Nuevas rutas de dinero del expresidente Alan García

A raíz del embargo de transacciones del exmandatario por parte del Ministerio Público, repasemos qué otros casos se le imputan al ex líder aprista

La Fiscalía de pérdida de dominio embargó US$ 840,000 en inversiones inmobiliarias realizadas en el 2018 por el fallecido expresidente de la República Alan García Pérez. De acuerdo a las indagaciones fiscales, este dinero tendría origen ilícito.

Un reportaje de América Noticias reveló que la ruta del dinero incautado comienza en marzo de 2015 cuando Alan García entregó US$ 900,000 a la empresa Inversiones Inmobiliarias Tesla S.A.C. El propio abogado del desaparecido mandatario, Eramos Reyna, confirmó para el medio que esta transacción se efectuó a través de un cheque de gerencia.

Inversiones Inmobiliarias Tesla S.A.C. fue creada con un capital de S/. 200 apenas dos meses antes: en enero de ese mismo año, y, según registros públicos, las socias fundadoras fueron Karina Leuridan Ruiz, de entonces 39 años, y Carolina Menbrillo Soifer, de 28 años.

Consultada por el medio, Leuridan Ruiz negó ser propietaria de la empresa inmobiliaria, conocer o haber recibido dinero del dos veces presidente de la República. “A mí no me ha hecho ningún préstamo, creo que está equivocado”, le indicó al reportero.

Dos años y medio después, el 15 de octubre de 2018, Inversiones Inmobiliarias Tesla S.A.C. le devuelve los US$ 900,000 a Alan García más una rentabilidad de US$ 240,000 producto de una inversión inmobiliaria, así lo confirmó el letrado Erasmo Reyna.

El ciclo de inversiones y préstamos continúa. Ese mismo día, el investigado Alan García invierte de nuevo pero esta vez en otra empresa inmobiliaria: Aurora S.A.C. En esa oportunidad, el exjefe de Estado desembolsa los US$ 840,000 ahora embargados por la Fiscalía de pérdida de dominio.

“De esos US$ 900,000 invertidos, más los US$ 240,000 da un US$ 1 millón 140,000. De esos, US$ 300,000 quedan en sus cuentas y US$ 840,000 son reinvertidos con esta empresa inmobiliaria Aurora SAC, que es la que termina haciendo una inversión en un proyecto inmobiliario”, agregó Reyna.

La empresa proveedora del proyecto inmobiliario ubicado en la calle Francia, en el distrito de Miraflores, fue Inversiones Inmobiliarias Trixter S.A.C. Según la pericia fiscal, esta fue constituida también en 2015 con un capital social de S/. 200.

Y los socios fundadores fueron Daniela Mohamad García, ciudadana venezolana de 31 años, y Rolando Bruno Oblitas, de 46 años. América Noticias no pudo contactar a Mohamad García y, según la familia de Bruno Oblitas, este es chofer de una compañía y no un empresario.

Las tres empresas (Tesla, Aurora y Trixter) son parte de un mismo Holding, es decir de una sociedad financiera que administra un conjunto de empresas, por eso llevan registrada la misma dirección, así lo explicó Rodrigo Barrón Olarte, uno de los accionistas. “Efectivamente, el señor García hizo una inversión en la inmobiliaria Tesla en el año 2015 y fue bancarizada a través del Banco Continental”, agregó Barrón Olarte.

Además del embargo con retención de los US$ 840,000 invertidos, el Poder Judicial rechazó los recursos de apelación presentado por Pilar Nores, viuda de Alan García, referido a la retención de la casa en Miraflores.

Otras investigaciones
El también líder del Partido Aprista Peruano (APRA) se suicidó el 17 abril de 2019 antes de ser detenido por la Fiscalía peruana, quien tenía la orden de apresarlo de manera preliminar por 10 días por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht, escándalo de corrupción que incluye a políticos y empresarios de América Latina y África.

Las investigaciones por este caso se remontan al 2017, cuando el fiscal Hamilton Castro dispuso iniciar una indagación preliminar contra el líder aprista por presunto tráfico de influencias por sobornos de la constructora Odebrecht para adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del metro de Lima, en 2009.

La constructora brasileña indicó a la Fiscalía peruana haber pagado US$8 millones en sobornos para la licitación del metro de Lima. Según la tesis fiscal, Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de García, habría recibido US$ 2 millones y Edwin Luyo Barrientos, exmiembro del comité de licitación, otros US$ 300,000.

