La Autoridad del Transporte Urbano, organismo técnico facultado, alerta que esta propuesta pondría en riesgo la reforma integral de transporte público
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República postergó el debate del proyecto de ley que extiende las autorizaciones por 10 años de todas las unidades de transporte público de Lima y Callao. La decisión se votó a pedido del congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, quien propuso escuchar primero la opinión de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y la sociedad civil.
La medida legislativa propuesta por el congresista de Acción Popular, Luis Carlos Simeón Hurtado, planea ampliar de manera automática por 10 años los permisos de incluso los transportes con deudas por multas graves. A pesar de esto, el parlamentario descartó que su iniciativa promueva la informalidad ya que, argumenta, esta busca implementar tecnología GPS y respetar los derechos laborales de los transportistas.
“El espíritu de la norma no es obstruir la labor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, lo que estamos promoviendo es un sistema tecnológico y seguridad jurídica para los que se dedican a este sector”, indicó durante el debate virtual.
En horas de la mañana, el legislador de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue, quien propuso una norma similar ante la Comisión de Transportes, pidió se retire su proyecto de ley que prolongaba por seis años estas autorizaciones. El parlamentario consideró “innecesaria” su propuesta ya que la ATU publicó una resolución donde indica que ampliará los permisos para el transporte público y taxis por seis meses.
El congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, felicitó esta decisión previa al debate de la tarde en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y confió en que se desista también el proyecto de ley del parlamentario de Acción Popular. “La reforma del transporte es urgente y no se puede frenar”, escribió en cuenta de Twitter.
Miradas al respecto
Por otro lado, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, consideró que el Congreso no debe abocarse a temas de materia técnica competencia de una autoridad como la ATU, creada exclusivamente para abordar la problemática de transporte de manera técnica.
“Lo que está consiguiendo en la práctica es que tengamos seis años con empresas comisionistas afiliadoras, donde no hay renovación de flota, donde es imposible eliminar las rutas que no funcionan, donde no es posible mejorar la matriz energética. Esta situación es bien delicada”, indicó para Canal N.
Comentó, además, que la ATU presentó, en dos oportunidades, un plan de trabajo ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones. “En ambas situaciones se explicó con bastante detalle que estamos preparándonos para poder implementar de forma rápida los procesos que permitan contar con una malla de transporte completamente diferente y cambiar la realidad”, señaló.
En tanto, el jefe del Gabinete, Walter Martos, anunció que, en conversación con el presidente del Congreso, Manuel Merino, acordaron trabajar en conjunto todas las iniciativas legislativas para encontrar soluciones consensuadas por el bien del país. Incluida, por supuesto, la reforma del servicio de transporte público.
El jefe del Gabinete Ministerial explicó que la propuesta Ejecutivo-Congreso tiene por fin hallar decisiones equilibradas sin efectos negativos. “Nos vamos a reunir con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para presentarles una propuesta y trabajar conjuntamente en lo que son las iniciativas legislativas”, añadió.
Seis meses más
La ATU, organismo técnico facultado para reordenar las rutas del transporte y promover un sistema de transporte integrado, publicó, en el diario oficial El Peruano, una resolución que prorroga la vigencia de las autorizaciones del transporte público y de los taxis por seis meses.
Las movilidades escolares, transporte turístico y transporte de personal también podrán continuar con sus permisos pero solo por el plazo de un año. La medida, que entra en vigencia a partir del 1 de noviembre, beneficia de igual forma a los transportistas ya que podrán prestar servicios hasta que se regulen las disposiciones de reactivación económica para su sector.
Asimismo, la ATU tomará medidas para extender el subsidio económico a los operadores formales y el monitoreo de las flotas vehiculas por GPS. La entidad de transporte viene ejecutando estas prórrogas temporales para que las empresas se adapten al nuevo sistema formal y renueven sus flotas vehiculares.
Esta decisión técnica regulatoria permite continuar con la reforma del servicio de transporte público en Lima y Callao, pendiente hace más de 30 años. Esto incluye: un sistema único de pago, la eliminación de rutas inoperativas, el chatarreo de vehículos infractores, la circulación de flota, la segregación de corredores que permitan viajes más rápidos y seguros, entre otros servicios que beneficiaran a más de 8 millones de usuarios al día.
Así, la ATU “descarta la necesidad de realizar una renovación automática de las autorizaciones que carecen de sustento técnico alguno”. De esa manera, “reafirma su compromiso por mejorar” la vida de los ciudadanos a través de la implementación de un sistema integrado de transporte de calidad y amplia cobertura, moderno, limpio, eficiente, sustentable y “respetuoso de la dignidad de los usuarios”.
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/10/06/1890688-1/1890688-1.htm
