Pica News entrevistó a dos especialistas en derecho penal para responder las interrogantes en torno a la medida adoptada por el Poder Judicial contra Karem Roca, Mirian Morales y otros investigados
El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por siete días para 10 implicados en el caso ‘Richard Swing’, entre ellos tres exfuncionarios vinculados al presidente de la República, Martín Vizcarra: Karem Roca, ex asistente administrativa de Palacio de Gobierno; Mirian Morales, ex secretaria general de Presidencia, y Óscar Vásquez, ex asesor presidencial.
Además, por supuesto, para el propio protagonista de las presuntas contrataciones irregulares con el Ministerio de Cultura (Mincul), entre los años 2018 y 2020: el cantante Richard Cisneros. Así como para los exfuncionarios de esa cartera del Estado.
La medida solicitada por la fiscal Janny Sánchez argumenta peligro de fuga y obstrucción a la justicia por parte de los procesados ya que “existiría el antecedente”, sobre todo en el caso de Morales, de “orientar a los testigos a cómo declarar en la investigación fiscal”.
Sin embargo, la defensa legal de los detenidos sostuvo que sus defendidos se mostraron prestos a colaborar con las investigaciones desde el inicio de las mismas. Pica News consultó con dos especialistas en derecho penal para dilucidar las interrogantes sobre esta medida por el caso Richard Swing.
¿Exageración?
El abogado penalista Luis Lamas Puccio aclaró que la figura de la detención preliminar se realiza como parte de un proceso de investigación fiscal en la cual se necesita profundizar en la información a la que aún no se tiene acceso y que está en poder exclusivo de los detenidos.
“La fiscal parte de la premisa que, estando en libertad (los investigados), ella no puede indagar porque estas personas no habrían dicho todo lo que tienen que decir o estarían entorpeciendo la investigación a través de intercambios de información o conversaciones entre ellos”, indicó Lamas Puccio para Pica News.
Empero, consideró que, a la luz de la fotografía inicial, la medida adoptada es “exagerada porque esas personas han venido colaborando”. “Habría que conocer si realmente han entorpecido la información, imagino que la Fiscalía tendrá información sobre el particular”, señaló.
Según la resolución judicial a la que accedió el diario El Comercio, la Fiscalía tiene en sus filas un aspirante a colaborar y testigo protegido. Los detalles de lo expuesto por esta persona, aún sin identificar, están en reserva del Ministerio Público.
Por su parte, el también especialista en derecho penal, Mario Amoretti, calificó de un “exceso” el pedido de la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
“Es un exceso. Esta es una investigación que tiene varios meses, y hace más de un mes que el fiscal solicitó una incautación de bienes del domicilio de los implicados, ¿por qué no pidió ahí la detención preliminar? que es lo que se acostumbra en estos casos”, respondió Amoretti a Pica News.
Agregó que, al acudir los investigados a declarar al Congreso de la República o a las indagaciones respectivas, se “desvirtúa cualquier posibilidad de fuga”.
“El fiscal solicita esta medida en razón que requiere llevar a cabo diligencias necesarias y urgentes, y esas diligencias ya las pidió con el allanamiento e incautación hace un mes. Por eso no se explica que recién ahora pida la detención cuando al pedir esas diligencias (pasadas) de carácter de urgencia no lo hizo”, recalcó el letrado.
¿Factor mediático?
Por otro lado, ambos especialistas coincidieron en la existencia de un factor mediático en las intervenciones a los investigados por el caso Richard Swing. Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio las detenciones en el Perú, de acuerdo a como se realizan, “se han convertido en un circo porque sacan a los detenidos esposados, con chalecos, rodeados de policías”.
“Como se trata acá de justificar y de encubrir, detienen a estas personas, se genera un revuelco en los medios de comunicación y, por otro lado, a Vizcarra no le pasa nada cuando en realidad es el personaje más importante”, expresó Lamas Puccio.
En esa línea, afirmó que de esa manera “se justificaría la investigación” para alegar que las autoridades no se quedaron “con los brazos cruzados”.
“Ahora la justicia en el Perú se ha mediatizado. Hay que alimentar esa mediatización dando este tipo de información porque rebota. Mientras eso sucede se orienta a la opinión pública y, por otro lado, se le desorienta para encubrir casos como el que estamos analizando”, apuntó el jurista.
Por su parte, el penalista Mario Amoretti indicó que en el reglamento procesal existe una disposición expresa que prohíbe que las autoridades presenten o exhiban de manera pública a una persona mientras se inicia o haya empezado un proceso judicial.
“Recién inicia la investigación y señala expresamente que en resguardo de la presunción de inocencia una persona solo puede ser presentada como culpable después de haber recibido la sentencia condenatoria”, detalló el abogado.
Posibles escenarios
El especialista en derecho penal, Luis Lamas Puccio, aseveró que privar a una persona de su libertad es una “medida excepcional” que procede solo bajo determinados parámetros. Por lo que, los argumentos de la detención se corroborarán en los próximos días si es que la fiscal Sánchez formaliza una investigación preparatoria y solicita una prisión preventiva.
“En el entendido que esta detención preliminar habría fortalecido sus elementos de convicción en términos de las exigencias que señala el código procesal penal para solicitar una prisión preventiva”, mencionó Lamas Puccio.
De igual forma, el letrado Mario Amoretti sostuvo que puede que se disponga la libertad de solo algunos de los procesados o, en su defecto, sean denunciados para continuar con la investigación preparatoria y solicitar la prisión preventiva. Sin embargo, cuestionó que el equipo fiscal requiera la prisión preventiva en base a los indicios que ya tienen en conocimiento.
“Tienen que demostrar la existencia de elementos de convicción, (elementos que) convenzan al juez que ellos (los investigados) son autores de tal o cual delito y que existe la prueba para demostrar que hay una posibilidad de fuga”, aseguró Amoretti.
Asimismo, recordó que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional manifestaron que si existe arraigo familiar, laboral y domiciliario, bajo ningún punto de vista procede la privación de la libertad. “Tienen que ser (investigados) en libertad, más adelante puede disponerse una prisión preventiva, pero en su momento han ido a declarar, yo considero que ha sido un exceso”, manifestó.
