El excontralor de la República es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró procedentes las denuncias constitucionales contra el excontralor de la República y ahora legislador de Unión por el Perú (UPP), Edgar Alarcón.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó, a través de dos informes, ambas acusaciones por presuntas irregularidades durante la gestión de Alarcón en la Contraloría General de la República, entre junio de 2016 y julio de 2017.
El informe 371, referente a enriquecimiento ilícito, tuvo 8 votos a favor y 3 abstenciones. Mientras que, el informe 372, por peculado doloso, contó con 9 votos a favor y 4 abstenciones.
Los parlamentarios que se abstuvieron al voto fueron Martha Chávez (Fuerza Popular), Carlos Mesías (Fuerza Popular), José Vega (Unión por el Perú) y María Cristina Gallardo (Podemos Perú).
De acuerdo al reglamento, luego de aprobadas las denuncias constitucionales en la Subcomisión de Acusaciones, estas serán revisadas por la Comisión Permanente del Congreso para determinar el plazo de investigación sobre el cual trabajará la subcomisión antes de emitir un informe final sobre el caso.
Denuncias
El Ministerio Público le imputa a Edgar Alarcón un desbalance patrimonial de S/. 201,377.24 durante su gestión en la Contraloría General de la República. Y, de acuerdo a la Fiscalía, este requerimiento amerita la inhabilitación política del congresista y una pena privativa de la libertad de entre 10 y 15 años.
Por otro lado, la denuncia por peculado doloso está relacionada a una serie de pagos por servicios simulados durante su condición de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría especializada, vice controlar y contralor general de la República.
Los montos, según la indagación fiscal, salieron de la “caja chica central” de la institución por un importe de S/. 32,417.39. Asimismo, se emitieron comprobantes de pagos por un total de S/. 458,469.56.
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