La entidad sostuvo que, a pesar de los nobles propósitos, esta ley afecta a aquellos a quienes busca proteger y, además, pone en riesgo reformas integrales al Sistema Nacional de Pensiones
La Defensoría del Pueblo envió un comunicado afirmando que el proyecto de retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), aprobado por el Congreso de la República, afectaría el derecho a una pensión de los aportantes.
En el documento publicado hoy, el organismo autónomo mencionó que existe un gran número de personas que, a pesar de haber contribuido durante años al Sistema Nacional de Pensiones y tener más de 65 años, no puede acceder a una pensión de jubilación por no haber cumplido el requisito de los 20 años de aportes, lo que configura un “serio problema” y una “situación que es claramente injusta”.
“Si bien este proyecto persigue resolver, a corto plazo, esta situación, es evidente que los efectos serán contraproducentes para millones de peruanos y peruanas”, sostuvo la entidad pública.
De igual forma, remarcó que el sistema de pensiones presenta desafíos estructurales al operar con déficit financiero. Por lo que, en los últimos cinco años, ha recibido transferencias del Estado por S/. 1,800 anuales para cumplir con el pago mensual a los afiliados.
La entidad consideró que es “vital no poner en riesgo” la iniciativa impulsada por la Comisión Especial Multipartidaria del Parlamento que, junto a otros actores políticos y de la sociedad civil, trabajan por construir un Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano.
“Para la Defensoría del Pueblo, es indispensable someter a un amplio y participativo debate el rediseño del sistema actual para garantizar que más personas cuenten con pensiones durante su vejez. Por ello, considera que no debe aprobarse una propuesta que desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los y las pensionistas”, argumentó en el comunicado.
En otro momento, indicó que el proyecto aprobado es “abiertamente inconstitucional” ya que incumple los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú, al vulnerar el deber del Estado de “garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión”.
“Según estas normas, la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social constituyen una garantía institucional para proteger este derecho y permitir que las personas adultas mayores cuenten con una fuente de ingresos segura durante la vejez. Aunado a ello, la iniciativa desconoce la esencia del concepto de pensión contributiva, que deriva de un fondo común, solidario y colectivo”, afirmó la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, señaló que el retiro masivo de fondos es una “amenaza a la dimensión social del principio constitucional de equilibrio financiero”, y que, precisamente, este equilibrio debe preservarse porque de él depende la materialización de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“La norma, del mismo modo, desconoce que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que deben respetar el principio de legalidad presupuestal reconocidos en los artículos 78 y 79 de la Constitución”, agregó la institución.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo mencionó que, en tiempos de pandemia por la COVID-19, cientos de personas necesitan del apoyo del Estado para subsistir; sin embargo, las normas que se adopten para ayudar a los ciudadanos deben respetar el marco constitucional.
“Las soluciones planteadas a los problemas del Sistema Nacional de Pensiones, lejos de ser coyunturales, deben ser el resultado de un debate responsable que evalúe una reforma integral con mayores niveles de solidaridad, una fuente de financiamiento sostenible y el acceso a pensiones justas a mediano y largo plazo”, concluyó.
