La norma quebranta el principio de la no iniciativa de gasto del Congreso, sostiene la demanda
El Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley que regula los ascensos automáticos para el personal de salud. La Ley 31039 fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 24 de agosto y, de acuerdo al documento publicado, esta contraviene nueve disposiciones de la Constitución Política del Perú.
El pedido fue presentado por el procurador Luis Huerta Guerrero, en representación del Poder Ejecutivo, y la solicitud indica que esta norma generará un impacto económico, pues para que pueda efectuarse el ascenso automático de los profesionales de la salud, “el costo ascenderá a S/. 216, 902,739”.
“Para el nombramiento automático, se ha estimado un costo total de S/1.154.301.122,77 (…) para la entrega de la bonificación por puesto de salud pública, el costo asciende a S/197.802.000″, apunta el documento.
En ese sentido, la misiva menciona que la ley aprobada por el parlamento afecta el principio de separación de poderes, desde la perspectiva de la cooperación entre órganos constitucionales, por haber sido emitida al margen de la interacción entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir norma que tienen impacto en la economía.
De igual forma, sostiene que esta ley quebranta las normas relacionadas a la intangibilidad de los recursos económicos de EsSalud.
El Tribunal Constitucional deberá nombrar a un ponente para exponer este pedido. Por otro lado, también tendrá que notificar a la parte demandada, es decir al Congreso, y este podrá responder en un plazo de 30 días hábiles.
Luego se convocará a la vista de la causa para que ambas partes expongan sus argumentos. Finalmente, el colegiado definirá la fecha para debatir y votar.
Hasta el momento, esta es la segunda ley aprobada por el Congreso de la República que el Ejecutivo demanda inconstitucional ante el TC. La primera fue la ley que suspende el cobro de peaje a nivel nacional durante el Estado de Emergencia, donde el Tribunal Constitucional la declaró impugnada.
