Despidos arbitrarios a personal con discapacidad en el Country Club El Bosque

El club campestre suspendió de sus labores a seis auxiliares de jardinería con discapacidad y a otros 200 trabajadores, pese a no tener el permiso del Ministerio de Trabajo para hacerlo

En el 2003, como parte de un proyecto de educación y rehabilitación física, el profesor David Tejada Zapata, presentó al Country Club El Bosque una iniciativa para incluir a adolescentes con distintos tipos de discapacidades físicas e intelectuales a la plana laboral del club. La premisa era clara: desarrollar la psicomotricidad y las habilidades sociales de 26 jóvenes, a través de actividades de cocina y jardinería.

Luego de un largo proceso de aprendizaje, Omar, Alex, Miguel, Juan Carlos, Eliseo y Jorge, los seis jóvenes más comprometidos con el proyecto, recibieron en 2012 su primer contrato de trabajo por hacer algo en lo que se sentían realmente cómodos: “transformar la naturaleza”, en palabras de su profesor David.

Con esta gran puerta, los ahora seis adultos iniciaron su carrera laboral y, con ella, consolidaron un proceso de autovalidación e independencia personal y económica que todo ser humano necesita, sin importar cualquier tipo de condición. Sus familiares y tutores, a la par, observaron orgullosos el desarrollo de sus hijos en sociedad.

“Los directores (del C.C. El Bosque) ponían a nuestros alumnos como ejemplo”, comenta el profesor David Tejada, a quien se le escucha orgulloso de los logros de cada uno de sus alumnos. Incluso, recuerda como anécdota, que los otros trabajadores le pedían que sus “hijos”, como los llama, trabajasen menos ya que eran tan competentes que hacían ver lentos a sus demás compañeros.

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En ese momento, Mundo Service Asociados S.A.C. era la empresa responsable de gestionar los convenios de trabajo para el puesto de “auxiliar de jardinería”. Cinco años después, toma la posta el propio Country Club El Bosque, quien decide contratarlos a plazo fijo con contratos renovables cada seis meses. Ahí empezarían las irregularidades.

De acuerdo al experto en derecho laboral Guillermo Miranda, el principio de causalidad de la materia indica que a “un puesto permanente le corresponde un contrato permanente”. Y, pese a que el contrato de Omar, Alex, Miguel, Juan Carlos, Eliseo y Jorge atribuía el motivo a “necesidades de mercado”, los seis mantuvieron siempre actividades inherentes a una empresa de la naturaleza del C.C. El Bosque.

Además, el Decreto Legislativo 728 manifiesta que los contratos para las personas con discapacidad no son excepcionales, sino comunes y corrientes, y que, al superar los cinco años de contratos modales, estos se convierten de manera automática a plazo indeterminado. Un aspecto que el Country Club habría decidido ignorar en desmedro de los seis trabajadores.

Los tutores y familiares de los seis auxiliares de jardinería presentaron una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) hacia lo que ellos consideran configuraría un “fraude contractual”. Pese a todo, los trabajadores persistieron en embellecer los predios del club pues lo que desean, expresa el profesor David Tejada, es siempre “sentirse útiles”.

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Abuso de autoridad
Luego de ocho años trabajando para el club y más de 17 formando parte de la comunidad, el 15 de abril de 2020, Juan Yauyos Ramírez, persona con discapacidad intelectual, de 38 años; Miguel Sandoval Acosta, persona sordomuda, de 33 años y Omar Vitor Maravi, persona con discapacidad intelectual, de 33 años, recibieron un mensaje por ‘Whatsapp’, por intermedio de sus familiares, donde les informaban que fueron suspendidos temporalmente de sus funciones como auxiliares de jardinería.

El mismo mensaje, por la misma aplicación, le llegó a los tutores de Jorge Gómez Bailon, 36 años; Alex Ancco Huamán, de 44 años, y Eliseo Garate Gonzales, de 50 años, trabajadores con discapacidad intelectual. El remitente era Fabián Lara Milla, jefe de Recursos Humanos del Country Club El Bosque, y elmotivo de la suspensión perfecta de labores: la pandemia por el COVID-19.

