El destacado constitucionalista conversó con Pica News sobre los alcances del rechazo por parte del TC de la medida cautelar interpuesta por el Ejecutivo
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la medida cautelar presentada por el Ejecutivo para suspender el proceso de vacancia presidencial planteado por el Congreso de la República; por lo que el jefe de Estado, Martín Vizcarra o, en su defecto, Roberto Pereira deberá asistir al Pleno para exponer sus descargos.
La ponente de la causa y presidente del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, indicó que la decisión de rechazar la medida cautelar se sostiene en que no existe la urgencia de una situación de “inminente vacancia” debido a que diversos voceros de las bancadas parlamentarias ya han expresado su disconformidad con ella.
“Estos procesos de medidas cautelares se dan teniendo una urgencia y de inminente realización (de la acción) que pueda generar una situación de irreparabilidad. El Pleno (del TC) tomó como indicador la opinión de los líderes políticos que tienen representación en las bancadas y de voceros parlamentarios que señalaron que tampoco apoyarán la vacancia”, dijo Ledesma.
Pica News entrevistó al constitucionalista Samuel Abad, quien consideró que es preocupante la decisión adoptada por el Tribunal ya que el argumento emitido “no tiene mucho sentido y no es racional”.
“Es un argumento que se refiere a los eventuales votos de los magistrados cuando ese no es el tema central, el tema central es que mañana existen fundados indicios que puede llevarse a cabo una vacancia y no afectaba en nada suspender (el proceso de vacancia) hasta que dicte sentencia el Tribunal Constitucional. Sin embargo, TC ha optado por esta decisión y hay que respetarla”, afirmó Abad en una entrevista para Picanews.
Ahora, el Presidente Vizcarra, en compañía de su abogado Roberto Pereira, deberá asistir al Congreso para responder a la moción de vacancia por incapacidad moral presentada por la difusión de audios donde se le escucha coordinar con sus asesores las declaraciones sobre el caso ‘Richard Swing’. Si el mandatario decide no asistir, su representante legal deberá esbozar los argumentos legales que defiendan la investidura presidencial.
“Lamentablemente, en el Congreso los argumentos no son jurídicos, sino políticos. Va a ser una defensa que va chocar no con razones sino con argumentos de otra naturaleza. Lo importante, es que el Congreso evalúe lo grave para la estabilidad del país que sería vacar a un Presidente. Y que, por lo tanto, ese pedido sea rechazado al no obtener los votos correspondientes”, indicó el constitucionalista.
En esa línea, agregó que si mañana no se obtienen los votos suficientes para vacar al jefe de Estado, la sentencia que emita el Tribunal “podría no tener mucho sentido porque el pedido de vacancia ya concluyó”. “Sería importante que el TC se pronuncie pero sería un pronunciamiento como si fuera un artículo académico. Ya no tendría implicancias, pero serviría para aclarar la situación a futuro”, aseguró Abad.
Sin embargo, si mañana procede una vacancia contra el mandatario, este dejaría el cargo al día siguiente, y asumiría interinamente el presidente del Congreso, Manuel Merino, hasta que sea sucedido por el próximo mandatario en julio del próximo año. Mientras tanto, el TC continuaría con el procedimiento.
“¿Qué podría hacer el Tribunal? Por un lado, determinar si el Congreso tuvo o no competencias y, si declara fundada la demanda (competencial), llegaría a la conclusión que no tuvo competencia, sino tuvo un exceso. En segundo lugar tendría que declarar la nulidad de los actos del Congreso, que estuvieron viciados de incompetencia”, señaló Abad.
Para el constitucionalista, un punto sustancial a analizar sería, en el supuesto de vacancia, que el TC se pronunciase sobre “si esos actos también los anula o si más bien decide que esta decisión no tenga efectos retroactivos sino más bien efectos hacia adelante”.
“De ser así todo se mantendría hasta que sea reemplazado (Manuel Merino) por el nuevo presidente, con la diferencia que habría ya un pronunciamiento en el sentido que el Congreso actuó mal”, declaró Abad.
Por el contrario, de declararse infundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo, no habría ningún pronunciamiento favorable del demandante.
Por último, el constitucionalista afirmó que el TC no tiene por costumbre actuar rápido y que, incluso, hay casos en los que demora entre uno o cuatro años en resolver. “En este momento ha habido un pronunciamiento rapidísimo producto de la trascendencia y urgencia del caso, pero lo raro es que el Tribunal resuelva rápido, lo normal es que resuelva en bastantes meses y años”, reiteró Abad.
“Podría ocurrir que si ya vacaron al Presidente, (el TC) no le dé la relevancia al caso y espere hasta el próximo año para dictar sentencia. Y esa sentencia aclare el panorama futuro, pero ya no tendría efectos para el señor Vizcarra”, concluyó.
