La exgobernadora regional de Arequipa es sindicada por dos aspirantes a colaboración eficaz de recibir millonarios pagos a cambio de la concesión de una obra en su región
El fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, abrió investigación preliminar de ocho meses contra Yamila Osorio, exgobernadora regional de Arequipa (2015-2018), por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir, luego que dos aspirantes a colaboradores eficaces señalaron que Osorio recibió pagos ilícitos a cambio de favorecer a la empresa ICCGSA en la suscripción de un proyecto en esa ciudad.
Según la resolución fiscal publicada por El Comercio, en 2015, un cercano a la entonces gobernadora regional de Arequipa se contactó con Carlos Zariquiey, gerente comercial de ICCGSA para pedirle un pago ilegal de S/. 2 millones para suscribir el contrato para el proyecto de mejoramiento de la carretera Variante Uchumayo. Ese dinero, indican los testigos, era para Yamila Osorio.
Entre el 3 y 10 de diciembre, Carlos Zariquiey le contó a Rafael Granados de ICCGSA, que lo buscó una persona que se presentaba como “cercana a la gobernadora regional y que manifestaba ser su primo, de nombre Edgar”, afirma el aspirante a colaborador N°13-2019.
“Zariquiey y Granados consultaron con Fernando Castillo Dibós y se acordó aceptar esta exigencia con la finalidad de no perder el contrato”, declaró el testigo. Es así que, en una segunda reunión con la persona identificada como Edgar, Zariquey “le confirmó que ICCGSA aceptaba su exigencia”, sostiene el aspirante a la colaboración fiscal.
De acuerdo al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), suscrita a las Naciones Unidas, era la encargada de elegir a la empresa ganadora del concurso público. En diciembre de 2015, la OIM comunica que ICCGSA ganó la buena pro de la obra con la propuesta económica ascendente a S/. 92’ 604,122.26.
Luego de firmar la adjudicación de la obra para el mejoramiento de la carretera Variante Uchumayo, en el distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, y que el GRA pague un adelanto del contrato, la empresa ICCGSA empezó a “recibir presiones” de cercanos al gobierno regional que “cumplieran con el compromiso”, indican testigos.
Presuntos pagos
Según los colaboradores, solo S/. 450 mil fueron entregados por Carlos Zariquiey al supuesto allegado de Yamila Osorio. Luego, la propia exgobernadora regional pidió reunirse con Fernando Castillo Dibós para conocer “el avance del proyecto”.
“Fue así que esa reunión se llevó a cabo en el restaurante “La Trattoria” en el centro comercial Larcomar a las 19:00 horas, estando presente Castillo Dibós, Osorio, Zariquiey y el ingeniero Carlos Carbajal Olmos, gerente de Operaciones de ICCGSA”, expresa la disposición fiscal. En esa reunión, aseguran, Yamila Osorio se quedó conversando en privado con Castillo Dibós.
“Ya a solas, la gobernadora le increpó a Castillo Dibós que ICCGSA no estaba cumpliendo con realizar los pagos ilegales exigidos, recibiendo Castillo por primera vez el mensaje directo de la gobernadora. Así pues, luego de ello, a fines del 2017, al no haber realizado los pagos ilícitos exigidos, el GRA resolvió el contrato con ICCGSA”, agrega el fiscal Germán Juárez.
La disposición fiscal anexa también los informes de la Contraloría sobre la obra: un mayor pago injustificado por S/. 2’464,466.71 y deficiencias en el expediente técnico, como la falta de un estudio de impacto ambiental. Asimismo, el fiscal Juárez dispuso diligencias como la toma de declaraciones de los investigados, el levantamiento del secreto bancario y el levantamiento del secreto de las comunicaciones a los números que brindados por los colaboradores.
Además, se requirió información al Organización Internacional para las Migraciones sobre el concurso público para el proyecto de mejoramiento de la carretera Variante Uchumayo. Y, se ha pedido a la policía que identifique a la persona conocida como “Edgar”, quien según las declaraciones se presentó como familiar de Yamila Osorio.
Descargos
La exgobernadora regional deslindó de las acusaciones vertidas por los dos aspirantes a colaborador eficaz y consideró que se trataría de una “cuestión de venganza” de parte de ICCGSA por los S/. 30 millones que le ejecutó el Gobierno Regional de Arequipa “como cartas fianzas por sus constantes incumplimientos”.
Afirmó haberse reunido en varias ocasiones con ejecutivos de ICCGSA, como Fernando Castillo, porque la empresa no cumplía con los plazos ni los pagos a los proveedores. Una o dos veces en Lima y varias otras en su despacho en la región arequipeña. “Era una situación insostenible. (…) Era desesperante que no cumplan con los plazos y términos de contrato”, indicó a El Comercio.
Por último, negó conocer a Rafael Granados, de ICCGSA, haber coordinado pagos ilícitos con la empresa, por medio de un intermediario o tener algún primo llamdo ‘Edgar’. “No hubiera mandado a nadie a que haga una cosa así”, aseveró. Por su parte, los representantes de la constructora peruana evitaron responder debido a que se encuentran en el proceso indagatorio.