Así como ellos, otras 200 personas fueron cesadas de sus trabajos de manera unilateral y sin consulta previa, algo prohibido en los Decretos de Urgencia 026, 029 y 011-2020, referidos a los regímenes laborales en el marco de la emergencia sanitaria. Los que señalan que la empresa debe generar antes otros caminos con sus colaboradores, ya sea trabajo remoto o licencia con goce de haber, explica Guillermo Miranda, abogado laboralista.

Pero, en caso, la organización probara insostenibilidad económica y fuera acreditada por el Ministerio de Trabajo, la norma es clara en señalar que los trabajadores con discapacidad, así como los dirigentes sindicales, las trabajadoras gestantes y las personas con alto riesgo de contagio de COVID-19, están excluidos de la suspensión perfecta. ¿Dónde se sostiene entonces esta decisión?

Miranda enfatiza, además, que la Constitución Política del Perú protege a las personas con alguna discapacidad y que, la Ley 29973, establece, incluso, que toda empresa privada debe tener una cuota mínima de 5% de colaboradores con discapacidad en su planilla.

Pese a esta irregularidad, el agravante aparece unos meses después, cuando, el 30 de julio, por medio de una carta notarial, los tutores de Omar, Alex, Miguel, Juan Carlos, Eliseo y Jorge reciben otro golpe. Esta vez el Country Club El Bosque les comunica que no les renovarán el contrato vencido el 30 de junio, es decir, los despiden sin mayor explicación.

Los seis trabajadores, junto con sus familiares, pusieron entonces la denuncia por despido arbitrario ante Sunafil y asisten a la comisaría de Chosica para dejar constancia de los hechos. En compañía de policías se acercaron a los exteriores del club campestre para exigir una explicación, pero les informaron que no había ningún encargado que pueda ayudarlos.

“Esa no renovación era un despido, en apariencia inconstitucional, porque afectaba un grupo de personas protegidas”, indica el laboralista Guillermo Miranda. Además, señala que si se verifica que fueron despedidos solo por el hecho de tener alguna discapacidad, “habría hasta un despido nulo”, ya que despedir a un trabajador con esas características “está sancionado”.

Mentira sostenida
Aquí inicia el periplo de estas seis familias y el profesor David Tejada para obtener justicia. El 26 de septiembre, expiden una carta detallando lo sucedido al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 1 de octubre remiten lo mismo al despacho de la congresista Mirtha Vásquez Chuquilin, presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, del Congreso de la República. Empero, las respuestas no llegaron.

La persistencia se mantuvo intacta y el 5 de octubre envían la misma carta pero esta vez dirigida al congresista de Unión por el Perú, Alexander Lozano Inostroza, y al segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú), el 14 de octubre. Solo Lozano Inostroza contestó a sus demandas por medio de dos oficios remitidos a los representantes de la Sunafil y el Ministerio de Trabajo exigiendo información y medidas al respecto.

En simultáneo, y en vista de la no apertura del club a dialogar, los tutores del auxiliar de jardinería Juan Carlos Yauyo Ramírez solicitan al Ministerio de Trabajo la transparencia sobre el proceso de suspensión perfecta de labores que efectuó el Country Club El Bosque. Ahí descubren la mentira sostenida: no solo el club había faltado a la norma al suspender a personas protegidas por ley, sino que no estaba autorizado para suspender a ninguno de sus trabajadores.

En una carta, fechada al 7 de octubre, el Ministerio de Trabajo informa que la fecha límite para que la empresa presentara la solicitud de suspensión perfecta de labores, para el periodo abril a julio de 2020, era el 21 de abril. El club realizó este proceso días posteriores por lo que su pedido fue registrado como “no presentado”, y a pesar de tomar conocimiento, no comunicó a sus trabajadores la resolución.

El abogado de los trabajadores perjudicados, Roberto Villegas, asegura que “estamos ante un fraude” por parte del Country Club El Bosque, pues no solo ocultó la situación inexistente, sino que se apropió de las remuneraciones de los seis asistentes de jardinería.

“Es configurado el delito contra la fe pública porque la entidad mantuvo en engaño a los trabajadores indicando que están en suspensión perfecta cuando no es correcto. Este hecho constituye el delito de por sí”, formula Villegas.

