplicar el mismo criterio para los otros casos mencionados?
El que no lo hagan valida cualquier duda sobre la verdadera naturaleza de las mociones por incapacidad moral contra el mandatario e, incluso, podría apoyar las teorías que se trata de un chantaje para invalidar la no reelección de congresistas, volver a la bicameralidad, no fiscalizar los aportes de campaña, etc.
Martín Vizcarra debe ser investigado por las acusaciones en su contra, y también debe responder por ellas ante la justicia y ante los peruanos, pero promover una vacancia cada vez que algún aspirante lo acuse de algo (sin que siquiera haya alguna denuncia concreta) no es pensar en el Perú.
Ningún país puede enfrentar una crisis sanitaria tan grave como la que se vive ahora en medio de una incertidumbre política. La economía de una Nación no va a mejorar si a una pandemia le añades constantes intentos de vacar al jefe de Estado. Ninguna empresa (ni peruana o extranjera) invertiría en el país cuando no sabe si mañana el Perú despertará con otro presidente a cargo, otras políticas, otro gabinete y otras reglas de juego.
Que el mandatario responda por las acusaciones sí, pero que estas no sirvan de excusa para intereses personales de aquellos que se enarbolan la lucha contra la corrupción pero tienen frente a sus narices peores casos que ni siquiera les interesa ver.
