Uno de los slogans de la última campaña parlamentaria fue la de agilizar la lucha frontal contra la corrupción en una evidente gestión de corto aliento, ¿cómo está entonces el camino por sedimentar ese anhelado horizonte?
Con al menos cien denuncias constitucionales contra exfuncionarios públicos, entre presidentes de la República, excongresistas, exministros de Estado, fiscales y jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional y el Contralor de la República, inició su trabajo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo legislativo 2020-2021.
Hasta el momento, se han sumado nuevas denuncias de índole constitucional hacia nuevos personajes y otros ya investigados. El presidente de esa subcomisión, Luis Roel Alva (Acción Popular), indicó en junio que priorizaría las denuncias constitucionales contra legisladores que se encuentran actualmente en ejercicio, y las acusaciones que provienen del Ministerio Público.
Sin embargo, hasta el momento, diversos parlamentarios con más de una denuncia constitucional continúan en el ejercicio de sus funciones sin ningún impedimento. ¿Cómo se está desarrollando entonces los procesos de revisión de estas denuncias?
Denuncias procedentes
El trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales consiste en calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales y realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional.
A la fecha, calificó como procedente la denuncia contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez por la infracción de tres artículos de la Constitución en presunta obstrucción a la labor del Equipo Especial Lava Jato.
Además, las presentadas contra los exlegisladores Héctor Becerril, por su presunto nexo con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”; Jorge Castro; y Roberto Vieira. Por lo que, deberá presentar ya en estos días un informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República.
Por otra parte, declaró improcedente varias denuncias presentadas contra jueces supremos por delitos de función, como el caso de José Luis Lecaros, César San Martín, Hugo Nuñez Julca, José Luis Salas, Elvia Barrios, Aldo Figueroa, Hugo Príncipe, entre otros.
Sin embargo, quedan muchas denuncias a revisar e investigaciones que el Congreso de la República debe iniciar contra diversos funcionarios públicos y congresistas cuestionados.
Aún sin evaluar
Una de ellas son las investigaciones contra el congresista de Unión por el Perú y presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, que ya fueron materializadas en tres denuncias constitucionales que están a la espera de su revisión en la Subcomisión.
Las dos primeras denuncias constitucionales fueron presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por peculado doloso y enriquecimiento ilícito. La última denuncia también presentada por la fiscal Ávalos fue por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Todas las acusaciones están enfocadas en las presuntas irregularidades ocurridas cuando Alarcón era Contralor General de la República.
En esa línea, el propio Alarcón solicitó en julio, a través de la mesa de partes del Parlamento, se le levante la inmunidad parlamentaria para poder “someterse a las investigaciones”. Asimismo, afirmó que conversaría con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel Alva, para que vean su caso con prontitud.
“Uno de los casos es sobre los recibos supuestamente fantasmas que no encontraron informes en la Contraloría y el otro acerca de un enriquecimiento por S/. 220,000; en este caso, creo que la fiscal no consideró mi saldo en bancos cuando ingrese a ser contralor, pero ese tema lo voy a aclarar”, aseguró.
Sin embargo, aún se ha revisado el caso de Alarcón y este continúa presidiendo la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. La bancada de Unión por el Perú tampoco inició un proceso ético y Alarcón aseguró que cuenta “con el respaldo por unanimidad” del partido político para continuar como presidente de dicha Comisión.
Graves acusaciones
Por otro lado, aunque todavía no existe una denuncia constitucional en su contra, el congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga, quedó seriamente cuestionado debido a un reportaje emitido por Cuarto Poder, el pasado 30 de agosto.
El dominical reveló que un aspirante a colaborador eficaz informó a la fiscal Rocío Sánchez Saavedra, quien investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que el congresista Aliaga se reunió con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, hoy en prisión preventiva por el mencionado caso, para solicitarle apoyo para su tío, Eduardo Aliaga, denunciado en 2018 por violencia familiar.
