Poder Judicial ordenó detención preliminar contra organizadores de la fiesta clandestina que terminó en tragedia, pero, ¿qué responsabilidad les alcanzaría? Pica News entrevistó a reconocidos penalistas que lo explican
El 2° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Los Olivos dictó mandato de detención preliminar contra Yudith Yolanda Ortega Godoy, quien alquilaba el local donde funcionaba la discoteca Thomas Resto Bar, donde el pasado sábado murieron 13 personas durante una intervención policial.
Junto a Ortega Godoy se detuvo al cantante Job Jonatan Luque Ayala, sindicado como uno de los encargados de la organización de las fiestas en dicho local. A ambos se les imputa el presunto delito de homicidio simple.
Pica News consultó con los penalistas Luis Lamas Puccio y Jorge Paredes respecto a las responsabilidades de cada uno de los actores en esta tragedia que enlutó a 13 familias. Para Lamas Puccio, desde el momento en que fallecieron 13 personas se hace evidente que alguien tiene que responder por esas vidas.
“Si bien no fue un hecho intencionado, sí está configurado como homicidio culposo, por lo que la Fiscalía debe realizar una investigación para ver cuáles son los márgenes de responsabilidad, que podría corresponder a los propietarios del local, a los que lo alquilaron, a los funcionarios de la Municipalidad que permitieron que eso sucediera, a las personas que asistieron a la fiesta y se vieron involucrados en estos hechos y, eventualmente, a la Policía, para determinar si efectivamente cumplió o no con las facultades que establece la ley”, señaló a Pica News.
Según el penalista, para establecer las penas que podría aplicarse a cada uno de los actores, primero se debe determinar su grado de responsabilidad en los hechos ocurridos.
“En el caso del propietario (Leandro Montoya Callirgor), habrá que ver si había un contrato de por medio, si ese contrato permitía o si él tenía conocimiento que funcionara como discoteca; porque quien alquila un local que tiene uso público no puede ignorar el fin que le están dando, eso no es creíble”, indicó.
Por su parte, el penalista Jorge Pérez coincidió con Lamas Puccio en que se debía investigar los términos del contrato entre Montoya y Yudith Ortega, ya que el primero es el dueño del local, pero no el administrador del negocio.
“Habría que ver lo estipulado en su contrato, para qué fin alquilaron su local, si él sabía que seguían haciendo actividades durante la pandemia, ya que no se le puede imputar una responsabilidad solo por ser propietario del local. Se debe determinar si participó o consintió el negocio, si es así sí le alcanza la misma responsabilidad que al administrador”, apuntó.
Para paredes, tanto a Ortega Godoy (quien alquilaba el local) como Noemí Ruth Bautista Ayala, quien administraba Thomas Resto Bar se les imputaría el delito de homicidio, por dolo eventual. Esto es, que ellos conocían que el local no contaba con las medidas de seguridad correspondientes.
“Una actividad empresarial, como un restaurante o discoteca, tiene que cumplir con ciertas normas respecto a la seguridad de las personas. Todo parece indicar que este local no las cumplía; la escalera no tenía más de un metro de ancho, con una puerta que se abre hacia dentro cuando las reglas dicen que tienen que ser hacia fuera, es más no tenía ni puerta de emergencia”, refirió.
Los asistentes al evento
En cuanto a los asistentes a esta fiesta clandestina, en plena emergencia sanitaria y con un decreto que prohibía reuniones sociales, ambos penalistas coincidieron en señalar que si bien les corresponde una multa, para imputarles un acto doloso primero se tendría que determinar que estos no solo estuvieran contagiados por el nuevo coronavirus, también que eran consientes de esto y esparcían el virus a sabiendas.
“Los asistentes a la discoteca, en principio, tendrán una responsabilidad de carácter pecuniario administrativo de acuerdo a las normas que prohíben las reuniones sociales, pero eso no tiene connotaciones penales. El haber dado positivo a la prueba del COVID-19 no tiene nada que ver con la aplicación de una pena, posiblemente muchos eran asintomáticos y no sabían que tenían el virus”, aseguró Lamas Puccio.
Afirmación en la que estuvo de acuerdo Paredes, quien sostuvo que a las personas que participaron de la ilegal reunión les corresponde una multa, pero, para que puedan ser investigados, procesados y hasta condenados por el delito de propagación de enfermedades, se tiene que probar que estos tenían conocimiento de ser portadores de la enfermedad.
“Todo el mundo está hablando que por tener coronavirus ya están propagando la enfermedad, pero ellos pueden no conocer que tienen COVID-19, por lo que no podría aplicárseles la sanción penal. Otra cosa es tener el diagnóstico, saber que soy positivo y, por ejemplo, salir a la calle sin mascarilla y propagar el virus”, sentenció.
El papel de las autoridades
En cuanto a la actuación de la Policía Nacional, Paredes indicó que se debe realizar una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos en la intervención policial, ya que esta podría haber contribuido a incrementar el riesgo de los asistentes a la discoteca.
“Tiene que haber una investigación, porque ahí se está cuestionando el plan operativo, la forma de intervención. No sé si les alcance una responsabilidad penal por haber contribuido a incrementar el riesgo o una sanción disciplinaria de su entidad, porque ellos debían tener un plan de operaciones autorizados por un superior e intervenir, y darse cuenta que había una sola puerta de escape”, añadió.
Mientras que Lamas Puccio, cuestionó que durante la intervención del pasado sábado no haya participado un fiscal. “¿Por qué no ha estado presente un fiscal? Eso llama poderosamente la atención. Para montar un operativo policial, de acuerdo a las normas vigentes, se tiene que diseñar un plan de acción para evitar cualquier arbitrariedad. Siempre se necesita la presencia de un fiscal, que es el que le va a dar el viso de legalidad a la intervención policial”, declaró a Pica News.
En cuanto a las declaraciones del alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, Felipe Castillo, respecto a que su única responsabilidad es “sentimental”, el penalista apuntó que “todos tienen derecho a decir lo que quieran, pero ese es un tema aparte de la investigación, eso tendrá que indagarse y si van a juicio ahí tendrán que defenderse”.
Por su parte, Jorge Paredes señaló que la responsabilidad del municipio recae en la falta de supervisión, lo que implicaría una falta de control, tanto para autorizar la apertura del establecimiento como en la supervisión para que el local no funcione sin un mínimo de seguridad.
“Primero hay que ver si tenía licencia municipal, segundo si ha pasado las inspecciones; sería muy raro que un local así pase las inspecciones, no parece tener ni extintores. Tengo la impresión que este local reúne todas las violaciones de la municipalidad y eso debió advertirlo el funcionario, y esa responsabilidad puede llegar hasta el alcalde”, sentenció. Ahora, solo queda esperar a que avancen las investigaciones para que las autoridades determinen la responsabilidad de cada uno de los autores en una tragedia que nunca debió suceder.