En noviembre de ese año, el exCEO de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht confirmó a los fiscales peruanos del equipo Lava Jato que lo entrevistaron en la ciudad de Curitiba, en Brasil, que las iniciales “AG”, escritas en su agenda personal, eran referidas al expresidente García.

Además, en el 2018, el representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló que le entregó US$ 200,000 al ex ministro del Interior del segundo gobierno de Alan García, Luis Alva Castro, para la campaña presidencial de 2006.

Ese mismo año también, IDL- Reporteros publicó documentos que indicaban que los US$ 100,000 que Alan García recibió por una conferencia en Brasil en 2012 salieron de la Caja 2 de la constructora, la encargada de pagar los sobornos de la constructora a empresarios y políticos.

El exmandatario indicó, en su momento, que fue la Federación Internacional de Sao Paulo (FUESP) quien lo contrató para brindar la conferencia ese año. Asimismo, aseguró que todos los contratos, honorarios e impuestos pagados estaban publicados y fueron investigados por el Congreso y la Fiscalía.

Sin embargo, Marco Queiroz Grillo, generador de fondos de la Caja 2 de Odebrecht, señaló al procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, que ese pago habría sido “ficticio”. Entonces, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para Alan García y este pidió infructuosamente asilo político en la Embajada de Uruguay.

En el 2019, la Fiscalía descubrió, según los datos del Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2) de Odebrecht, que Luis Nava Guibert, ex secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, recibió más de US$ 4 millones de Odebrecht.

Y que, de ese monto, US$1millón 300,000 fueron trasferidos a la offshore Ammarin Investment Inc., propiedad del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera como pagos para la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.

En abril del 2019, y después del suicidio del expresidente, el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó los pagos de sobornos durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, a través de diversos intermediarios.

Y, en octubre de ese año, Luis Nava brindó detalles sobre los pagos que Barata otorgó al propio García así como la compra de inmuebles con dinero de fuente ilícita: un terreno en Las Casuarinas, un embarcadero en el Club La Marina y una casa en la playa Los Cocos, todos estos no registrados en las declaraciones juradas del exjefe de Estado.

Primer Gobierno
Estas indagaciones están relacionadas al segundo gobierno de García. Sin embargo, las investigaciones contra el dos veces presidente de la República datan de mucho antes. Tan solo, en lo referente a corrupción, García fue investigado al concluir su primer gobierno (1985-1990) por presuntamente haber recibido sobornos de parte del Consorcio Tralima, ganador de la licitación del proyecto del tren eléctrico.

Sergio Siragusa, representante en el Perú del Consorcio Tralima, confesó, en 1993, a la Fiscalía y al Congreso de la República que le pagó a Alan García US$ 200,000 en efectivo y US$ 840,000 en depósitos a cuentas extranjeras como comisión por la adjudicación del proyecto de transporte.

Las investigaciones posteriores descubrieron que los depósitos ingresaron a Barcklay’s Bank, en las islas caribeñas Gran Caimán, utilizadas como paraísos fiscales para evadir impuestos.

En ese entonces, el líder aprista estaba exiliado en Colombia luego del autogolpe del presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Es en 2001, que se acoge a la prescripción de los presuntos delitos y retorna al país libre de procesos judiciales.

Además, durante el tiempo de exilio, un reportaje periodístico descubrió que para 1994 el expresidente García vivía en un departamento en Francia valorado en al menos US$ 1.5 millones y había matriculado a sus hijos en uno de los colegios católicos más caros del país. Era evidente la incongruencia entre el sueldo de expresidente que le correspondía, S/. 10,000, con los gastos que esa clase de vida exigía.

Alan García sostuvo, entonces, que la fuente de sus ingresos correspondía a las utilidades que recibía de la empresa Garydel y que tenía una hipoteca de US$ 2,000 para concluir el pago del departamento de París hasta el 2013.

De acuerdo a documentos oficiales, la mencionada empresa estaba quebrada, por lo que la entonces fiscal de la Nación, Nelly Calderón, inició un proceso por cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito contra el exmandatario. Empero, los presuntos delitos también prescribieron.

El expresidente Alan García siempre se proclamó inocente; sin embargo, quedan pendientes a investigar diversos casos en torno a su figura: desde la ventas de los aviones Mirage, contratos pesqueros y petroleros de su primer Gobierno hasta los ‘narcoindultos’ o la adquisición de diversas propiedades en la playa y en la ciudad que ahora son seguidas por la Fiscalía.