El aspirante a colaborador eficaz señaló que, tras escuchar el pedido de Aliaga, Ríos ordenó a su asesor Gianfranco Paredes ver la manera de apoyar al tío a través de un servidor judicial. En consecuencia, no se emitieron medidas cautelaras contra Eduardo Aliaga y el caso fue archivado.
Además, el padre del congresista, el empresario Eduardo Aliaga Manassevitz, y el asesor de Ríos, Gianfranco Paredes, también participaron en esa reunión y consolidaron un vínculo que se manifestó en posteriores llamadas para intercambiar distintos favores.
Por su parte, el congresista Aliaga dijo conocer a Gianfranco Paredes pero negó haberse reunido con él o con Walter Ríos para pedir algún tipo de apoyo. Sin embargo, en los audios expuestos por el programa periodístico, se escucha a Paredes mencionar que el parlamentario se reunió con ellos en un desayuno.
A raíz de este reportaje, el parlamentario renunció a la secretaría de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya que precisamente en dicha subcomisión se revisan los casos vinculados a Los Cuellos Blancos. En su lugar, fue elegido el congresista Mariano Yupanqui también de Somos Perú.
Por su parte, el Comité Nacional de Ética del partido político Somos Perú comunicó que actuará de oficio para empezar una indagación sobre los hechos dados a conocer. “Desde Somos Perú seremos respetuosos del derecho a la defensa y la presunción de la inocencia, y esperamos que el tema sea esclarecido lo antes posible”, indicó el documento publicado el 30 de agosto de este año.
Sin embargo, el congresista Rennán Espinoza renunció el 2 setiembre a la agrupación política debido a que la Comisión de Ética de su partido le comunicó que iban a revisar el caso de Aliaga recién en 30 días. “Estás hablando de una reunión para pedir tráfico de influencias para juicios con Walter Ríos. El tema no es sencillo, es muy grave”, indicó Espinoza el 7 de setiembre en una entrevista para TVPerú.
Ante los indicios publicados por Cuarto Poder, y de acuerdo al reglamento del Congreso, el Poder Legislativo debe convocar una Comisión de Investigación para revisar el caso del congresista Guillermo Aliaga, valorando siempre la presunción de inocencia. También, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá considerar si existen elementos que ameriten a trámite acusar al parlamentario ante el Pleno, indicó el constitucionalista Omar Cairo.
Aliaga, por su parte, continúa como vicepresidente del Congreso de la República. De revisarse todas las denuncias constitucionales y, en el supuesto de ser admitidas, la Comisión Permanente del Congreso de la República deberá ratificar los informes enviados para que luego la misma Subcomisión pueda continuar con las investigaciones respectivas.
Otro parlamentario que, pese a contar con una sentencia firme en su contra, sigue en el Parlamento y hasta votó a favor de la moción de vacancia por incapacidad moral del presidente Vizcarra, es Humberto Acuña, del partido Alianza Para el Progreso (APP) y presidente de la Comisión de Presupuesto.
Acuña, fue condenado el pasado 1 de setiembre, por el delito de cohecho activo. La Tercera Sala de Apelaciones de Lambayeque, que dictó la sentencia también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Sin embargo, este sigue presidiendo la citada Comisión y su partido (que incluso ha acusado al mandatario de dirigir una organización criminal) no lo ha separado de la bancada, ni emitido ningún pronunciamiento o anunciado un proceso en su contra.
No son los únicos casos que duermen el sueño de los justos en el Congreso. Existen otras denuncias constitucionales encarpetadas en el Parlamento, no solo contra los actuales legisladores, también contra los parlamentario disueltos, como Javier Velásquez (APRA), Marvin Palma (Fuerza Popular), entre otros.
“Qué tal si antes de ver la vacancia se votan las denuncias constitucionales a congresistas, se desafora a sentenciados y se inhiben los vinculados a Cuellos Blancos. Digo, para que haya coherencia en la lucha contra la corrupción”, mencionó hace unos días el excongresista Sergio Tejada.
Si al Congreso realmente le interesa la lucha anticorrupción podría empezar por casa, con la misma velocidad con que lo hace con otras autoridades.
