Moción busca que el Legislativo “se forme una opinión científica, independiente e informada sobre este asunto de interés público”
Seis congresistas de la República plantearon crear una Comisión Especial que, por 60 días, se aboque a investigar los “posibles efectos positivos o negativos” del dióxido de cloro en seres vivos, así como la “factibilidad y viabilidad” de futuras investigaciones al respecto en el Perú.
La moción, cuya autoría pertenece al parlamentario José Vega (UPP), señala que se citará a representantes del sector salud y a expertos en la materia, entre ellos científicos, médicos, investigadores universitarios y organismos nacionales e internacionales. Todo esto, con el fin que los legisladores puedan formarse “una opinión científica, independiente e informada sobre este asunto de interés público”.
Además, el documento sostiene que esta Comisión “emitirá un informe final que será expuesto ante la Comisión de Salud del Congreso de la República, publicado en su potar web y remitido formalmente al Poder Ejecutivo”. No solo eso, este informe también comprenderá “recomendaciones” respecto al “uso de dióxido de cloro en el tratamiento del COVID-19”.
En sus considerandos, Vega argumenta que si bien el dióxido de cloro no es respaldado como tratamiento para el nuevo coronavirus por organismos internacionales -como la OMS y FDA- ni organismos nacionales -como DIGEMID-, este se ha “difundido” de
“manera informal como un tratamiento barato y efectivo contra dicha enfermedad”.
“Es así que encontramos, por diferentes medios, testimonios de pacientes restablecidos e, incluso, recomendaciones de médicos particulares a favor de su uso y basados en sus propias observaciones”, señala el documento.
Tanto Vega, como los otros cinco congresistas que respaldan la moción, no parecen tener problemas con el hecho que el dióxido de cloro no sea considerado un medicamento, sino un blanqueador de uso industrial; ni con que haya casos comprobados de personas con serios problemas médicos luego de consumir esta sustancia.
Es más, aseguran que se debe regular el consumo de esta sustancia ya que “se prepara en hogares peruanos” o se vende y dona a amigos y familiares, lo que “genera adulteración, mercado ilegal, automedicación en dosis elevadas y manejo inapropiado de insumo”.
Es decir, en vez de proponer una medida que impida que el dióxido de cloro, no recomendado para uso humano, sea comercializado por inescrupulosos, buscan que se reglamente su uso.
Es más, comparan a este producto industrial con las “bolsitas salvadoras” que se repartieron durante la pandemia del cólera que azotó el Perú entre los años 1991 y 1992.
“Las capacidades nacionales y las soluciones independientes de la OMS (debidamente probadas y analizadas) han tenido y deben tener un lugar importante en nuestra estrategia sanitaria para enfrentar el COVID-19”, refiere la moción.
Para estos parlamentarios, su “función constitucional de control político” incluye exigir al Poder Ejecutivo adoptar todas las medidas necesarias para analizar la pertinencia de la utilización del dióxido de cloro, “sin subordinaciones ciegas a organismos internacionales”.
Cabe resaltar que, en todos los años que se ha intentado comercializar este producto industrial como la “cura” a diversas enfermedades (como el sida, cáncer, diabetes, etc.), sus promotores nunca han mostrado un estudio científico que pruebe sus dichos. Al contrario, solo existen casos documentados de personas con problemas de arritmia, anemia, vómitos y diarrea severa, entre otros, luego de consumir este blanqueador.
Es más, la semana anterior se detectó que el 30% de pacientes con problemas graves de insuficiencia respiratoria hospitalizados en el Honorio Delgado habían consumido dióxido de cloro y que, justamente, por tener la idea de “estar curándose”, no habían acudido a un centro de salud.
Por eso, es tan peligroso que un poder del Estado valide o respalde el uso de un producto industrial cuya eficacia no ha sido comprobada, en medio de una pandemia.