Por ello, están a la espera de las medidas administrativas sancionadoras de la Sunafil, lo que ameritaría un pago aproximado de S/. 43,000 por cada trabajador. Ya que, como detalla el laboralista Guillermo Miranda, afectar a grupos protegidos está en relación con infracciones muy graves.

Los tres meses que Omar, Alex, Miguel, Juan Carlos, Eliseo y Jorge y sus familias no recibieron el oxígeno económico mellaron no solo en sus bienes materiales, sino también los intangibles. El profesor David Tejada Zapata confiesa que los seis trabajadores mejoraron notablemente sus capacidades sociales y neuromusculares cuando se encontraban laborando. El mantenerse activos para ellos es vital, y en tiempos de pandemia, el confinamiento y la perdida de contacto humano no son buenas compañeras.

Consecuencias legales
El escenario próximo para la Asociación Country Club El Bosque, con más de 400 asociados, se encausaría en la vía administrativa y en la vía judicial: asumir una responsabilidad administrativa sancionadora y una reposición por demanda de despido fraudulento, sostiene Miranda.

Roberto Villegas incluye una tercera consecuencia: la sanción penal respecto a los funcionarios que mantuvieron engañados a los trabajadores. Y, en caso algún trabajador no desee regresar a ese centro de labores, el club deberá pagar indemnizaciones por daños y perjuicios.

En suma, existe una “concurrencia de varias infracciones”, desde el uso fraudulento de contratos sujetos a modalidad, suspender a trabajadores sin respetar el procedimiento y, de verificarse los despidos por razones de discapacidad, incurriría en un acto de discriminación, de acuerdo con el abogado laboralista Guillermo Miranda.

Este medio se comunicó con la central del Country Club El Bosque para solicitar sus descargos ante la denuncia, nos informaron que derivarían nuestra solicitud al área encargada para que pudieran respondernos tan pronto sea posible. Hasta el cierre de esta nota, no nos devolvieron la llamada.

De igual forma, tomamos contacto con el presidente del club, Rodolfo García Otoya, quien de manera enérgica exclamó que él no supervisaba los aspectos administrativos de la organización, que solo “está de paso”; sin embargo permanece en el cargo desde enero de 2016 cuando la gestión solo dura 2 años.

En todo caso, nos indicó que conversemos con el gerente general del C.C. El Bosque, Fernando Fonseca, quien tiene atribuciones sobre toda la documentación del club. A pesar que el señor García Otoya no quiso facilitar un número o correo de contacto del responsable, conseguimos dos números de contacto adicionales en los que no contestaron.

Por último, llamamos al jefe de Recursos Humanos, Fabián Lara, para pedir información sobre las suspensiones inexistentes a los auxiliares de jardinería pero, aunque nos contestó, luego de identificarnos colgó la llamada y el teléfono estaba apagado cuando intentamos llamar nuevamente.

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En palabras del experto en derecho laboral, Guillermo Miranda, que en el contexto de emergencia sanitaria un empleador que “tampoco sea la bodega de la esquina cometa un atropello contra personas que tiene protección”, nos enrostra de manera más evidente que vivimos en una sociedad marcadamente desigual.

“Donde el que tiene menos poder, el trabajador, está a espaldas de la protección de la ley”, menciona. Y cuestiona, además, que estos perjuicios a los derechos laborales no tengan otro tipo de repercusiones jurídicas y sociales. “Ninguna autoridad es capaz de hacer ninguna declaración política de protesta”, lamenta Miranda.

Al cierre de esta nota, Omar, Alex, Miguel, Juan Carlos, Eliseo y Jorge continúan a la espera del pronunciamiento de Sunafil y del propio Country Club El Bosque lugar que los acogió por casi dos décadas para estimular y aflorar sus sentidos en la naturaleza, y que hoy les da la espalda en medio de una crisis sanitaria que golpea en cuerpo y espíritu.

Dato:
Mañana, 31 de octubre, el profesor Tejada, los tutores de los seis trabajadores y los propios afectados realizarán un plantón pacífico en el frontis del C.C. El Bosque para expresar su denuncia de manera pública y exigir alguna respuesta por parte del personal administrativo.

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